El abogado Enrique Gómez, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, decidió lanzarse como precandidato a la presidencia para las elecciones de 2022 reviviendo el movimiento de Salvación Nacional y pretende materializar la visión política conservadora de Gómez Hurtado. En 360 Radio, compartió las bases de su precandidatura a la presidencia.
360:
¿Qué significaría para ustedes el regreso de Salvación Nacional a la senda política del país?
Enrique Gómez Martínez (E.G.M.):
Lo hemos llamado ‘renacimiento’ porque el renace la esperanza, renace la doctrina de Álvaro Gómez que es muy valiosa, muy densa; no solo en lo conservador, sino que él tuvo una vida muy productiva a nivel político con este mensaje del Acuerdo sobre lo fundamental. Él ya lo venía trasegando desde los finales de los 70’s cuando cayeron las reformas constitucionales del 78 y el 79, en las que él se involucró muy a fondo.
En ese momento empieza a pensar en que hay necesidad de un acuerdo de más amplios espectro suprapartidista y finalmente toda esa reflexión da origen a Salvación Nacional, que es un movimiento suprapartidista para lograr un acuerdo con el pueblo y alcanzar un mandato que permita hacer un acuerdo intrapartidista con los políticos formales y los partidos tradicionales en relación a un conjunto de valores que se han un mínimo proyectable de la acción del estado y que le dé la garantía a los ciudadanos de que el estado realmente se transforma y se vuelve un escenario de beneficio para la sociedad y el progreso. De ahí se formula este acuerdo, que es amplio y multipartidista, no solo en los interlocutores sino en los partícipes, busca que personas de diferentes ideologías.
El renacer es muy importante para nosotros porque el régimen que él denunció, y llevó a que fuera asesinado, es un régimen que no quiere que se sepa la verdad y no ha permitido que un trabajo probatorio muy serio que yo ideé como apoderado de la parte civil durante 13 años de mi vida llegue a juicio. De ahí, un gran triunfo para nosotros fue la declaratoria de crimen de lesa humanidad en persona protegida en su condición de periodista precisamente cuando fue asesinado. Esa lucha por la justicia y por derrotar la impunidad en este y en todos los casos.
Nos dimos cuenta de que en el largo plazo reducíamos la dimensión histórica de Álvaro al momento trágico de su asesinato, pero es mucho más, es más en la doctrina, las dinámicas de los consensos, los valores, su ejemplo de que en 50 años de vida no tuvo una tacha. Él demostró que se puede hacer política con ideas, con debate, conversaciones y consensos. Ese legado de Álvaro es muy valioso en la actualidad e increíblemente vigente, está en boca de todos. No hay una sola vertiente ideológica entre los precandidatos y candidatos presidenciales que no se llene la boca con las palabras del Acuerdo sobre lo fundamental.
El Acuerdo se ha vuelto casi una marca autónoma de su propio concepto, no todos los que lo invocan son sinceros, y este requiere conductas que propicien el consenso y, el punto dos, que es sobre la moral y hace que muchos de los actuales precandidatos que tienen conductas francamente inmorales en su carrera política reciente y remota, deberían enfrentar a la opinión pública, tratar de explicar o retirarse de la aspiración cuando no puedan dar cuenta desde lo moral lo que han hecho en el pasado, hablo propiamente de Petro y Roy Barreras, que son aspirantes ilegítimos e inmorales; tienen videos espantosos sobre manejo de dinero en efectivo sin explicar quién se los dio o para qué. Incluso Petro renueva esa inmoralidad haciendo eventos presenciales donde tampoco sabemos quién lo financia. Álvaro decía «no podemos dejar la moral en manos de la ley». Estos bandidos se han aprovechado del error de dejar a la ley el juicio moral. Así pasa con muchos otros partidos tradicionales aquí en Colombia que no tienen propósito ni voluntad de cambio o enmienda, no representan a nadie y no les importa. Tampoco representan una idea, tampoco les importa; porque reciben financiación pública simplemente para mejorar sus posibilidades de reelegirse y traficar contratos e influencias, esa es la única política que conocen.
