MinJusticia presentó protocolo para regular el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos

Este protocolo obedece una directriz de la Corte Constitucional y destaca la importancia de tratar a los consumidores con garantías civiles y estrategias disuasivas, diferenciando entre la dosis mínima y el delito de porte y tráfico de estupefacientes.

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El Ministerio de Justicia encabezado por Néstor Osuna presentó el pasado miércoles 10 de enero, el protocolo que permite a las autoridades locales regularizar el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos.

Este protocolo dirigido a las alcaldías y municipios dictamina que la intervención estatal debe centrarse exclusivamente en aquellos individuos que se dediquen al tráfico de sustancias, constituyendo un sector económico vinculado a actividades criminales.

Se destaca la importancia de tratar a los consumidores de drogas con plenas garantías civiles y estrategias disuasivas, diferenciando claramente entre la posesión de dosis mínima y el delito de porte y tráfico de estupefacientes.

¿Qué dice el protocolo? 

Este protocolo que funciona como una guía, detalla el enfoque a seguir en la labor policial y la implementación de normativas, considerando factores como el horario, el método y las circunstancias. La prioridad recae en la aplicación de medidas preventivas o educativas frente a los consumidores.

Este protocolo se estableció en cumplimiento de las directrices de la Corte Constitucional en la sentencia C127 del 2023 y las sugerencias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante su 54° periodo de sesiones. Estas recomendaciones fueron presentadas en el informe «Desafíos en materia de derechos humanos al abordar y contrarrestar todos los aspectos del problema mundial de las drogas».

El Ministro de Justicia explicó que este protocolo prohíbe «penalizar y perseguir el consumo de drogas», y aunque no es vinculante busca que los alcaldes «resuelvan la tensión entre una normativa que permite el consumo de drogas y la posibilidad de restringir este consumo en el espacio público para proteger derechos de niños, niñas, adolescentes o entornos culturales e históricos».

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