Ante la Comisión Séptima del Senado de la República, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán Martínez, expuso los avances y el alcance del Plan Milagro de Reconstrucción Todos Ponen, la ambiciosa hoja de ruta diseñada para hacer frente a los devastadores estragos dejados por el sismo del pasado 10 de agosto. Durante su intervención, el jefe de la cartera advirtió sobre la magnitud sin precedentes de la crisis, señalando que se trata de la peor catástrofe natural que ha golpeado al país en los últimos 100 años.
Panorama general: A diferencia de emergencias anteriores que concentraron los esfuerzos en zonas puntuales, el panorama actual impone un desafío territorial de proporciones masivas. “Cuando hablábamos de Armenia, estábamos focalizados en reconstruir Armenia. Cuando hablábamos de Mocoa, estábamos focalizados en recuperar Mocoa. Pero hoy estamos hablando de más de 16 departamentos que tienen afectaciones”, subrayó el ministro ante los congresistas.
Las estadísticas oficiales presentadas por el Ministerio revelan la gravedad de la emergencia: el movimiento telúrico golpeó a 16 departamentos y 497 municipios. El balance humano e infraestructura deja 293.743 familias damnificadas, lo que se traduce en 466.606 personas afectadas.
En materia habitacional, el déficit provisional y definitivo es alarmante: 201.005 viviendas sufrieron averías y 36.336 fueron destruidas por completo. Asimismo, el sector de edificaciones reporta 5.889 inmuebles averiados y 709 totalmente colapsados, cifras que dimensionan el reto técnico y financiero que enfrenta el Estado.
Ministro de Vivienda expone el Plan Milagro ante el Senado: 16 departamentos afectados por sismo
Para ordenar la respuesta institucional, el Gobierno estructuró el Plan de Reconstrucción en tres etapas cronológicas bien definidas.
La primera fase, centrada en la atención inmediata y la evaluación de daños, se extenderá hasta el próximo 30 de septiembre. Este componente ha estado bajo la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), articulando a distintas entidades estatales y al sector privado para garantizar la búsqueda de sobrevivientes, el despeje de escombros y la entrega de ayudas humanitarias.
“Hemos articulado con alcaldías, gobernaciones y el sector privado la coordinación en el envío de maquinaria amarilla. Además, ayuda económica para las personas afectadas, cuya entrega ya está en curso por tres meses y podría extenderse por tres meses más. A esto sumamos el banco de materiales, a través del cual hemos gestionado más de 1.000 toneladas de materiales”, detalló Beltrán Martínez. Como parte complementaria de esta etapa, equipos de ingenieros y patólogos adelantan valoraciones técnicas minuciosas para definir el futuro de las edificaciones: determinar cuáles son susceptibles de restauración y cuáles deben ser demolidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
De manera simultánea, el Ejecutivo dio luz verde a la segunda fase, enfocada en la recuperación y provisión de soluciones habitacionales temporales y de emergencia, con una proyección de ejecución de nueve meses. “En vivienda, ya contamos con más de 1,000 soluciones gracias a la unión con el sector privado, mientras avanzamos en la estructuración del Fondo Milagro y en la expedición de decretos que permitirán responder a las necesidades de la emergencia en materia de agua, saneamiento y vivienda”, afirmó el ministro.
Mirando hacia el mediano y largo plazo, la tercera fase, denominada de vivienda milagro y reconstrucció, contempla planes integrales de renovación urbana y la edificación de soluciones definitivas. El ministerio aclaró que la estrategia no se limitará a la construcción de viviendas de interés social (VIS) o prioritario (VIP), sino que incluirá proyectos de vivienda no VIS para estratos 4, 5 y 6, cuyos propietarios también perdieron sus patrimonios y demandan el respaldo del Estado.
Por qué es importante: Para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de esta arquitectura de recuperación, el ministro de Vivienda acudió al poder legislativo con una solicitud presupuestal clave: pidió el respaldo del Congreso de la República para ampliar a $4 billones el presupuesto de la entidad de cara al año 2027, recursos indispensables para cofinanciar el plan en los territorios.
Finalmente, el Gobierno nacional reiteró que el éxito de la reconstrucción dependerá de la capacidad de conciliar esfuerzos interinstitucionales. Por ello, avanza en la consolidación de alianzas con los sectores solidario, multilateral, rural, asegurador, financiero, constructor y con la cadena de proveedores, bajo la premisa de que solo una movilización nacional de todos los actores permitirá devolverle la esperanza a los miles de colombianos afectados por la tragedia.