Salvación Nacional renace limpia, sin historia, sin pasado oscuro, sin compromisos con esas prácticas, ofreciéndole a la gente un acuerdo diferente, en donde pueden plasmar sus propuestas en pro de un mejor país. La gente ha recibido bien esto y esperamos ser aceptados y lograr participar. La sentencia de la Corte hace que sea indispensable para nosotros participar, nos da optimismo, porque si logramos transmitir este mensaje, por sí mismo esto le va a permitir al partido alcanzar el umbral y tener representantes parlamentarios a partir de 2022.
360:
¿Cuándo nace la idea de iniciar nuevamente con Salvación Nacional? ¿El proceso con el CNE en qué estado está? ¿Cuándo tienen ustedes estimado que les otorguen la personería?
E.G.M.:
De tiempo atrás, lo conservador y el legado que recibimos de Álvaro no tenía espacio en la política. Con mi hermano y con mi hijo habíamos de alguna manera considerado la idea de recaudar firmas, pero la reforma del acto legislativo 2 de 2003 cerró un poco el espectro de movimientos y creó condiciones más exigentes para la subsistencia y creación de partidos lo hizo muy difícil, porque la sanción por no cumplir el umbral es sumamente costosa; la recolección de firmas es un proceso que puede tener fallas, todo esto lo disuadía a uno.
Nosotros vimos lo que hizo la familia Galán en su proceso, uno muy meritorio porque lo han luchado, pero el fallo es contradictorio porque a nosotros nos beneficia y nos da la opción de revivir estas ideas, pero tiene una situación orgánica y es una Corte legislada de fondo con una sentencia de certificación que redibuja completamente la teoría del estado del arte electoral en el país, permite no solo revivir al Nuevo Liberalismo o Salvación Nacional, sino que va a permitir revivir en principio 20, 30 o 40 movimientos. Genera además esa suspensión de sanción por no cumplir el umbral.
¿Qué pensaría uno? Es mi reflexión, hicimos la reforma del 2003, la del 2011 y trajimos financiación pública para los partidos, por eso les entran esas grandes cantidades de dinero a los partidos establecidos, y esos han sido secuestrados por los parlamentarios y no le ofrecen a la población ni una política transparente ni una política propositiva. Pareciera que la Corte sacudiera el árbol y quisiera volver a barajar. Parece un regalo bonito, pero envenenado.
360:
Haciendo un recuento de las intervenciones que hizo el doctor Gómez, uno podría creer que está hablando hoy. ¿Cómo tratar de trabajar en la desconfianza que tienen los colombianos hacia el sector público?
E.G.M.:
Tal vez el acuerdo sigue vigente porque Álvaro no logró hacerlo, porque lo asesinaron por denunciar la corrupción más horrible. Una sociedad que ve un estado que, en este caso el gobierno actual, beneficia tribunales es cruel. Sino lo hubiéramos perdido tal vez nos hubiera llevado a este acuerdo. El país progresó, en lo material, pero se quedó estancado en muchas cosas. Los colombianos preferimos solucionar algo con lo que no estamos contentos, «transacciones», con tal de que nos dejen en paz. Eso es venal y es malo, implica que no abordemos los grandes problemas para solucionarlos.
Creemos que estos acuerdos básicos sí pueden transformarlos, pueden incluso transformar el estado colombiano y volverlo en un estado que no sea ineficiente, que no sea ladrón y que no intervenga tanto, porque es que a mí me sorprende este debate que estamos viendo porque siento la necesidad no solo de promover estas ideas sino de intervenir un poco.
Casi todos los otros candidatos ofrecen y reclaman más intervención del estado, más roles, más responsabilidades, no hay con que pagarlo. Ya sabemos que nuestro estado es disfuncional, ineficaz e ineficiente, pero piden que le demos más. ¿Cómo se nos ocurre darle más poder? Cuando eso pasa siempre se crean más peajes para el empresario, escenarios de corrupción… Todos los días pasa aquí que el estado no resuelve el problema y le carga trabas al ciudadano.
La sumatoria de cargas, que en general son cargas de la desconfianza, es porque no nos creemos unos a otros. El Estado no nos cree y nosotros no le creemos al Estado y esa recarga de desconfianza se traduce en toda clase de trámites innecesarios que ahogan al empresariado y al microempresario.
