En las últimas semanas, la reconocida cadena colombiana de pollo frito Frisby ha sido protagonista de una controversia internacional luego de que surgiera en España una empresa con el mismo nombre.
La situación ha despertado una fuerte reacción entre los colombianos, tanto dentro como fuera del país, y ha abierto una discusión sobre los límites de la propiedad intelectual y el uso de marcas registradas en otros territorios.
Fundada en 1977 en Pereira por el empresario Alfredo Hoyos Mazuera, Frisby S.A. BIC se ha consolidado como una de las marcas de comida rápida más emblemáticas de Colombia, con más de 270 restaurantes distribuidos por todo el país.
El conflicto entre Frisby Colombia y Frisby España: una alerta sobre la protección de marcas en el extranjero
En 2005, la compañía registró su marca en la Unión Europea, como parte de una estrategia de expansión internacional. Sin embargo, nunca llegó a operar comercialmente en ese continente.
Dos décadas después, en diciembre de 2024, se constituyó en Bilbao la empresa Frisby España S.L., que comenzó a promocionar la apertura de restaurantes bajo el mismo nombre.
Esta acción generó confusión entre consumidores colombianos residentes en Europa y encendió las alarmas en la casa matriz colombiana, que denunció inmediatamente una posible apropiación indebida de su identidad de marca.
¿Quiénes están detrás de Frisby España?
Según consta en la escritura de constitución de Frisby España S.L., la empresa fue fundada por el abogado español Gonzalo Barrenechea Correa, en sociedad con la ciudadana belga Jacqueline Guillemine Pérez Parcha.
Ambos cuentan con antecedentes empresariales en sectores diversos, incluyendo consultoría y desarrollo comercial en Europa.
No obstante, hay un tercer implicado: un empresario que ha preferido mantener su nombre en reserva por razones de seguridad, pero que ha sido señalado como el principal impulsor del proyecto.
Este inversionista cuenta con experiencia en el ámbito financiero y ha liderado emprendimientos en turismo, tecnología y gaming. En declaraciones a medios europeos, manifestó que detectó una oportunidad de negocio por la creciente población sudamericana en España y la falta de marcas de comida rápida que apelen directamente a sus gustos y costumbres.
La empresa española no solo comenzó a operar bajo el nombre «Frisby», sino que también estaría utilizando elementos visuales y personajes similares a los desarrollados por la compañía colombiana, lo cual ha sido calificado por Frisby S.A. BIC como una “violación flagrante” de sus derechos de propiedad intelectual.
Ante las quejas formales, Frisby España S.L. respondió solicitando ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) la nulidad del registro de la marca colombiana, argumentando que esta no ha sido utilizada en Europa en los últimos cinco años, lo que, según la normativa vigente, permitiría que otro solicitante la utilice.
La EUIPO ha otorgado un plazo de dos meses a la empresa colombiana para demostrar el uso efectivo de su marca en el continente europeo. De no lograrlo, el registro podría ser revocado y la marca quedaría en manos de la nueva empresa.
Desde Pereira, la compañía colombiana ha reiterado que nunca ha autorizado ninguna expansión ni cesión de su marca en Europa y que la actuación de la empresa española representa un intento deliberado de aprovecharse de su reputación.
“Se está engañando al público. Se está utilizando una marca que, aunque no haya tenido presencia física en Europa, es ampliamente conocida por la diáspora colombiana y latinoamericana”, afirmó un vocero de Frisby S.A. BIC.
Por su parte, el empresario anónimo detrás de Frisby España afirmó que su intención inicial era establecer una alianza estratégica con la compañía colombiana, pero al no recibir respuesta, optaron por seguir de forma independiente.
El conflicto ha generado solidaridad entre empresas colombianas e incluso apoyo de consumidores internacionales que consideran que se trata de una apropiación indebida de una marca nacional icónica.
Más allá de la indignación emocional, el caso ha puesto de relieve la importancia de proteger adecuadamente los activos intangibles en mercados extranjeros, incluso si no hay operaciones inmediatas previstas.
A medida que se desenvuelve la disputa legal, este caso podría convertirse en un precedente importante en cuanto a los derechos de uso de marcas registradas, pero no activas en determinadas regiones.
También sirve de advertencia a empresas latinoamericanas sobre la necesidad de mantener activos sus registros de propiedad intelectual en mercados potenciales.
La historia de Frisby en España apenas comienza, pero ya ha puesto sobre la mesa un debate crucial sobre los límites de la legalidad, la ética empresarial y la protección de la identidad corporativa en un mundo globalizado.
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