Córdoba, el reflejo del saqueo nacional.

He dicho muchas veces en esta columna que el origen de la violencia no es solo la pobreza, sino también el saqueo a las arcas públicas, la ausencia de una democracia efectiva, verdadera, y, por supuesto, la complacencia –en la mayoría de los casos- de la justicia con el delito.

En Colombia se confunde democracia con elecciones. Nuestras jornadas electorales son un parapeto, una gran farsa orquestada por quienes dicen representar al Estado de Derecho, mentira que alberga como única finalidad mantener los privilegios de unos cuantos, en desgreño de lo que le conviene al resto del colectivo social.

Todos sabemos que al País se lo están robando de cabo a rabo y que las reformas tributarias que se promueven y aprueban no son para cubrir el déficit fiscal ni para reactivar la economía a través de grandes construcciones de obras públicas o para solucionar los problemas básicos de la población, sino para saciar el apetito de quienes se han enriquecido ilícitamente a costa de la cosa pública. Con ese mismo dinero sucio y maldito, se hacen elegir o eligen a otro una y mil veces en cargos de elección popular, para seguir montados en el carro del torcido.

El caso del departamento de Córdoba es horrible, da tristeza y mucha rabia. ¿Desde cuándo se lo están robando? Desde siempre, pero ahora más que nunca, por el monto de las regalías que se perciben, pues subieron del 20% al 80%. Lamentablemente, esos recursos no han servido para sacar a ese departamento de la vergonzosa miseria que lo abruma, sino para llenar las alforjas de algunos políticos, contratistas y gobernantes, que, con su impudicia, hunden en el abandono a una población que muere de hambre y sed, que no tiene trabajo, educación ni salud. En algunas zonas de mi amado terruño, la gente vive como en el medioevo: el agua se transporta en burros, y las personas, como los micos, defecan desde los árboles.

Mientras tenga alientos, mi voz se alzará contra quienes insisten en ignorar que los dineros públicos son sagrados, intocables. Por eso, lo mínimo que podemos hacer los ciudadanos de bien es exigirles a las autoridades investigar el alto grado de desnutrición de los niños cordobeses, el desfalco en las vías terciarias, en los hospitales, los escenarios deportivos inconclusos, los seudo proyectos productivos y los contratos adjudicados a fundaciones (no de dudoso origen sino de origen bien conocido), entregados con la finalidad criminal de eludir la licitación pública. Ningún ser humano decente puede molestarse por tan loable propósito, como es el de denunciar el “robispicio”; solo se indignarán aquellos miserables que beben del pozo putrefacto de la corrupción.

¡Que no nos vengan a decir que la responsabilidad de todo el desastre que padece el departamento de Córdoba es de Jairo Zapa, el Director de Regalías vilmente asesinado, porque detrás de él están los vivos que segaron su vida y que evidentemente hacían parte de un oscuro cartel de las contrataciones!

¿Con qué objeto el gobernador de Córdoba delega la facultad para contratar multimillonarias sumas de dinero, si no es para eludir su responsabilidad en los “negociados” que se tejieron en esas licitaciones? Esa delegación -usted como abogado lo sabe- no lo exime de la responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal, Gobernador Lyons, como bien lo han señalado, en reiterada jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia, y, en decisiones similares, la Procuraduría y la Contraloría.

La situación de Córdoba es de tanta gravedad que amerita que la Gobernación sea intervenida para evitar un descalabro de incalculables proporciones. Córdoba es el refejlo del peor de los males: la corrupción que desangra nuestra patria. La palabra la tienen los entes de control.

La ñapa: En un Estado de Derecho, no puede haber funcionarios públicos, sin Juez ni Ley. Bienvendo el Tribunal de Aforados; es una necesidad inaplazable.