Lograr tener éxito como empresario aquí es un milagro, porque no es sólo la falta de productividad, que está en el acuerdo de lo fundamental, porque ese es el acuerdo sobre el desarrollo. Una falta de productividad derivada de la mala educación de nuestros jóvenes, mala educación que deriva de que Fecode tiene secuestrada a toda nuestra educación y de esa mala educación pasamos a un efecto bien triste. Nuestros jóvenes casi no saben leer o no entienden lo que leen, no saben despejarle ecuaciones matemáticas con dos incógnitas, llegan con mucho resentimiento a escoger su formación profesional o técnica y les sacan el cuerpo a las ciencias exactas, porque vienen mal preparados.
El país se especializa en formar abogados, psicólogos, sociólogos, poetas y eso no nos va a sacar de la pobreza. No tenemos suficiente capital humano bien formado en las ciencias técnicas, en las ciencias profesionales exactas que necesita el empresario del país, porque los chicos le rehúyen a eso.
Estamos formando profesores que no necesitamos como complejo productivo y empresarial, como unidad sistémica de producción, pero además esas personas quedan sin espacio en la sociedad, destinando habilidades que al empresariado no le interesa y están formados por unos sistemas universitarios caducos. Las universidades colombianas están congeladas en el siglo XIX. El sistema regulatorio de vigilancia y control a través del ICFES impide que un programa en Colombia se apruebe antes de 2, 3, hasta 5 años. La realidad se mueve y la transmisión de conocimiento en la realidad actual se mueve en meses. Surgen carreras enteras en semanas, la gente se forma en grandes escenarios laborales en 60 o 100 horas y nosotros tenemos una universidad caduca llena de conocimiento inútil que no se quieren reformar, porque es otro de esos escenarios de inmovilismo social.
Proponemos que en ese universo del acuerdo transformemos la productividad, recuperemos la educación básica y liberalizar completamente la educación técnica y superior. Ese supuesto de que el Estado es el que me va a garantizar a mí que la educación es buena, no. El ciudadano sabe distinguir si un instituto técnico es bueno, malo o regular, y tal vez escoge el malo porque no le alcanza, pero después aspirará a uno mejor, y ese ciudadano sí puede decidir eso y no necesita del ICFES.
Para la educación formal, ¿de verdad necesitamos que las universidades vayan al ICFES a pedir permiso para adecuarse a la realidad, no deberíamos dejarlas libres, que ellas decidan cómo montan sus carreras sin el control del Estado y sin el control de los pares?, es una cosa hipócrita, una institucionalidad universitaria que impide que entren nuevos oferentes, impide que los que están innoven, porque es mejor preservar esas pequeñas ínsulas, esas casitas de estudios, esos intereses académicos. Rompamos con eso, la modernidad es dinámica. Necesitamos productividad, sin buena mano de obra no hay productividad.
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Nuestro salario mínimo es demasiado alto, porque los empleados no lo producen, por eso hay 63% de informalidad en Colombia, quedamos con una disputa caduca sobre el salario mínimo que le sirve de base a las centrales obreras para negociar los incrementos anuales salariales, pero ninguno de esos trabajadores sindicalizados se gana el mínimo.
Esos diferenciales están en regiones, en el uso rural y en el uso urbano, porque en el uso urbano de esta megaciudad hay muchos empleados que no generan el mínimo, porque se volvió un lugar de llegada, no una puerta de entrada.
Hay porteros de por vida con el mínimo, viviendo orgullosos porque tiene un salario, horas extras, prestaciones y no tiene ningún estímulo para salir, no se quiere formar, no quiere hacer nada destino. El mínimo es un tope cuando nuestra realidad es otra. Los jóvenes salen a buscar en un mundo irreal. Menos del 30% de los jóvenes puede aspirar a un empleo formal, el resto les toca conformarse con lo que el microempresario les puede dar. Hay que transformar radicalmente ese escenario. Flexibilizar el contrato, flexibilizar la remuneración. Hay que hacer el salario por horas y por días. La economía es mucho más inteligente que el Estado y necesitamos cambios sistémicos para llegar al objetivo, porque el país no sobrevive con menos del 5% de crecimiento. No hay manera de que superemos la pobreza, no hay manera de que nivelemos la desigualdad, si no crecemos a ese ritmo.
