Debido a las irregularidades presentadas en las pasadas elecciones legislativas, Juan Diego Gómez, presidente del Senado solicitó que se designe un registrador Ad Hoc, para «evitar que se roben las lecciones».
Por: Redacción 360 Radio
Juan Diego Gómez, presidente del Senado criticó las inconsistencias presentadas en los pasados comicios electorales del pasado 13 de marzo, luego de que conociera la aparición de más de un millón de votos que según informó el registrador Alexander Vega no fueron reportados en el preconteo.
Gómez solicitó a la Fiscalía y a la Procuraduría tomar cartas en el asunto argumentando que es necesario identificar si hubo jurados que votaron dos veces, además de investigar qué otras irregularidades se pudieron presentar y recalcó que, “hay denuncias puntuales como la de Transparencia por Colombia sobre la dotación de más de 300 mil testigos electorales en dos oportunidades; más de 800 mil cédulas que se inscribieron de manera electrónica existiendo la prohibición legal de hacerlo y teniendo también la sanción de perdida del empleo al funcionario que lo haga sin el lleno de los requisitos”.
El presidente del Senado también cuestionó el hecho de que el Pacto Histórico supiera con antelación la falta de votos en más de 20 mil mesas antes del escrutinio, puntualizando, «coincidencialmente la cifra de 23.000 mesas es la misma cifra que el Pacto Histórico había denunciado con anticipación en las que había encontrado el fraude y allí aparecen por arte y magia los votos”.
Adicionalmente, Gómez reiteró la necesidad de que para las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 29 de mayo se designe un registrador Ad Hoc, y refiriéndose a las irregularidades presentadas y a las denuncias conocidas afirmó, «esto amerita para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y nombren cuanto antes un registrador ad hoc para que se roben las elecciones presidenciales en Colombia”.
Sumado a lo anterior, Alejandra Barrios directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), enfatizó en la necesidad de conocer quiénes estaban designados como jurados en las mesas donde se presentaron errores en los formularios, para poder determinar si pertenecían a algún grupo específico.
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