La Procuraduría General de la Nación ha expresado su malestar por la falta de atención a sus alertas y recomendaciones respecto a la reforma al SGP-Sistema General de Participaciones, cuyo trámite legislativo se encuentra casi en su etapa final. Con el Congreso ya aprobando la reforma, solo resta la conciliación entre el Senado y la Cámara de Representantes. Sin embargo, las autoridades continúan preocupadas por los riesgos fiscales y la posible afectación de la autonomía territorial a largo plazo.
Panorama general: En su intervención, la Procuraduría resaltó que gran parte de sus recomendaciones se basaron en el informe de la Misión de Descentralización, un grupo de expertos que analizó las implicaciones de la reforma. Entre las propuestas más relevantes, la Procuraduría instó a que la reforma no se convirtiera en un factor de riesgo para la estabilidad fiscal del país. Específicamente, se propuso establecer un piso mínimo del 30,5% en la participación de los territorios sobre los Ingresos Corrientes de la Nación, lo que permitiría asegurar que las regiones recibieran una porción justa de los recursos.
Procuraduría y sus alertas en la Reforma al SGP
El Ministerio Público también destacó la necesidad de recomponer la distribución de los recursos en el SGP, separándolos en dos bolsas: una sectorial (80,18%) y otra territorial (19,82%). Estas modificaciones buscaban no solo mejorar la eficiencia en la distribución de los recursos, sino también garantizar que los territorios con menos capacidades fiscales no quedaran en desventaja.
Por qué es importante: Uno de los principales argumentos de la Procuraduría fue que la reforma debía garantizar la autonomía territorial y no generar desigualdades entre las regiones del país. En este sentido, la entidad advirtió sobre el riesgo de afectar la provisión eficiente de bienes y servicios públicos, lo que podría incrementar las brechas socioeconómicas y vulnerar los derechos de las poblaciones más desfavorecidas.
La Procuraduría recordó que las propuestas elaboradas por los expertos de la Misión de Descentralización también sugerían un plan para la reestructuración de los criterios de distribución de la bolsa de Propósito General, la cual debería ser dirigida exclusivamente a municipios y distritos. Este plan estaba orientado a flexibilizar el uso de los recursos del SGP y a mejorar el enfoque en los territorios con mayores necesidades.
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