Cuando crecimos en ese pequeño breve episodio de éxito del presidente Uribe, antes de que nos entregáramos a las mieles de la bonanza petrolera, la pobreza bajó, la desigualdad bajó y entramos a un universo de mala política de Santos. Un país viene exportando menos en las exportaciones no tradicionales todos los años desde hace 20 años, un país que el 70% de su oferta externa está concentrada en 5 productos: petróleo, carbón, café, níquel y oro. Hemos vuelto al empresario el enemigo social número, cuando el enemigo público es el criminal, el corrupto, el funcionario público ineficiente, el juez que no falla, ese un enemigo de la sociedad. El empresario lo hemos recargado con todo tipo de responsabilidades sociales, lo hemos estigmatizado, le hemos puesto esta cultura de la desconfianza que hace que el microempresario no se formalice, porque si no tiene el dinero para mercar, tampoco tendrá para pagar un registro de Cámara de Comercio, hay que eliminar eso.
Propongo un gran acuerdo sobre el desarrollo donde se elimina el registro de Cámara obligatorio, es un club al que uno quiere y decide si pertenece o no, las cámaras existen para obstaculizar el desarrollo, para obstaculizar al empresario.
El empresario que en el en el desarrollo de su empresa valore los servicios de la Cámara de Comercio y quiera tener ese certificado, lo puede hacer. Hemos enterrado a Colombia, el trámite que más veces hemos destruido y vuelve a aparecer es el certificado de supervivencia. Necesitamos que el poco Estado que hay funcione y financiarlo bien, porque esto es una situación irresponsable.
Cualquiera que sea electo en 2022 tiene que hacer otra reforma tributaria. Debemos volver al modelo de la reforma tributaria de Duque 2021-1. La 1.0 era una reforma seria, responsable y técnica. No fue mal vendida, hubo un espíritu subversivo de un señor que desde el día en que perdió las elecciones, le cantó al presidente que no sólo no iba a respetar el resultado, sino que iba a ejercer una violencia intimidatoria en contra de él y todos los funcionarios, y pasó. Lo usaron para frenar esa reforma y lo usaron para exacerbar la inconformidad obvia que derivaba esa cosa terrible que fue la cuarentena por COVID.
Tenemos que volver a hacer un acuerdo sobre lo fundamental en infraestructura. Los costos logísticos del industrial colombiano le impiden exportar, le sumamos todas las obligaciones, las distorsiones judiciales, estabilidades reforzadas, costos extraordinarios, la imposibilidad de testear por alcoholismo o intoxicación a los trabajadores, y le agregamos la peor logística del país porque el Estado se acostumbró a que las concesiones las entregan gota a gota, porque suponen los grandes señores que ahora se lanzan – con qué desvergüenza en mi opinión los que han estado en el poder los últimos 20 años, personas que han tenido toda clase poder – que han hecho vivir del poder y vienen a decir que son berracos.
Cuando nos llegan las obras y las terminan después de ocho años, ya no sirven, se quedaron chiquitas, están deterioradas. Hay que hacer otros canales logísticos grandes y hacerlos grandes, porque el tiempo y la pérdida de productividad está ahogando la economía y sí tiene un costo. Entonces necesitamos otra forma de abordar el problema logístico y de infraestructura, lo grande no nos puede quedar grande, tenemos que hacer cosas enormes para poder dar productividad y competitividad, si no hay exportaciones este país no sale adelante, no hay los 3 millones de empleos que necesitamos y nos llegamos a ese 5% mágico, que cuando lo tuvimos 4 o 5 años, nuestra pobreza absoluta bajó a la mitad en 5 años, por lo que necesitamos lograrlo, hacerlo sostenible, con buen manejo fiscal y hay que volver a la regla de equilibrio fiscal. Hay que ser estricto y conservador.
Los mismos señores, Gustavo Petro, César Gaviria dicen, vamos a gastar mucho más, eso lo único que hace es colocarnos más a fondo en la banca internacional, en la banca que ellos dicen odiar. A mí me encanta la banca, creo que es un elemento fundamental de toda sociedad desarrollada.
