El accidentado camino judicial para definir el futuro de la expedición de pasaportes en Colombia ha sumado un nuevo e importante capítulo. El Consejo de Estado ordenó dejar sin efectos las decisiones clave que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había tomado dentro de una acción popular que busca tumbar el actual modelo de emisión de libretas, señalando serias irregularidades procesales y falta de sustento jurídico.
Con esta decisión, el alto tribunal no solo pone un «freno de mano» al proceso iniciado por el ciudadano Nicolás Dupont, sino que obliga al Tribunal de origen a revisar desde cero si la demanda cumple con los requisitos legales para ser admitida.
Panorama general: El conflicto jurídico escaló cuando el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores interpuso una tutela alegando la vulneración de sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. El argumento central, validado ahora por el Consejo de Estado, es que el demandante nunca cumplió con el requisito de procedibilidad: el paso previo de reclamar directamente ante las entidades antes de acudir a los jueces.
Según el expediente, Dupont intentó subsanar esta falta entregando como prueba una respuesta que la Cancillería le había dado a un tercero, el representante a la Cámara Juan Sebastián Gómez, sobre el mismo tema. Para el Consejo de Estado, este documento no equivale a una petición personal y directa del accionante, lo cual es una exigencia de ley en las acciones populares.
«Para la Sala resulta diáfano que no es cierto que el tribunal haya analizado un perjuicio irremediable», sentenció el fallo, cuestionando la ligereza con la que se dio curso a la demanda.
Pasaportes 2026: ¿Por qué el Consejo de Estado anuló las decisiones del Tribunal de Cundinamarca?
El fallo del Consejo de Estado no solo se limitó a la forma, sino que lanzó duros cuestionamientos a la actuación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en tres puntos específicos que generaron alarma en el Gobierno Nacional:
El «salto» a la carta rogatoria: El Tribunal había ordenado notificar a la Casa da Moeda de Portugal (entidad con la que Colombia tiene el convenio de pasaportes) a través de correo electrónico, ignorando los protocolos internacionales de carta rogatoria.
Ampliación injustificada: Los magistrados de Cundinamarca habían extendido el alcance de la demanda a todo el modelo de pasaportes y al Convenio Internacional No. 104, un movimiento que el Consejo de Estado calificó como una incorporación de asuntos que no habían sido debatidos inicialmente.
Inexistencia de perjuicio demostrado: El alto tribunal advirtió que no se justificó por qué era necesario admitir la demanda de urgencia sin cumplir los requisitos, ya que no se probó la existencia de un «daño irremediable» inminente.
Por qué es importante: La decisión del Consejo de Estado deja sin efectos los autos proferidos los días 9 y 24 de febrero de 2026. Esto significa que el proceso queda suspendido y regresa a manos de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal de Cundinamarca.
Dicha instancia tiene ahora un plazo máximo de diez días para emitir un nuevo pronunciamiento. En este lapso, los magistrados deberán decidir si admiten o rechazan la demanda, pero esta vez, bajo la estricta lupa de las consideraciones del Consejo de Estado: deberán justificar técnica y jurídicamente si existe un riesgo real que permita saltarse los pasos procesales o, de lo contrario, inadmitir la acción popular que hoy mantiene en vilo el sistema de pasaportes del país.
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