Escrito en piedra

José Félix Lafaurie Rivera

@jflafaurie

“No habrá nuevos impuestos” esculpió en piedra Juan Manuel Santos en 2010. Para la misma época, aludiendo a una frase que atribuyen a Nietzche, y tratando de ambientar lo que después serían los diálogos con las Farc, afirmó que “solo los imbéciles no cambian de opinión cuando cambian las circunstancias”. En cuanto a la primera, mi consejo no pedido es que un candidato no debe escribir en piedra lo que no podrá cumplir como gobernante; y esto porque, precisamente, la segunda es totalmente válida, aunque en el caso de las Farc no lo era, pues no habían cambiado las circunstancias de una guerrilla narcoterrorista y lo que se imponía era el imperio de la ley y no la negociación claudicante.

Si el presidente había decidido sacar de su bolsillo la llave de la paz para abrir una puerta por la que entraron las Farc, con sus armas y su violencia como respaldo de sus exigencias extorsivas, pues también debió pensar en el costo de esas exigencias, que ahora llaman ‘posconflicto’, y que no es otra cosa que la enorme y centenaria deuda del Estado con el campo y con una gran reforma que garantice el ejercicio honorable de la política, el derecho a la justicia debida y la utilización pulcra de los dineros públicos.

Semejante deuda solo se puede saldar con recursos que hoy no existen y que, por tanto, deben salir de una combinación entre: primero, reducciones en funcionamiento, sobre las cuales se anticipa un compromiso del 10%; segundo, mayor eficiencia en la Inversión, en lo que no hay mayores compromisos y, más bien, una tendencia a la atomización de las Regalías, de la ‘mermelada’ de los cupos indicativos y del billón de pesos del Pacto Agrario; y tercero, pues más impuestos, ya que no se venderán activos y los ingresos petroleros están menguados por cuenta del terrorismo de las FARC.

Tocará borrar en la piedra porque se necesitarán más impuestos. El tema es cómo, cuánto y a quién. Según los especialistas, se impone una reforma tributaria estructural –el actual Estatuto es una colcha con remiendos desde ¡1989!–, pero el Gobierno, después de sus inventos de 2012 –CREE, IMAN, IMAS- se compromete apenas con una solución tapahuecos: La ley de Financiamiento, un eufemismo para una reforma inmediatista que tape el hueco de 12,5 billones del presupuesto de 2015, y una Reforma Tributaria de corto aliento, que tape los huecos hasta 2018.

En las dos el Gobierno no se meterá con el IVA ni con los ‘sagrados’ dividendos, sino con la prórroga del impuesto al patrimonio y del 4 x mil, con el que los colombianos rescatamos al sector financiero que hoy muestra utilidades billonarias; con el que se han tapado huecos desde hace quince años, incluidos los del sector agropecuario en 2014, para neutralizar las protestas que amenazaban la reelección.

El 4 x mil es facilismo tributario. Gravar el patrimonio es castigar el ahorro en bienes que, para las personas naturales, no generan ingreso en la mayoría de los casos. No gravar los dividendos es privar a la sociedad del aporte de quienes tienen grandes y ociosos excedentes que les generan lucrativas rentas.

¿Cómo le cumplirá Santos a las FARC? ¿Cuánto valen los compromisos ya publicados? ¿Cuánto el desarrollo rural? ¿Cuánto las vías terciarias? ¿Cuánto la sustitución de cultivos? Para el posconflicto se anuncia una ‘cuota inicial’ de 7 billones para víctimas y 5 para el sector rural. Un chiste frente a los compromisos, no con las Farc sino con el país. Lo dicho. Es mejor no escribir en piedra.

José Félix Lafaurie Rivera

@jflafaurie

Empecé a escribir estas líneas lejos del país y antes de producirse el debate que el Senador Cepeda le armó el expresidente y senador Álvaro Uribe. Las terminé una vez concluido ese montaje mediático, con la convicción de estar cumpliendo un deber moral frente a la gravedad de lo que estamos presenciando.  

En principio, no se trató de un ‘debate de control político’, que se derive de citaciones del Congreso a funcionarios públicos para responder por sus actuaciones. Tampoco se puede calificar como un ‘debate político’ que responda a la válida confrontación de las ideologías y propuestas de las diferentes colectividades alrededor de los grandes temas nacionales. ¡Cómo extrañamos esos debates en el Congreso!

