Entre los ingresos tributarios que financian la salud pública en Colombia hay una línea que rara vez aparece en el debate presupuestal, aunque lleva dos décadas creciendo: la que proviene de los juegos de suerte y azar. No es una cifra menor, y su destino está legalmente definido, lo que la convierte en uno de los pocos tributos con asignación específica que sobreviven en el sistema colombiano.
De dónde sale y a dónde va
El régimen actual nace de la decisión de regular el juego en línea en 2016, cuando Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en otorgar licencias formales a operadores digitales. La administración quedó en manos de Coljuegos, que opera el sistema de concesiones y fiscaliza a los operadores autorizados.
El diseño tiene una particularidad que explica buena parte de su estabilidad política: los recursos que genera la explotación de estos juegos están destinados por ley al sistema de salud. Eso ha blindado el esquema frente a los vaivenes de cada reforma tributaria, porque recortarlo implica explicar de dónde saldría el reemplazo.
El comportamiento del recaudo, además, es relativamente predecible frente a otras fuentes. Mientras el recaudo tributario general de 2026 ha mostrado la sensibilidad habitual al ciclo económico, los ingresos por juego en línea han seguido una curva más estable, sostenida por el crecimiento de la base de usuarios registrados más que por el gasto individual.
Tres modelos, tres resultados
La región ha ensayado caminos muy distintos, y a diez años de distancia ya se pueden comparar resultados.
El modelo colombiano —licencia nacional, operador autorizado, destino específico— cambió la discusión de sitio. Aquí ya no se debate si el Estado debe recaudar de esta actividad, sino cuánto y con qué eficiencia. El costo del modelo es administrativo: exige una entidad con capacidad de fiscalización y persecución del mercado ilegal, que no desaparece por decreto.
El modelo argentino delegó la competencia a las provincias, lo que produjo veinticuatro regímenes distintos. La consecuencia previsible fue el arbitraje: operadores domiciliados en la jurisdicción más laxa atendiendo usuarios de todo el país. El recaudo agregado existe, pero se reparte de forma desigual y la fiscalización es débil por definición.
El modelo chileno es el caso que más conviene mirar desde Colombia, porque muestra el costo de la demora. Chile mantiene una regulación robusta para casinos físicos, con una superintendencia sectorial que funciona bien, pero no ha aprobado todavía un régimen específico para las plataformas digitales. El resultado es que el Estado no percibe de la actividad en línea el impuesto que sí cobra a las salas presenciales, aunque el consumo ya se trasladó: los seguimientos de mercado que publica La Tercera documentan una oferta amplia de promociones de bienvenida operando sin licencia local y dirigida a usuarios chilenos.
Es la situación exacta en la que estaba Colombia antes de 2016: un mercado activo, usuarios reales, cero recaudo. La diferencia es que Chile lleva ya varios años en ese punto y la discusión legislativa sigue abierta.
Lo que aún no está resuelto en Colombia
Tener régimen no equivale a tenerlo resuelto. Hay al menos tres frentes abiertos.
El primero es el mercado ilegal. Los operadores sin licencia no pagan, no reportan y compiten con ofertas que un operador regulado no puede igualar precisamente porque cumple. El bloqueo de dominios ayuda, pero es una carrera que nunca termina.
El segundo es la trazabilidad de los pagos. Buena parte de la fiscalización efectiva depende menos de perseguir sitios que de seguir el dinero, lo que involucra a la DIAN y al sistema financiero más que a la entidad sectorial.
El tercero, el menos discutido, es qué proporción del recaudo se gasta en administrar el recaudo. Es la pregunta que corresponde hacerle a cualquier tributo con destino específico, y en este caso no hay una respuesta pública sencilla.
La lección comparada
El contraste entre Colombia y Chile sugiere una conclusión bastante clara: el debate sobre si conviene regular el juego en línea está mal planteado, porque la actividad ocurre igual. La única variable que la regulación decide es si el Estado participa o no de lo que ya se está moviendo.
Colombia tomó esa decisión hace diez años y hoy discute el destino de esos recursos, no su existencia. Es, con todos sus problemas pendientes, una discusión bastante más productiva que la anterior.
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