martes, septiembre 28, 2021
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    Pymes inconformes con vocería de la Andi y pago de reforma tributaria

    Es claro que en Colombia alguien tiene que pagar una nueva reforma tributaria, teniendo en cuenta los más de 90 billones de pesos que tiene el país en hueco fiscal y el haber perdido recientemente el grado de inversión. Las Pymes, es el sector más golpeado por la pandemia y los bloqueos, por lo que se ven abocados a pagar la nueva tributación.


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    Por: Redacción 360 Radio

    El panorama económico y social del país no puede ser más complejo para el Gobierno frente a la necesidad de plantear una reforma tributaria, más, después de los acontecimientos lamentables que se vivieron en los últimos tres meses por cuenta de una de un primer intento de reforma que se presentó bajo la tutela del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Una reforma que planteaba algunas líneas con progresividad, impuestos a los más pudientes a través de dividendos, impuesto al patrimonio, entre otros, y que buscaba recaudar un monto superior a los 20 billones de pesos, donde buena parte se destinarían mantener los programas sociales y garantizar una mediana viabilidad financiera del país.

    La reforma fue mal socializada, mal comunicada y desató una clase te noticias falsas y medias verdades que terminaron por caldear los ánimos, por lo que el Gobierno se vio obligado a retirarla. Desde hace varias semanas se había conocido la intensión de las empresas colombianas representadas por la Andi para pagar una reforma tributaria que recaudaría más de 12 billones de pesos. Esa propuesta inicial hablaba de un aplazamiento de la reducción de renta, suspensión del descuento del ICA, impuesto al patrimonio – que por esa línea se podría recaudar cerca de 12,5 billones – y en otro aspecto, planteaba una enajenación y venta de activos por parte del Gobierno que no quedó incluido en esta reforma tributaria, además de otras reducciones al gasto.

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    Como tal, buena parte de esa propuesta fue acogida por el Gobierno, aunque sorpresivamente no apoyaron la de venta y enajenación de activos, y desde ya es claro que en el 2022 se necesitará otra reforma tributaria. La firma calificadora Fitch Ratings ha dicho que este proyecto no garantiza la meta fiscal del año 2022, a pesar de que las empresas decían que les cobraran a ellos y que se encargarían de pagar la reforma tributaria, sin embargo, no es la realidad, ya que las cifras son muy claras y el Gobierno no está en capacidad de cobrarle a ciertas empresas unos impuestos determinados y a otras, otro diferente.

    Por lo general, Colombia ya venía ostentando el número uno como el país con la tasa de impuestos sobre la renta corporativa más alta de la OCDE con un 32%; México registró un 30%; España (25%); Chile (10%) y Estados Unidos (21%). Con esta nueva reforma las empresas deberán hacer un esfuerzo doble y tendrán que pagar más impuestos. Colombia retrocederá lo logrado hace tres años y las empresas tributarán más. Una de las declaraciones de un movimiento político de la coalición de la Esperanza señaló algo equivocado: que en el 2019 la reforma tributaria otorgó beneficios exagerados, con relación a la disminución del impuesto de renta y la devolución del ICA, estos impuestos eran antitécnicos. Por otro lado, indicaron correctamente que era injusto que las micro, pequeñas y medianas empresas pagaran lo mismo que las grandes corporaciones.

    Este proyecto de ley tiene una meta de 15,2 billones de pesos, donde el 60% lo aportan las empresas. No tocarán a las personas naturales, que es un primer grave error de la reforma y se espera que el Gobierno haga una reducción de gasto de al menos 1,9 billones de pesos. El impuesto a las empresas vuelve al 35%, aunque, paralelamente, el Gobierno mantendrá unos beneficios de la ley de crecimiento del 2019, como la economía naranja, contratación de jóvenes, sector agroindustrial, hoteles y parques, y sobretasa del 3% hasta el 2025 al sector financiero.

    Las Pymes del país representan más del 90% del sector productivo y generan casi el 37 % del Producto Interno Bruto (PIB) y el 79% del empleo, teniendo en cuenta que afrontamos una tasa de desempleo sumamente alta, sin contar que se cotiza al alza el empleo informal que por lo general está por encima del 57%. Los departamento del Valle del Cauca, Antioquia , Cundinamarca, Atlántico y Santander son las regiones en donde se concentra el mayor porcentaje de pymes en el país y estas no tienen asientos ni líneas directas con la Andi, a quienes acusan de haberse tomado una vocería que no le corresponde al hablar de que las empresas se iban a encargar de pagar la reforma tributaria, porque vienen de más de un año y medio de caída en ventas, donde más de 509.370 micro negocios se quebraron, cerraron sus operaciones y el endeudamiento se encuentra al tope.

    Ahora, para seguir pagando los mismos impuestos, inclusive más altos, encuentran un escollo bastante difícil para continuar manteniendo puestos de trabajo e inversión, que en muchos casos, tienen importaciones con una tasa de cambio por encima $3.800 y se vuelve bastante oneroso, por lo cual muchos han cuestionado por qué la reforma no planteaba simplemente un impuesto diferencial a nivel corporativo, que sean las compañías de cierto número de ventas las que aporten el 35%, otros que están en mediano rango el 32% y las que menos estén teniendo ventas, que tengan una reducción de 2 o 3 puntos, como tampoco entienden una reforma tributaria sin el aporte de personas naturales, cuando históricamente ha sido una gran deuda a nivel tributario que Colombia no se atreve a saldar por miedo a establecer normas impopulares, pero que son correctas.

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    Para muchas empresas es poco verosímil que con la situación tan apremiante, crítica y grave que han tenido, con más de seis meses de cierre por la pandemia, tengan que pagar más impuestos, cuando son las empresas privadas las únicas que generan valor, riqueza y puestos de trabajo. Preferirían muchos microempresarios haber eliminado los 3 días sin IVA, como un aliciente a las empresas, y no solamente una contraprestación a los ciudadanos que no van a pagar más impuestos, sino, que se hubiese aumentado la base gravable como debería ser.

    La vulnerabilidad de las pequeñas y microempresas es mucho más alta y los desafíos que tienen en este momento son bastante complejos, cosa que no se compara con las 5.000 o 10.000 empresas con mayores ingresos operacionales del país, muchas de ellas le han pedido al Gobierno, a través de líneas corrientes de comunicación, que se les escuche, pues ellos no están representados en gremios como la Andi que para muchos, reiteran, ha tomado una vocería que nunca se les dio y mucho menos para decir que las empresas del país iban a pagar esta reforma que es necesaria, pero que para ellos, no es la correcta.

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