La reforma pensional en Colombia vuelve al centro del debate público, esta vez marcada por la expectativa frente a la decisión de la Corte Constitucional de Colombia. Desde el Ministerio de Trabajo, el mensaje es claro: se espera que el alto tribunal dé vía libre a la Ley 2381 de 2024, una norma que busca transformar el sistema de protección a la vejez en el país.
El llamado se dio en el marco del conversatorio “Mapa de la protección a la vejez”, realizado durante la Semana de la Seguridad Social 2026. En este espacio participaron representantes del Gobierno, gremios y organismos internacionales, quienes coincidieron en la necesidad de que se resuelva la incertidumbre jurídica que rodea a la reforma.
Gobierno y expertos piden a la Corte Constitucional definir el futuro de la reforma pensional
Uno de los puntos más sensibles es la situación actual de la ley, que aunque fue aprobada, permanece suspendida parcialmente, generando dudas tanto en los ciudadanos como en las entidades del sistema. Para el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo, esta ambivalencia resulta problemática.
Según explicó, la coexistencia de una norma vigente pero con efectos limitados ha generado confusión en quienes esperan claridad sobre su futuro pensional. A su juicio, el país necesita una definición pronta que permita dar seguridad jurídica y evitar interpretaciones contradictorias.
En la misma línea, desde Colpensiones se reiteró la urgencia de una decisión definitiva. El vicepresidente de operaciones del régimen público, Juan Carlos Hernández, señaló que la reforma responde a una necesidad histórica y que su implementación ha estado pendiente durante décadas.
De acuerdo con su postura, la suspensión ha tenido efectos que van más allá de lo jurídico, impactando aspectos sociales, económicos y operativos. Incluso, explicó que esta situación llevó a la expedición de medidas transitorias por parte del Gobierno para manejar los recursos del sistema, lo que ha generado nuevas discusiones sobre su funcionamiento.
El debate también incluye a los fondos privados. Desde Asofondos, su presidente Andrés Velasco hizo un llamado directo a la Corte para que emita un fallo en el menor tiempo posible. Según indicó, la incertidumbre actual tiene costos para todo el sistema y afecta la toma de decisiones de millones de afiliados.
A nivel internacional, la preocupación también se ha hecho sentir. El director del centro regional de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gustavo Rivero, advirtió que la demora en la decisión ha generado inquietudes entre colombianos en el exterior. Esto, debido a las implicaciones que la reforma podría tener sobre convenios internacionales de seguridad social.
Pese a las diferencias entre sectores, hay coincidencias en algunos puntos clave, como la necesidad de modernizar el sistema y adaptarlo a los cambios demográficos. El modelo de pilares que propone la reforma ha sido uno de los elementos destacados en la discusión, aunque su implementación depende directamente del aval constitucional.
Por ahora, la decisión está en manos de la Corte. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que una definición permitirá avanzar hacia un sistema más claro y sostenible, en un tema que resulta crucial para el futuro de millones de trabajadores en Colombia.
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