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Por: Redacción 360 Radio
Por presuntas irregularidades en el contrato de semaforización inteligente de la capital de la República, por más de $173.000 millones, el secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, la directora de Asuntos Legales de dicha secretaría, Carolina Pombo, y la subsecretaria de Servicios de Movilidad, Diana Vidal, fueron informados por el pliego de cargos que la Procuraduría General de la Nación formuló en su contra.
Según el Ministerio Público, Bocarejo no lideró, controló y dirigió el proceso de licitación pública de una manera correcta. Y es que señala que hubo una aparente violación al principio de planeación al no asegurar el cumplimiento de las citadas características que regulan la contratación estatal.
En la investigación de la Procuraduría se asegura que en el proceso licitatorio se habría afectado, presuntamente, el patrimonio de la ciudad debido a que no se definió con anterioridad la destinación de 503 controladores semafóricos existentes en la ciudad, avaluados en más de $13 mil millones y compatibles con sistemas modernos de semaforización. Estos, corren el riesgo de quedar almacenados sin que se aproveche su vida útil, lo que evidencia una aparente falta de planeación en la etapa precontractual del proceso.
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Por: Redacción 360 Radio
Por presuntas irregularidades en el contrato de semaforización inteligente de la capital de la República, por más de $173.000 millones, el secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, la directora de Asuntos Legales de dicha secretaría, Carolina Pombo, y la subsecretaria de Servicios de Movilidad, Diana Vidal, fueron informados por el pliego de cargos que la Procuraduría General de la Nación formuló en su contra.
Según el Ministerio Público, Bocarejo no lideró, controló y dirigió el proceso de licitación pública de una manera correcta. Y es que señala que hubo una aparente violación al principio de planeación al no asegurar el cumplimiento de las citadas características que regulan la contratación estatal.
En la investigación de la Procuraduría se asegura que en el proceso licitatorio se habría afectado, presuntamente, el patrimonio de la ciudad debido a que no se definió con anterioridad la destinación de 503 controladores semafóricos existentes en la ciudad, avaluados en más de $13 mil millones y compatibles con sistemas modernos de semaforización. Estos, corren el riesgo de quedar almacenados sin que se aproveche su vida útil, lo que evidencia una aparente falta de planeación en la etapa precontractual del proceso.
