Procuraduría evita pérdidas de más de $2 billones en procesos de licitación

Las medidas anticipadas tomadas por la Procuraduría General de la Nación durante el periodo de diciembre a enero resultaron en la paralización de cuantiosos procedimientos de licitación.

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La Procuraduría General de la Nación anunció el pasado viernes 5 de enero que, mediante alertas emitidas en asuntos de contratación estatal, logró la suspensión de varios procesos licitatorios que representaban un alto riesgo de pérdidas para el patrimonio nacional, calculadas en más de dos billones de pesos.

En el transcurso de diciembre, las alertas emitidas por el Ministerio Público tuvieron un impacto significativo, deteniendo licitaciones clave. Entre ellas, se destaca la del proyecto ‘El Curval’ para la construcción del acueducto de Santa Marta, la cual, tras ser declarada desierta, permitió salvaguardar recursos nacionales estimados en 1.6 billones de pesos. El Ministerio Público emitió repetidos llamamientos respecto a aspectos presupuestales, de planeación, técnicos y jurídicos que cuestionaban su conformidad con las reglas de contratación estatal.

Otras acciones preventivas incluyeron la suspensión de la creación de una empresa para el manejo del alumbrado público en Socorro, Santander, y la detención de la construcción de la infraestructura hospitalaria en Soacha, por un valor de 150 mil millones de pesos, debido a irregularidades detectadas.

En el ámbito de las sugerencias, la Procuraduría recomendó a las Empresas Públicas de Cali (EMCALI) la cancelación de un contrato por 113 mil millones de pesos, destinado a adquirir servicios para reducir las pérdidas de energía en la ciudad.

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Además, el trabajo de los Delegados para la Vigilancia de la Función Pública llevó a la suspensión de la selección de una interventoría por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema General en Seguridad Social en Salud (ADRES) para vigilar pagos de reclamaciones a las IPS.

Procuraduría vigiló licitaciones polémicas

La Procuraduría también examinó licitaciones polémicas, como la de la USPEC y la adquisición de chips electrónicos para personas privadas de libertad. Esta última, tras ajustes a raíz de observaciones de la Procuraduría, fue adjudicada a la empresa Unión Temporal Efectiva por más de 95 mil millones de pesos.

El acompañamiento permanente de la Procuraduría a la licitación para proveer alimentación en centros carcelarios, un contrato que supera los 800 mil millones de pesos, ha llevado a un estricto seguimiento al proceso de selección de interventoría por 47 mil millones de pesos.

Otro caso de interés fue la observación de posibles irregularidades en el proceso de contratación de proyectos inmobiliarios por parte de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RENOBO), por un valor de $370.419.000.000.

En diciembre, la Procuraduría también contribuyó a salvar recursos para la construcción de la segunda fase del hospital de 4 nivel de Pereira, evitando que la primera fase, en construcción por 50 mil millones de pesos, quede como una obra sin utilidad. Asimismo, se logró la adjudicación de los trabajos de la segunda fase de construcción de la cárcel de Pereira, con inversiones de 113 mil millones de pesos, para resolver problemas de hacinamiento y garantizar derechos de los privados de la libertad.

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El más reciente éxito de la Procuraduría fue la revocatoria de la licitación para contratar los servicios de una plataforma virtual tipo E-Learning del SENA, por valor de 78 mil millones de pesos. La entidad decidió no adjudicar el contrato y reiniciar el proceso desde cero, atendiendo las advertencias hechas por el órgano de control.

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