El gobierno tiene sobre la mesa un escenario que cobra más factibilidad con el pasar de las horas: el retiro del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, junto con el retiro de la reforma tributaria presentada para proyectar una nueva de la mano de los partidos políticos.
Por: Redacción 360 Radio
Las últimas dos semanas han sido un entierro lento y detallado para la Ley de Solidaridad Sostenible, presentada por el gobierno de Iván Duque, que no es más que una reforma tributaria. El primer gran error de este proyecto fue no haber sido concertado con los partidos políticos, que permitieran unas mayorías en el Congreso a la hora de presentarlo y de debatirlo, pero el Gobierno en una actitud orgullosa, prepotente e indiferente, decidió tirarse el aventón al que pocos gobiernos se han atrevido, esperando a que con el paso de los días los partidos se fueran sumando.
Esto, también fue una clara equivocación de timing político, pues los tiempos para tramitar una reforma no son convenientes por donde sea que se les mire. Primero, porque estamos a un año de tener nuevas elecciones tanto en el Congreso como de Presidencia y, segundo, porque estamos en el tercer pico de la pandemia del Covid.19, el más letal y el más virulento desde que inició esta contingencia mundial.
Los cierres en las ciudades capitales están vigentes, afectando de manera directa la economía y que se le venda a las personas la idea de que les van a cobrar más impuestos cuando es claro que el comercio no está funcionando al 100 %, se obtiene un resultado negativo más obvio del que se puede esperar. El inconveniente para la ciudadanía es que, si bien hoy puede considerar que no es necesaria una reforma tributaria, expertos económicos en materia fiscal y de administración pública y económica coinciden en que la reforma se necesita.
Más allá de la amenaza de una calificación por parte de una agencia internacional, que claramente es importante, el recaudo proyectado tanto del estado central como de los gobiernos locales será muy inferior para este año. Debido a las consecuencias económicas del 2020, tanto las empresas como las personas tributarán menos, lo que se sumará al endeudamiento acreditado por lo gobiernos y, así, el hueco que hoy existe se volverá aún más grande.
Pero dentro de esta reforma fiscal también hay aspectos que se defienden como el PAEF (Programa de Apoyo al Empleo Formal) o el subsidio a la nómina y se pide una depuración eficiente a los programas sociales de subsidios que existen hace 20 años en el país, pues nunca se ha evaluado su impacto real en la población atendida, que debería ser menos con el tiempo y no más. Por lo que sería coherente revisar también la estratificación en Colombia, pues no refleja la verdadera situación económica de muchos de sus habitantes.
Para el gobierno hay un punto a favor y es que los partidos políticos, que son los encargados de aprobar, modificar o rechazar la reforma, tienen en mente aprobar este proyecto para que el estado pueda establecer un nuevo esquema tributario para afrontar la pandemia y logre recaudar más.
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El presidente Duque ha señalado en sus círculos más inferiores que él no proyectaba otra reforma tributaria, por lo que esta ha surgido netamente a causa de la crisis actual, y que con esta busca tramitar un proyecto que dé equilibrio a las finanzas públicas, en donde los que tienen más paguen más para mantener a los que, supuestamente, menos tienen.
Sin embargo, con las últimas declaraciones tanto del expresidente Álvaro Uribe, líder natural del partido de gobierno, como las del mismo presidente Duque, que desconoció por qué los servicios funerarios quedaron gravados con IVA en la propuesta y, paralelamente, Uribe sepulta poco a poco la reforma jugando a una especie de «policía bueno» y «policía mano»; el gobierno ha tenido que considerar una opción bastante costosa mediática y políticamente.
Una de las grandes paladas que sufrió la reforma tributaria fue la foto de Germán Vargas Lleras con Arturo Char en la ciudad de Barranquilla, mientras sostenían un cartel que decía «No a la reforma tributaria». Y es que Vargas Lleras está trabajando para irse en contra de ese proyecto presentado por el gobierno y hoy es para el presidente Duque el primer enemigo a abatir con respecto a la reforma.
