La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia inició una investigación formal contra la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, en medio de crecientes sospechas sobre posibles irregularidades en el manejo de su patrimonio.
Fuentes cercanas a la Casa de Nariño confirmaron a un diario local que la Presidencia de la República ya entregó la documentación requerida por la Fiscalía, en un gesto de colaboración institucional con el ente acusador.
Entre los documentos figuran actos administrativos que certifican los nombramientos de Sarabia en diferentes entidades del Gobierno, así como registros financieros detallados desde el año 2022, cuando comenzó a ocupar cargos de alto nivel en la administración del presidente Gustavo Petro.
La Canciller Laura Sarabia en la mira de la Fiscalía: ¿qué se investiga y por qué?
La investigación marca un hito en la carrera de Sarabia, ya que se trata del primer proceso formal en su contra en calidad de indiciada. Como parte de las pesquisas, se llevaron a cabo inspecciones en las oficinas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), dependencia que ella dirigió antes de asumir la Cancillería.
De acuerdo con los informes oficiales, el pasado 29 de abril fueron recolectados documentos clave como el acta de posesión, el decreto de nombramiento y las certificaciones de los servicios prestados por Sarabia en diferentes entidades estatales.
Además, se solicitó un desglose de sus ingresos mensuales, incluyendo salarios, viáticos y otro tipo de compensaciones, con el objetivo de identificar posibles inconsistencias o incrementos injustificados en su patrimonio.
Un día después de estos procedimientos, la ministra se presentó voluntariamente en la Fiscalía en calidad de testigo. En esa ocasión, aportó nuevos audios que, según fuentes del proceso, podrían vincular al actual ministro del Interior, Armando Benedetti, en un caso relacionado con la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
La entrega de estas grabaciones ha generado nuevas líneas de investigación dentro del caso, aumentando el perfil mediático y político del proceso.
Mientras tanto, el Dapre continuó con la recopilación de información financiera de la funcionaria, acatando una orden judicial emitida en el marco de la investigación.
La Fiscalía busca establecer si Sarabia incurrió en delitos relacionados con el incremento anómalo de su patrimonio personal durante su paso por cargos estratégicos del Gobierno, como directora del Dapre y directora del Departamento de Prosperidad Social.
El caso ha generado una tormenta política que amenaza con salpicar a otras figuras del Gobierno Nacional. Algunos analistas advierten que esta situación podría tensar aún más las relaciones entre Sarabia y el presidente Petro.
Las especulaciones sobre un posible distanciamiento se intensificaron tras el episodio diplomático con Ecuador, en el que el mandatario colombiano desconoció la legitimidad de la elección de Daniel Noboa como presidente del país vecino, mientras que Sarabia, en contraste, felicitó públicamente al nuevo jefe de Estado.
Pese a estas diferencias públicas, la canciller ha negado cualquier conflicto con el presidente y ha asegurado que mantiene una comunicación constante y fluida con él, a pesar de las discrepancias en temas puntuales y de la cancelación de algunas reuniones oficiales.
La situación de Laura Sarabia pone en el centro del debate temas sensibles como la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el control del poder en las altas esferas del Estado.
Por ahora, la Fiscalía avanza en el análisis de las pruebas y testimonios recolectados, con la expectativa de determinar si existen méritos suficientes para llevar a la canciller a juicio o archivar el caso.
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