Mauricio Gaona, abogado constitucionalista con doctorados en McGill y Harvard, volvió al centro del debate público tras calificar de “exabrupto jurídico” el decreto con el que el presidente Gustavo Petro pretende convocar una consulta popular pese al rechazo del Senado.
Su postura ganó visibilidad este 18 de junio, cuando se enfrentó en W Radio al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Mientras el Gobierno defiende la figura del control difuso para sortear el concepto adverso del Congreso, Gaona advierte que el plan amenaza la separación de poderes y abre la puerta a un hiperpresidencialismo similar al de Venezuela o Nicaragua.
#AEstaHora | El ministro Eduardo Montealegre participa en el debate para hablar sobre la Consulta Popular por decreto.
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— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) June 18, 2025
Consulta popular: cronograma y controversia
El Senado negó el concepto favorable a la consulta el 14 de mayo con 49 votos contra 47, decisión que el Ejecutivo decidió ignorar. Para salvar la iniciativa, Petro firmó el decreto 1172 de 2025, que fija la votación para el 7 de agosto y se ampara en la “excepción de inconstitucionalidad”.
Sin embargo, el registrador nacional Hernán Penagos suspendió temporalmente su trámite hasta que las altas cortes decidan sobre las decenas de demandas presentadas, alegando que “está en juego la democracia”. Por el momento, la Consulta del Gobierno no se realizaría el 7 de agosto próximo.
¿Quién es Mauricio Gaona? Perfil del constitucionalista
Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado en la toma del Palacio de Justicia de 1985, se formó como abogado en la Universidad Externado.
Cursó posgrados en la Sorbona y UCLA y obtuvo su doctorado en Derechos Humanos en McGill, con estancia en Harvard Law School. Ha sido asesor del fiscal general, contralor delegado y secretario privado en el Consejo de Estado, además de profesor invitado en universidades de Norteamérica y Europa.
Su trayectoria combina litigio estratégico, investigación y docencia en derecho constitucional, internacional y derechos humanos. Este bagaje lo convierte en referencia obligada cuando surgen tensiones entre poderes públicos y garantías democráticas.
Críticas de Gaona al control difuso y al “decretazo”
En carta enviada a La W semanas antes del debate, Gaona calificó de “exabrupto jurídico de proporciones históricas” la tesis de que el presidente ejerce control constitucional difuso.
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Recordó que en el modelo estadounidense —fuente del concepto— dicho control lo ejercen los jueces y no el Ejecutivo, por lo que trasladarlo a la Casa de Nariño rompería el diseño de frenos y contrapesos.
Montealegre replicó que la Constitución colombiana combina controles concentrado y difuso y que el decreto se ajusta al artículo 241 numeral 3. Gaona respondió que admitir esa interpretación equivale a permitir que el presidente, tras perder una votación en el Congreso, la declare “inaplicable” y convoque al pueblo, práctica que —alerta— precedió a procesos constituyentes capturados por el Ejecutivo en otros países.
Analistas temen que la controversia derive en un choque de trenes institucional si la Corte Constitucional falla en contra del decreto y el Gobierno insiste en la consulta o en una Asamblea Constituyente como plan B.
El costo estimado de la votación —750.000 millones de pesos— y la logística requerida añaden presión sobre la Registraduría, que ya advierte del riesgo de “anarquía constitucional” sin reglas claras.
El pulso entre el Gobierno y los órganos de control definirá el alcance del decreto y, con él, el futuro de la consulta popular. Más allá de la pugna jurídica, la posición de Mauricio Gaona invita a reflexionar sobre los límites del poder presidencial y la importancia de preservar la separación de poderes como garantía última de la democracia colombiana.
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