Yo nunca habría podido prosperar como profesional si la banca no me ayuda, pero una cosa es una cosa y otra cosa es ponerse en manos de la banca internacional en un mundo donde el mercado y el capital son ultra volátiles, Colombia no puede seguir endeudándose; estamos al 65% de PIB y eso es peligroso para un país como nosotros, pobre, chiquito y expuesto a los vaivenes de los juzgados internacionales y hay que recoger eso. Bajar ese endeudamiento nos hace fuertes, genera ahorro interno, nos permite controlar un poco la tasa de cambio y crecemos pagando menos tasas, entonces ahí está el punto, ese esencial del punto cuatro, esos son los consensos que vamos a plantearle a la población alrededor del acuerdo sobre lo fundamental.
Lo otro que nos está matando en el desarrollo, ya por lo menos fue innovador hace mucho tiempo, desde el 74 en adelante habló, fue el primero y el único en hablar de la ecología, antes se reían y se decían ‘ese viejo pendejo qué hace hablando de eso’. Pues el punto cinco es el del acuerdo sobre lo fundamental, es la ecología, pero la ecología quiere decir la relación del ser humano con el medioambiente; ahora hemos caído en un extremismo ambientalista en donde no está el ser humano, se habla de preservación, pero no se habla de la presencia del ser humano, eso está mal porque lo importante es regular la relación, lo otro es una utopía peligrosa, que es, ¿qué vamos a hacer? ¿Suicidarnos todos? Y hemos vendido a nuestros jóvenes ese concepto de que el ser humano es malo. El ser humano es hermoso y el colombiano es hermoso y es un verraco y tiene que relacionarse ordenadamente con el medioambiente, ahí de nuevo Álvaro Gómez nos dio la clave, la buena fe, yo creo aún más hoy en la responsabilidad social empresarial, en la conciencia de los fabricantes, los productores, los explotadores mineros, sobre el rol o la filosofía de esa responsabilidad de que sí se puede producir adecuadamente con menor impacto sobre el medioambiente, creo más en esos empresarios que en mil reguladores, pero más en eso que en mil CAR, creo más en eso que en diez mil funcionarios del medioambiente, porque todos esos funcionarios están es unos escritorios poniendo peaje, pidiendo plata, porque cada nuevo requisito, cada nueva licencia, cada nuevo proyecto se vuelve una oportunidad para la corrupción, y nunca veo yo a esos funcionarios persiguiendo a los que destruyen los bosques para sembrar coca o para talar o para la minería ilegal, yo nunca veo un funcionario de esos en el terreno, ¿usted lo ha visto alguna vez? ¿Usted ha visto alguna vez al ministro liderando una campaña en las selvas del país que están siendo destruidas? Nunca, ellos están aquí en los foros, están aquí encerraditos y tienen juzgados a los empresarios, yo digo que impere la buena fe. Yo creo más en los empresarios, creo más en su conciencia ambiental, sé que los grandes proyectos y privados tienen grandes expertos ambientales, tienen conciencia, tienen sistemas integrados de control de calidad que nos permiten un desarrollo sostenible y liberemos a los legales de ese peso regulatorio y persigamos a los ilegales porque el ordenamiento que tenemos es al revés, jodamos al legal, al justo e ignoremos al malo, porque eso sí, ¡qué peligro!
Hay que cambiar completamente el pacto generación con ecología, sí se puede avanzar, sí podemos tener un desarrollo sostenible. Ahora, Álvaro Gómez, metió el medio ambiente como derecho fundamental en la Constitución y le entregó al país el concepto de ‘desarrollo sostenible’ y le elevó a rango constitucional, vivamos esa necesidad de desarrollo sostenible porque eso va a ser muy importante por dos razones; despega mucha actividad empresarial importante, la libera de todas esas cargas sin que se genere un perjuicio irremediable, un perjuicio modelado, concreto, manejado, prevenido en relación con el medio ambiente; por otro lado, esto se ha vuelto una agenda política, el restriccionismo ambiental, la ampliación de las consultas populares, es una forma de esta izquierda radical que quiere ver a Colombia fracasar para de esas cenizas hacerse al poder de impedir el desarrollo del país, porque cuando se frenan las obras de infraestructura , cuando se frenan las líneas de transmisión, cuando se frenan los proyectos mineros, las autopistas, cuando se frenan las represas, se acaba el desarrollo, y en ese atraso, en esa pérdida de productividad, ¿quiénes prosperan? Esos que están dispuestos a destruir el país para conquistar el poder.