Esa encerrona –que así se puede calificar- buscaba hacer un ‘juicio político’ a Uribe, a su Gobierno y a lo que representa para la política contemporánea. Allí, Cepeda se erigió como fiscal, pretendiendo probar presuntos delitos del exgobernador y expresidente, y por esa vía lograr su objetivo: la condena política de un gobierno que restableció la esperanza y puso a guerrilleros y paramilitares a merced de la Ley, como obliga en una democracia que respete el Estado de Derecho; un gobierno que se atrevió a confrontar a las Farc como simples criminales, y no como altas partes negociadoras en un proceso de paz que todos los días traicionan con más violencia. 

Se adivinaba que a este falso debate y remedo de juicio le faltaría su contracara. Allí no se hablaría de Farc-política ni de la combinación de las formas de lucha, porque el debate mismo hace parte de esa combinación. Es un insumo para esa historia que se está narrando mal en la comisión exigida por las Farc para el esclarecimiento histórico del conflicto a su acomodo. Y su acomodo es la exculpación de todos sus delitos, la total impunidad.

El país debe desentrañar esa realidad que se pretende diluir en la historia de los últimos sesenta años, en la socialización de la culpa –todos somos culpables- y la cínica trasposición de su papel en la violencia. Las Farc lo han dicho sin titubeos: son víctimas de una sociedad injusta y de unas instituciones ilegítimas. Si no se corrige esa senda de distorsión ideológica, además de mal escrita la historia que nos tocó vivir, Uribe y todos aquellos que hemos condenado la violencia narcoterrorista y su legitimación en La Habana, sufriremos el efecto contrario: pasaremos de víctimas a victimarios.

El debate es un paso en ese camino. Ni Cepeda se cree su afirmación de que no es contra Uribe, sino apenas un “debate de control a las autoridades que tienen que actuar frente a eventuales nexos del expresidente con paramilitares y narcotraficantes”. Si no es contra Uribe, ¿por qué vocifera ante los medios exigiendo su presencia para que responda directamente? ¿Por qué la Mesa Directiva del Senado permite que un improcedente juicio político se disfrace como debate de control? ¿Por qué la Comisión Segunda se abroga competencias que no tiene, si los jueces naturales de un presidente son el Senado en pleno y la Corte Suprema de Justicia?

El mismo Cepeda ha destapado su mentira ante los micrófonos, ratificando su objetivo de enjuiciar a Uribe, de acusarlo donde no puede acusarlo, de hacerle un juicio político que no le puede hacer, de deslegitimarlo a él y a su movimiento ante el país a través de los medios, y amojonar por esa vía la insostenible posición de las Farc en la mesa de negociaciones. Una pieza más en esa funesta combinación de todas las formas de lucha. 

Cuando se estudia con detenimiento el presupuesto de inversión que el gobierno Santos tiene proyectado para el año 2015 en Antioquia, se ve claramente que frente a las cifras más importantes, el actual Gobierno es un solapado verdugo con el departamento.

Antioquia está en el honroso último lugar en el presupuesto de inversión per cápita para el año 2015, con un total de $524 mil. Entre tanto, como promedio nacional se invierten $798 mil pesos por persona, es decir, los antioqueños recibirán 35% menos que el resto de los colombianos.

Cualquiera pensaría que la inversión del presupuesto nacional en los diferentes departamentos se debería hacer basada en las necesidades básicas insatisfechas (NBI). Pues esto no es así. El departamento de Antioquia no es el que menos necesidades básicas insatisfechas tiene a nivel nacional, pues de 32 departamentos ocupa el puesto 25 en el escalafón nacional de NBI. Esto es, existen 7 departamentos con mejores indicadores que Antioquia en esta materia. Y si no tenemos en cuenta las cabeceras municipales, en relación al mismo indicador Antioquia aparece decayendo en el puesto 21 entre los 32 departamentos.

