Una nueva ley promete cambiar las reglas de juego en el sector de las telecomunicaciones. Desde julio de 2025 está en vigor la Ley 2485, que pone límites a los cobros de reconexión cuando los servicios de internet, telefonía o televisión fueron suspendidos por falta de pago. El objetivo central es garantizar tarifas justas, transparentes y ajustadas a los costos reales que enfrentan los operadores.
Hasta ahora, la mayoría de los usuarios pagaban cerca de $30.000 pesos por reconexión, incluso después de haber saldado su deuda, la nueva normativa ordena que ese valor ya no podrá ser arbitrario ni superior al costo técnico que representa restablecer el servicio.
Ley 2485 de 2025 limita los cobros por reconexión y obliga a las empresas de telecomunicaciones a justificar los costos reales del restablecimiento del servicio
De acuerdo con el texto aprobado, el propósito de la ley es asegurar condiciones equitativas en el acceso a los servicios de telecomunicaciones y proteger los derechos de los consumidores. En concreto, el artículo 2 adiciona un nuevo parágrafo a la Ley 1341 de 2009, que encarga a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) la tarea de definir, en un plazo máximo de 12 meses, el tope que podrá cobrarse por reconexión.
El valor fijado deberá revisarse periódicamente para evitar abusos por parte de las empresas que prestan estos servicios y mantener la proporcionalidad de los costos. Además, las empresas estarán obligadas a aplicar políticas transparentes en los procesos de suspensión y restablecimiento del servicio.
El texto es claro, el cobro “corresponderá a los costos eficientes directamente asociados a las actividades técnicas y operativas necesarias para efectuar la reconexión”. En otras palabras, sólo se podrá facturar lo estrictamente necesario para cubrir los procedimientos técnicos implicados para restablecer el servicio a un usuario.
Durante el periodo de transición, establecido en el artículo 4 de la ley, las compañías de telecomunicaciones podrán mantener los precios actuales mientras ajustan sus sistemas internos y estructuras tarifarias a las nuevas disposiciones.
Un paso hacia relaciones más equilibradas
La medida busca corregir una práctica que durante años fue criticada por los consumidores. Según asociaciones de defensa del usuario, los cobros por reconexión se convirtieron en un ingreso adicional injustificado para muchas empresas, afectando la economía de los hogares, especialmente en épocas de crisis o de desempleo.
Con la Ley 2485, el Congreso busca equilibrar la relación entre los usuarios y operadoras. La norma exige que las compañías justifiquen y publiquen sus tarifas de reconexión en los contratos y canales de atención al usuario, permitiendo mayor control y transparencia.
“Este es un avance hacia un mercado más justo, donde el usuario no pague más de lo que realmente cuesta restablecer su servicio”, señaló Elías Vidal durante la sanción presidencial de la ley.
En vigencia desde julio de 2025
Aunque la ley rige desde promulgación, el impacto real para los consumidores se verá reflejado en el 2026, cuando la CRC defina oficialmente los topes para este tipo máximo para este cobro. Hasta entonces, las operadoras deberán prepararse para cumplir con los nuevos lineamientos y adaptar sus sistemas de cobro.
Con esta regulación, el Gobierno busca garantizar que el acceso a las telecomunicaciones consideradas hoy un servicio esencial en los hogares colombianos sea más asequible y justo.
En adelante, ninguna empresa que preste alguno de estos servicios podrá imponer cobros desmedidos o injustificados por reconexión. La promesa de esta normativa es clara, que cada colombiano pague lo justo para volver a estar conectado.
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