360:
En Colombia no se construye una cárcel desde finales de 2010, la última fue entregada por Álvaro Uribe Vélez en Medellín, y el presidente Duque habló en campaña sobre la importancia de una reforma a la justicia, pero aún no se ve nada reflejado al respecto. Muchos hablan de que hay que hacer una reforma a la justicia, pero nadie lo hace, ¿cuál es su observación al respecto?
E.G.M.:
El punto tres que es la justicia, es un punto esencial del acuerdo, ¿qué vamos a proponer? Por un lado, el diagnóstico cómo va a ser, tenemos una rama judicial soberbia, que reclama total autonomía en su administración, reclama recursos todo el tiempo y produce menos, pero cada día cuesta más. Es una rama que reclama un respeto sacrosanto por sus decisiones, casi sacramental como si fueran actos de fe del Papa, cuando son decisiones muchas malas, contradictorias, tardías casi todas. Y han reclamado otras dos cosas a la sociedad colombiana, la cual ha sido negligente e indiferente. Primero el derecho a legislar es el neo poder constituyente, la Corte Constitucional en el fallo que nos beneficia en observación nacional, legisla. Cambió todo el Código Electoral, todo el ordenamiento electoral colombiano con una decisión, ¿quién le dio permiso? ¿Quién la eligió? ¿Quién la controló? ¿Cuál es el control de constitucionalidad de esa ley? No hay. Y lo otro que nos ha pedido es o nos ha impuesto con una sentencia de la misma Corte Constitucional es ‘un momentico, no se engañen, aquí no pueden reformar el poder judicial sin el visto bueno previo de la rama’. O sea, no se puede reformar. Eso hay que acabarlo.
Lo que proponemos es una papeleta, a la manera de aquella séptima papeleta que nos trajo esta constitución, entonces queremos pedirle al Registrador y al Concejo Nacional Electoral que permita una papeleta en las elecciones parlamentarias de 2022 donde se planteen unos puntos concretos de reforma a la justicia y que eso reciba un enorme aval de la población y la Corte y toda la rama judicial tengan que agachar la cabeza.
Puntos esenciales que creemos son determinantes ahí; eliminar la independencia de la Fiscalía, ¿de qué ha servido eso? Álvaro Gómez no pensó en esa Fiscalía, la Fiscalía que Álvaro propuso en la constituyente y que no se dejó hacer, era dependiente del ejecutivo por una razón muy sencilla, si fracasa la política criminal, si fracasa en la Fiscalía, responde el Presidente, hay responsabilidad política real, responde el partido de Presidente. ¿Hoy día el Fiscal a quién le responde? Ni a Dios, no responde a nadie y esa estructura perversa constitucional además nos entrega a estos fiscales que inmediatamente los nombran se transforman en dioses menores, se vuelven unos tiburones con ese poder de procesar, de capturar, de nombrar, de desviar, de todo, son unos dioses ahí y no responden nunca y las condenas bajan y bajan y bajan; cada vez hay menos casos que van a juicio y delitos de alto impacto como homicidio, el país está llevando a juicio menos del 20% del total de los homicidios, vamos otra vez para los trece mil homicidios este año, eso quiere decir en la práctica que el 80% de los homicidios en Colombia ni siquiera se investiga. Entonces claro, asesinar paga, pues yo logro el objeto, me pagan por hacerlo o elimino al vecino que me jode, me dan plata por matar, ¿y qué me pasa? El 80% de probabilidades de que ni siquiera se investigue, eso en un país se está disolviendo. Entonces, eliminar la autonomía, ponerla en órdenes del ejecutivo y que el Presidente nos responda por la política criminal.
Los concursos no se cumplen la tasa provisional en todas las especialidades es altísima y el que saca las mejores notas no lo nombran, le ofrecen los peores puestos y los tribunales nombran a la de Dios estos jueces y es otro gran universo burocrático, otra gran oportunidad de corrupción, porque antes uno buscaba en el reparto que cayera en el juez venal, Ahora el juez venal va y busca el proceso a través de la provisionalidad. Los concursos deben hacerse y deben promoverse eficazmente y eso se puede hacer en un mes; escoger los resultados, llamar a los mejores y ofrecerles las mejores plazas, cooptar esa competencia en el Concejo Superior, cooptar la competencia del Concejo Judicial y nombrar a los buenos, a los que ganaron, los que estudiaron más y sacaron mejores resultados, y sacar de la rama a todas esas ‘corbatas’.