Pensaría uno que otra manera por la cual se decide la inversión del gobierno nacional frente a las regiones podría ser el promedio per cápita del PIB departamental. Antioquia aporta algo más del 13% del PIB nacional y a cambio recibe apenas el 8% de la inversión. Y llevado a términos per cápita, Antioquia llega a ser la séptima en la economía del país. Aún así, es el último de los 32 departamentos en inversión del gobierno nacional en Colombia.

En el fervor electoral y con el ánimo de buscar votos, el candidato Santos hizo varias promesas en Antioquia, de las cuales haremos un análisis juicioso sobre su inclusión en el presupuesto de 2015.

Primero, se comprometió con 120 mil millones de pesos para evitar el pago de valorización del Túnel de Oriente. Hoy, no existe un centavo incluido en el presupuesto del 2015 para ese efecto.

En otros temas de infraestructura, existe un rubro por $126 mil millones de pesos para “vías de la prosperidad”. Pero el gobierno ha venido insistiendo desde hace un buen rato que invertirá $26 billones en obras para Antioquia. Esto es, el monto de inversión para 2015 corresponde al módico 0,5% de las promesas de campaña. Y para rematar, la Transversal de las Américas en Urabá no tiene un peso asignado en el presupuesto del próximo año.

De otro lado, el tan anunciado desarrollo del proyecto de navegabilidad del río Magdalena, no ha pasado de ser una licitación adjudicada hace unos pocos días tras cuatro años de promesas de inicio. Este proyecto aún no tiene cierre financiero, es decir, no se ve en el corto tiempo como una realidad, pues no se sabe de dónde saldrán los recursos. Esto, sin tocar observaciones técnicas muy serias que se han hecho sobre la falta de viabilidad de este proyecto, tema que profundizaremos en posteriores estudios.

En tema de minería, la promesa de Santos fue la formalización de tierras para mineras informales, para lo cual no hay presupuestados recursos. Pero si vamos al fondo, lo que verdaderamente se necesita es agilizar los procesos de legalización y otorgamiento de títulos mineros a cargo del Departamento y la Nación, por encima de una formalización de tierras que no ha sido la problemática en cuestión para este sector.

En vivienda, se prometieron 300 mil casas gratuitas para Colombia, sin especificar cuántas serán en Antioquia, y lo más grave es que no existen recursos asignados para ello en el presupuesto del próximo año. No las hay para las de todo el país, menos para las del Departamento.

Alardea Santos sobre la educación como uno de los pilares de su nuevo gobierno, y se pensaría en una gran inversión en este tema. Lo que sucede es que jamás se acabará con la inequidad de la educación rural cuando apenas se ha destinado una irrisoria inversión de $545 millones de pesos para Antioquia.

Santos prometió también brindar seguridad social y salarios a ediles y miembros de las juntas de acción comunal. En Antioquia existen 5.500 juntas y no aparece ningún rubro presupuestal para tal efecto. Y no se vislumbra intención alguna para incluirlos en el futuro.

Ahora bien, no sobra recordar que tuvimos 4 años de una parálisis absoluta de las grandes obras del Departamento (tales como el Túnel de Oriente y Autopistas de la Montaña). El retraso en la inversión del gobierno nacional en Antioquia viene acumulada y creciendo.

Para la poca asignación de presupuesto para Antioquia no existe una sola razón técnica puesto que no es el indicador de necesidades básicas insatisfechas ni es el aporte al PIB los que determinan el último lugar en inversión.

La pregunta concreta es ¿cuál es el motivo para que Antioquia salga tan mal librada cuando santos repartió los dineros del presupuesto?

Algunas luces podrían dar las palabras del entonces Candidato Juan Manuel Santos el pasado 27 de mayo, cuando en declaraciones a la radio dijo estar “sentido con Antioquia, por los resultados electorales de la primera vuelta”.

No faltaría más que por hechos electorales se sacrifique el bienestar de todo un pueblo que tanto aporta al país. Será que Santos es capaz de tratar con justicia y equidad a Antioquia. Ésa no parecería ser la conducta de un mandatario que dice querer la reconciliación y la paz.