La iniciativa de Consulta Popular anunciada por el presidente Gustavo Petro—que llevará al Senado el 1.º de mayo—busca sortear lo que él ha llamado un bloqueo legislativo que hundió la Reforma Laboral.
Bajo el amparo de la Ley 1757 de 2015, con la Consulta Popular el Gobierno Petro busca trasladar la decisión a más de 40 millones de electores. La norma exige que vote al menos el 33 % del censo y que la opción ganadora alcance la mitad + 1 de los votos válidos para que el resultado sea obligatorio.
A continuación se explica, con detalle, qué es la Consulta Popular, cómo se activa, cuáles son las 12 preguntas y qué puede ocurrir tras las urnas.
¿Qué es una Consulta Popular?
La Constitución de 1991 consagra la Consulta Popular como un mecanismo de participación directa mediante el cual el jefe del Estado—o un comité ciudadano—formula preguntas que el electorado responde con “Sí” o “No”. La Ley 1757 de 2015 desarrolló su procedimiento:
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el presidente presenta el cuestionario al Senado junto con la firma de todos los ministros;
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la cámara alta dispone de hasta veinte días para pronunciarse, según el artículo 20 de la ley, si lo aprueba, la Corte Constitucional revisa la claridad y competencia de cada pregunta u superado el control judicial, la Casa de Nariño emite el decreto que fija fecha y texto definitivo;
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la Registraduría organiza la jornada con los mismos estándares de una elección nacional, incluidos puestos en el exterior y, esta vez, votación digital piloto.
Para que la Consulta sea vinculante deben concurrir dos requisitos del artículo 32 de la Ley 1757: participación mínima del 33 % del censo—hoy unos 13,6 millones de sufragantes—y mayoría absoluta para la opción triunfadora.
Si ambos se cumplen, el artículo 34 obliga a las autoridades a ejecutar el mandato popular en un plazo máximo de seis meses.
Las 12 preguntas de la Consulta Popular
El Gobierno condensó 20 000 aportes ciudadanos en un tarjetón de 12 ítems, todos orientados a fortalecer la protección al trabajador: jornada de 8 horas diurnas, recargo del 100 % en festivos, incentivos a mipymes asociativas, licencias menstruales, cuota de inclusión de personas con discapacidad, contrato para aprendices, derechos a repartidores de plataformas, régimen agrario especial, prohibición de tercerización abusiva, formalización de oficios informales, contrato indefinido como regla general y un fondo de bono pensional campesino.
Al socializar el cuestionario, el ministro del Interior, Armando Benedetti, subrayó que la reforma busca “garantizar mayores derechos y bienestar para la clase trabajadora del país”; su colega de Trabajo, Antonio Sanguino, agregó que las preguntas “recogen la voz de miles de colombianos que quieren un empleo más digno”.
Posibles escenarios tras la votación de la Consulta Popular
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Triunfo del “Sí” con umbral.
Si más de un tercio del censo vota y la mayoría respalda el “Sí”, el mandato es obligatorio. El Congreso tendrá que legislarlo en seis meses; de no hacerlo, el presidente puede expedir decretos con fuerza de ley, como autoriza el artículo 38 de la Ley 1757. -
Gana el “Sí” pero sin llegar al 33 %.
El resultado se considera indicativo: sirve como termómetro político, pero no obliga a cambiar la legislación vigente. El Ejecutivo mantendría la reforma archivada y debería regresar al trámite ordinario o a nuevas alianzas parlamentarias. -
Triunfo del “No” cumpliendo el umbral.
Un rechazo mayoritario con participación válida frena al Gobierno: la misma reforma no podría ser presentada de nuevo en la actual legislatura, salvo que varíe sustancialmente su contenido, según la práctica constitucional colombiana. -
Baja participación.
Si no se llega al 33 %, la Consulta se declara fallida, se archiva y la vía popular quedaría cerrada por dos años para temas iguales o similares; Petro tendría que buscar consensos en el próximo Congreso o archivar definitivamente su iniciativa.
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¿Por qué el Gobierno se juega esta carta?
La Reforma Laboral fue archivada en la Comisión Séptima del Senado el pasado 19 de marzo pese al respaldo sindical y a la mayoría oficialista en Cámara. Para Petro, la Consulta Popular “orientará las decisiones del Gobierno y marcará la dirección de las reformas propuestas”, insistió en la antesala de las marchas del Primero de Mayo.
La Casa de Nariño confía en reeditar la movilización que llevó a las urnas a 12,8 millones de personas en el plebiscito de paz 2016 y a 11,7 millones en la consulta anticorrupción 2018, referentes que muestran lo difícil—pero no imposible—de superar la valla del 33 %.
La Consulta Popular es la jugada más ambiciosa de Petro para destrabar su agenda social. Respaldada por la Ley 1757 de 2015—que fija firmas, umbrales y plazos—la iniciativa combina legitimidad ciudadana con la opción de convertir votos en legislación.
El éxito depende de persuadir a más de trece millones de colombianos de que la Reforma Laboral merece un “Sí”. Si lo logra, el país podría iniciar un viraje histórico en materia de trabajo decente; si no, el resultado marcará los límites políticos de la actual administración en la recta hacia las elecciones de 2026.
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