El paro arrocero en Colombia que mantuvo bloqueadas vías esenciales durante cinco días, culminó con un acuerdo entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y las principales organizaciones del sector, lideradas por la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz).
El pacto, anunciado el 18 de julio de 2025, fija precios mínimos de referencia para el arroz paddy verde y el arroz blanco, introduce salvaguardias comerciales y activa una mesa de diálogo permanente que buscará soluciones estructurales a la crisis de rentabilidad que detonó la protesta.
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Las raíces del paro arrocero en Colombia son profundas. En 2013, el país vivió un paro agrario que evidenció la vulnerabilidad de varios cultivos frente a la apertura comercial y los altos costos de producción.
Más de una década después, los arroceros volvieron a las carreteras. Entre enero de 2024 y julio de 2025, el precio del arroz paddy verde se desplomó 11,8%, ubicándose entre 170.000 y 185.000 pesos por carga de 125 kilos, muy por debajo del umbral de rentabilidad que Fedearroz calcula entre 205.000 y 220.000 pesos.
La coyuntura se agravó con un inventario interno récord de 534.940 toneladas, 67,8 % por encima del promedio de la última década, y con una oferta nacional que en 2024 alcanzó 6,1 millones de toneladas, impulsada por las 631.071 hectáreas sembradas ese año, la cifra más alta en cinco ejercicios.
Paro arrocero en Colombia: claves del acuerdo
El documento firmado por los ministerios de Agricultura y de Comercio con Fedearroz y los industriales reconoce “problemas estructurales en la cadena arrocera” y consagra cuatro compromisos centrales:
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Precio mínimo regulado. En un plazo de diez días, el Ejecutivo expedirá dos resoluciones que establecen un régimen de libertad regulada y fijan precios mínimos de referencia tanto para el arroz paddy verde como para el arroz blanco.
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Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz. Se articulará a todos los eslabones de la cadena —productores, industria y comercializadores— para definir áreas de siembra eficientes, ajustar la oferta al consumo interno y salvaguardar la soberanía alimentaria frente a la volatilidad de los mercados internacionales.
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Garantía de compra inmediata. Como señal de buena fe, la industria almacenará la cosecha de 2025 comprando bajo las condiciones actuales y reconocerá a los agricultores cualquier diferencia positiva cuando entren en vigor los nuevos precios.
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Salvaguardia comercial. El Gobierno aplicará la figura prevista en el artículo 5 de la Ley 101 de 1993 para proteger al arroz nacional de importaciones que distorsionen el mercado.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, confirmó que el próximo lunes se instalará a las 10 a.m. la mesa de diálogo permanente y pidió “garantizar la movilidad de carga y pasajeros” mientras se concreta el acuerdo definitivo. Según la funcionaria, las nuevas reglas “permitirán cubrir los costos de producción y asegurar la estabilidad de la cadena”.
Impacto económico y logístico de las protestas
Durante los cinco días de movilización —del 14 al 18 de julio— se registraron bloqueos intermitentes en los departamentos de Tolima, Huila, Meta, Cesar y Córdoba. Las pérdidas para el sector transporte se estiman en 6.000 millones de pesos y más de 300.000 pasajeros vieron alterados sus itinerarios.
El efecto se sintió también en la industria molinera. Con inventarios al máximo y precios a la baja, varias plantas redujeron turnos de secado para evitar un sobrecosto energético que no podían trasladar al precio final.
Mientras tanto, los hogares pagaron en promedio 5 % menos por el kilo de arroz blanco entre marzo y junio de 2025, según el Sistema de Información de Precios (SIPSA), aunque la rebaja no compensó la incertidumbre sobre la oferta a mediano plazo.
Los agricultores argumentan que, pese a la aparente abundancia, sus márgenes se han comprimido: el costo directo de producir una hectárea de arroz mecanizado se ubicó en 5,2 millones de pesos en 2024, un alza de 9 % frente al año anterior, impulsada por fertilizantes y energía.
Retos a mediano plazo para la cadena arrocera
Las entidades del Gobierno y Fedearroz coinciden en que el acuerdo es apenas el punto de partida. El Consejo Nacional del Arroz recomendó en febrero racionalizar la siembra del primer semestre de 2025 para equilibrar producción y consumo, activar laboratorios de calidad gratuitos y diseñar líneas de crédito diferenciales por región.
Además, la modernización tecnológica es ineludible. El rendimiento promedio nacional ronda las 4,2 toneladas por hectárea, lejos de las 6 t/ha que alcanzan los productores líderes. Para cerrar esa brecha se plantean incentivos a la adopción de semillas certificadas y a la expansión de distritos de riego eficientes.
Otro desafío será revisar el esquema de importaciones. Con la Comunidad Andina y el Mercosur convergen calendarios de desgravación que podrían abaratar el arroz extranjero justo cuando el mercado interno busca estabilidad. La salvaguardia acordada da un respiro, pero su vigencia y alcance deberán evaluarse anualmente.
Por último, el paro arrocero en Colombia deja lecciones sobre gobernanza: la cadena requiere datos de inventarios en tiempo real, transparencia en la formación de precios y una estrategia de comunicación que evite la escalada de tensiones. La mesa técnica que se instala esta semana tendrá que traducir esas lecciones en políticas medibles.
El acuerdo que desactivó el paro arrocero en Colombia abre una ventana de oportunidad para reordenar la producción, dignificar los ingresos campesinos y fortalecer la soberanía alimentaria.
Su éxito dependerá de la rapidez con que se expidan las resoluciones de precio mínimo y de la capacidad del Gobierno y los gremios para cumplir los compromisos. Si la mesa de diálogo logra resultados concretos, el sector arrocero podría transformarse de foco de conflicto en referente de concertación y competitividad para el agro colombiano.
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