En medio de un panorama presupuestal restringido y una ejecución limitada de recursos, el Ministerio de Vivienda de Colombia ha sacado a consulta pública un nuevo proyecto de resolución que propone modificar los criterios de asignación del subsidio habitacional del programa Mi Casa Ya.
La propuesta ha generado tanto expectativa como preocupación en el sector constructor y entre miles de familias colombianas que ven en este programa su única posibilidad de acceder a una vivienda propia.
Panorama general: Publicado el pasado 10 de abril de 2025, el proyecto estará en etapa de observaciones hasta el 25 de abril. Su eje central es la priorización de sectores sociales históricamente vulnerables: mujeres cabeza de familia, trabajadoras del sector informal, madres comunitarias y víctimas del conflicto armado con registro oficial en la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas.
“La cuantía del subsidio será determinada por el Gobierno Nacional de acuerdo con los recursos disponibles, el valor final de la solución de vivienda y las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios”, establece el documento, aclarando que se dará trato preferente a las personas pertenecientes a los estratos más bajos.
Aunque la iniciativa busca un enfoque más incluyente, el sector constructor no oculta su preocupación por lo que considera una señal más de la crisis estructural que atraviesa Mi Casa Ya. Según Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), esta priorización es una medida paliativa frente al verdadero problema: la falta de recursos en el presupuesto de Fonvivienda.
Mi Casa Ya 2025: El Nuevo Proyecto de Resolución para Subsidios Habitacionales en Colombia
Por qué es importante: Herrera recordó que la idea de establecer criterios de priorización no es nueva. Fue introducida en el Decreto 490 de 2023, adoptada mediante la Resolución 287 del mismo año, luego suspendida con la Resolución 1227 y finalmente derogada por la Resolución 455 de julio de 2024. El giro actual, en su opinión, revive un esquema que ya había sido descartado porque el propio Ministerio había determinado que los hogares más vulnerables ya eran atendidos sin necesidad de esa priorización.
“La historia del programa desde 2023 ha estado marcada por decisiones cambiantes, falta de claridad normativa y una preocupante inestabilidad institucional. Esto genera incertidumbre para los hogares que buscan soluciones de vivienda, pero también para el sector constructor, que no puede planificar sobre una base regulatoria inestable”, subrayó Herrera.
Contexto: A finales de 2024, el programa ya enfrentaba serias restricciones. El 16 de diciembre, mediante la Circular 0012, Fonvivienda suspendió nuevas asignaciones debido al agotamiento de los cupos para la cobertura a la tasa de interés. Esta suspensión golpeó directamente a los hogares que no alcanzaron a marcar su crédito o iniciar su contrato de leasing habitacional.
En lo que va de 2025, se han asignado 2.705 subsidios, de los cuales 1.902 corresponden a preasignaciones vigentes desde 2024, enfocadas en viviendas de interés prioritario (VIP). No obstante, aún quedan 9.963 hogares preasignados esperando una asignación, y el Ministerio no ha aclarado si habrá margen para nuevos beneficiarios este año.
“Entendemos que los criterios de priorización se aplicarían solo a quienes no tienen una preasignación vigente. Pero eso tampoco está completamente claro en el proyecto”, señaló el dirigente de Camacol, haciendo eco del sentimiento de ambigüedad que reina en el sector.
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