Después de casi un año de debates legales sobre la no deducibilidad de las regalías, la Corte Constitucional ha declarado como inconstitucional el primer párrafo del artículo 19 de la Ley 2277 de 2023, que prohibía la deducción de las regalías mineras del impuesto sobre la renta.
Este fallo se basa en la premisa de que la norma no reconoce adecuadamente el concepto de regalías y vulnera varios principios constitucionales que rigen el sistema tributario.
Según la Asociación Colombiana de Minería, esta decisión representa un hito fundamental para la continuidad del sector minero colombiano, ya que elimina una restricción considerada inequitativa y que afectaba la capacidad contributiva de una industria que, incluso antes de la reforma, ya tenía la mayor Tasa Efectiva de Tributación en el país.
De esta manera, la Corte Constitucional protege principios constitucionales clave, como la primacía del interés general, la igualdad, la justicia y la equidad.
Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, afirmó que «Además de los argumentos jurídicos, el artículo impugnado no estaba alineado con las prácticas internacionales en estas materias. Con esta decisión, Colombia ya no será el único país en el mundo donde no se pueden deducir las regalías».
«Con esta decisión, Colombia, las regiones y sus comunidades salen ganando. Este resultado impulsa la competitividad al asegurar la seguridad jurídica de una industria que beneficia y genera oportunidades de progreso y desarrollo para más de 50 millones de colombianos», agregó el presidente del gremio.
Rechazar la no deducibilidad de las regalías representa desarrollo para el país
El sector minero colombiano ha demostrado compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar social del país, generando más de 160 mil empleos directos y 750 mil empleos indirectos, según la ACM.
Solo en 2022, realizó una inversión ambiental significativa, alcanzando los 697 mil millones de pesos. Además, se destinaron 334 mil millones de pesos a inversiones sociales, demostrando interés con el desarrollo económico y la mejora de las condiciones de vida de las comunidades.
La industria minera ve este fallo como un precedente positivo que refuerza la seguridad jurídica y mantiene el equilibrio de poderes en el marco del Estado Social de Derecho.
También representa una noticia alentadora para la inversión extranjera, permitiendo que Colombia se alinee con las prácticas internacionales y compita en igualdad de condiciones con otros países, asegurando la estabilidad en una industria crucial para el desarrollo sostenible y el bienestar del país y sus regiones.
Además, el sector minero reitera su compromiso de respaldar a los gobiernos locales y al Gobierno Nacional en su objetivo de brindar mayores oportunidades de desarrollo y bienestar para las regiones y el país en general.
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