La Comisión de Disciplina Judicial no funciona, no condena, no investiga las conductas de los jueces, entonces tenemos a los jueces como el que acaba de suspender la liquidación de Ambuq en el Tribunal Superior de Barranquilla, un tipo que es conocido por lo venal, ¿y qué dicen los demás magistrados? Nada por ahí hay un error de solidaridad en la rama judicial. No todos los jueces son malos, no todos los magistrados son malos, pero sí guardan silencio cuando ven a alguien venal.
Otra propuesta importante ahí, eliminemos la competencia de segunda instancia del Concejo de Estado, la congestión de procesos en lo administrativo, démosle hora, el Concejo de Estado no puede seguir siendo juez de instancia, tiene que delegar eso a los tribunales que están creados y conocer en un marco de un recurso extraordinario sin tirar a la casación, hoy en día es la corporación judicial más grande del país, crece todos los años; más auxiliares, más magistrados y no resuelve; un proceso en apelación en el Concejo de Estado puede tardar ocho años. Entonces hicimos toda la oralidad en el CPACA y esa oralidad se perdió, toda esa plata se perdió porque el proceso pasa a apelación y el concejo se queda ahí, durmiendo. Eliminemos eso y pongamos al día la justicia con tensión administrativa.
Judicializamos demasiadas controversias, le voy a poner un ejemplo que es esencial y va a estar en esa papeleta; al trabajador le incumplen con el pago de las prestaciones propias del salario y la liquidación, ahí no hay discusión, eso está claro en la ley, eso es una liquidación que hace un computador, eso cuando le sucede al trabajador tiene que demandar, entonces debe pagar un abogado, ir al juicio e ir a las audiencias, pero eso es un trámite administrativo. Empleador, no pagó, eso es un trámite de aquí está su multa, aquí está su coactivo, eso es una cosa de un minuto, pero termina siendo un proceso de diez años. Todos los procesos laborales van a casación, todos los procesos judiciales van a casación, hay que sacar de ahí una cantidad de procesos del recurso extraordinario, la Corte Suprema tiene una congestión monumental, entonces menos procesos judicializados y menos instancias extremas, sólo para casos que por su altísimo valor social deben ir al recuso extraordinario.
Otra cosa que es muy importante que vayamos a proponer en esa papeleta, la gran pregunta, ¿vamos a aceptar que una Corte oscuramente entre una interacción entre otras cortes y el Ejecutivo y el Congreso legislen por encima del legislador o el único legislador aquí es el Congreso? Eso es lo que dice la Constitución, tenemos que hacer la pregunta, porque la Corte ya metió la puntica como se dice vulgar y coloquialmente a aquel acto legislativo que era el referendo de la segunda reelección de Uribe y de allá acá ahora legisla cuando falla ante una tutela, legisla en constitucionalidad, legisla porque sí, legisla porque no y además, le impone a país un modelo de sociedad como lo vemos por ejemplo en el tema del aborto que el país no ha votado y al contrario la mayoría de ciudadanos quiere que se mantengan las exclusiones del Código Penal del 80 y que se mantenga una política y una doctrina y una tradición en relación con el respeto a la vida del que está por nacer y resulta que unos señores y unas señoras allá que nadie eligió cambian eso, entonces eso tenemos que preguntarlo y tenemos que ver qué dice la población, si realmente están de acuerdo con una Corte que legisla de día y legisla de noche.
Esas son las propuestas para atender ese grave problema de justicia y partiendo de la siguiente premisa que es importante; la falta de justicia es igual a inseguridad porque cuando al bandido no lo condenan o lo condenan y lo sueltan y ni siquiera va a un juicio pues vuelve y delinque y esto es lo que tiene como resultado asustados y acongojados a los colombianos. Hay que resolver eso ya, no después, ¿cuántos candidatos se atreven a una reforma judicial? Ninguno, pero yo sí creo que se va a exigir y si no lo acepta la autoridad electoral, le vamos a pedir a la gente que como pasó con la constituyente pues haga su papeleta y vote o la baje de internet y se la mande a la Registraduría.