El presidente Gustavo Petro anunció que las concesiones viales en Colombia que lleguen a su vencimiento o se reviertan al Estado pasarán a ser administradas directamente por el Gobierno Nacional.
Con esta medida, el mandatario aseguró que se busca aliviar los costos de los peajes en Colombia, un tema que genera creciente inconformidad entre los conductores y las comunidades aledañas a las principales carreteras del país.
¿Qué pasará con las concesiones viales en Colombia?
El anuncio se dio a través de las redes sociales del jefe de Estado, quien explicó que el modelo actual de concesiones con operadores privados ha elevado los precios de los peajes y generado beneficios desproporcionados para ciertas empresas.
“El Estado asumirá el manejo de las concesiones viales cuando se venza su contrato o cuando haya reversión”, indicó Petro, dejando abierta la posibilidad de no renovar los convenios con los concesionarios que hoy operan varias de las principales autopistas nacionales.
Ordené que las concesiones viales que reviertan, serán de ahí en adelante, administradas por el gobierno.
El costo de los peajes disminuirá en el país. https://t.co/0mtkWma73q
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 20, 2025
Actualmente, Colombia cuenta con más de 70 concesiones viales, de las cuales 17 están próximas a vencerse en los próximos años, según datos citados por el congresista del Partido Verde, Santiago Osorio. Para el legislador, el Gobierno debe evitar extender contratos que, en su criterio, no benefician a las comunidades.
El impacto económico de los peajes
En Colombia, los peajes han sido una fuente importante de ingresos para financiar la construcción y el mantenimiento de vías. Sin embargo, el incremento de tarifas en los últimos años ha generado inconformidad entre transportadores de carga, empresas de logística, taxistas y usuarios frecuentes de las carreteras.
De acuerdo con datos del Ministerio de Transporte, en 2024 el valor promedio de un peaje para vehículos livianos oscila entre 10.000 y 20.000 pesos, mientras que los camiones de carga deben pagar hasta 80.000 pesos por cada punto de control. Estos costos repercuten directamente en el precio de los alimentos, el transporte público y el comercio regional.
Por esta razón, el Gobierno considera que asumir la administración de las concesiones podría ayudar a reducir los costos operativos y, en consecuencia, disminuir las tarifas que pagan los usuarios. No obstante, expertos advierten que si no se asegura un modelo eficiente de mantenimiento y ampliación de vías, la infraestructura podría deteriorarse y generar un efecto contrario al esperado.
Retos del Gobierno en la administración de vías
A pesar de la expectativa, la decisión del presidente también abre interrogantes sobre la capacidad del Estado para gestionar de manera directa la operación y el mantenimiento de grandes corredores viales.
Analistas en infraestructura recuerdan que la experiencia pasada del Instituto Nacional de Vías (Invías) no siempre garantizó eficiencia ni calidad en las carreteras nacionales.
En este sentido, especialistas advierten que el Gobierno deberá diseñar un modelo transparente, con veeduría ciudadana y controles efectivos para evitar corrupción o retrasos en los proyectos. Asimismo, será necesario garantizar recursos suficientes para el mantenimiento de las vías y para las futuras ampliaciones que requiere la red nacional.
La decisión de Gustavo Petro marca un giro en la política de concesiones viales en Colombia. Si bien busca reducir los costos de los peajes y aliviar la carga de los ciudadanos, el reto estará en lograr que el Estado asuma con eficiencia un modelo que por décadas ha estado en manos privadas.
Los próximos meses serán clave para definir el futuro de las 17 concesiones que están a punto de expirar y que podrían convertirse en el primer gran laboratorio de este cambio de política.