Lo cierto es que, aunque se van a tender puentes con Cambio Radical y con el tributarista de cabecera de Vargas Lleras, Santiago Pardo, para avanzar en la nueva reforma, el ex vicepresidente mira con escepticismo esta decisión.
Además de él, el Partido Colombia Justa y Libre, el Partido de la U, Cambio Radical y el Partido Liberal también están en contra de la reforma tal y como está. Mientras que el Centro Democrático continúa apoyándola firmemente, sin embargo entre todos hay algunas líneas que indican modificaciones sustanciales.
Por no mencionar las reacciones por parte de la ciudadanía y de los críticos del gobierno ante la reforma, que convocaron a un Paro Nacional el próximo 28 de abril, por lo que lo que pueda pasar de hoy a la fecha tendría un impacto directo en estas manifestaciones.
¿Entonces qué sucederá?
Se va a retirar la reforma tributaria radicada en el Congreso de la República, a la par, el ministro Alberto Carrasquilla dimitirá de su cargo para continuar con su aspiración a la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), cargo al que fue postulado en días recientes y, por consiguiente, el gobierno saldrá a una mesa con los partidos políticos para consagrar un nuevo texto que permita una mayor viabilidad y mayor porcentaje de éxito en el Congreso.
¿Cuáles son los puntos álgidos?
En primer lugar, existen consecuencias políticas, que muchos partidos están calculando y no están dispuestos a asumir, en cara a las elecciones del Congreso en 2022. Por otro lado, está lo que se debe hacer, pero no se hace porque es políticamente incorrecto y porque en un país en donde una gran sector de la población desconoce las diferencias entre declarar y pagar renta, cualquier explicación en materia tributaria se hace mucho más complejo.
Así, esta tiene que ser la oportunidad para generar un debate responsable, profundo y de largo aliento sobre las finanzas públicas del país. Una verdadera reforma estructural, no una reforma de paños de agua tibia y retazos como las 12 que se han tramitado en los últimos 20 años. Todo lo contrario.
Las pensiones de más de 7 millones de pesos para un panel de analistas económicos acreditados tienen que ser gravadas, por un hecho básico y elemental: el Gobierno Nacional cada año destina más y más dinero para cubrirlas, pues son las que mayores subsidios reciben. Esta propuesta es ¿popular? no, ¿correcta? sí, ¿responsable?, sí e incluso es un debate ético.
Luego, los impuestos al patrimonio o a la riqueza: no se debe subir el impuesto, como el 1 % que se plantea hoy. Se debe seguir promoviendo la política de repatriación de bienes y de patrimonios con una regularización para las miles de familias colombianas que tienen establecidas empresas fantasmas en países como Panamá, en islas del Caribe o en Europa.
En tercer lugar, hay que avanzar en la discusión de impuestos planos a todos los bienes, servicios y productos en el mercado colombiano, pero que este sea diferencial. Es el impuesto indirecto más fácil de recaudar. La factura electrónica en la que se está avanzando, a pasos de tortuga, permite mayor seguridad, transabilidad y transparencia, para que el gobierno pueda estudiar reducir el IVA, pero gravar absolutamente todo acompañado de la no devolución de este impuesto.
Por ejemplo: IVA del 5 % a los productos básicos, del 10 % a los de mediano rango y los bienes de tercer rango, considerado «de lujo» tengan un 15 % de IVA. A todas luces se estaría bajando, pero se recaudaría más y mejor dinero.
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Dentro del gobierno existen personas que consideran que no devolver el IVA es un error, que es injusto e inequitativo, pero está claro que en los países más desarrollados del mundo todos pagan IVA, todo está gravado y no existen miles de exenciones.
De eso se trata precisamente el último punto: mantener las exenciones que se pretendían eliminar en esta reforma, que son más de 40 y generar, para aliviar el bolsillo de la clase media y que los que tienen un mayor patrimonio realmente sean los que más paguen, pero siempre con impuestos diferencial.
Sobre esto se da el costo político más grande y es que toda persona que devengue un salario formal en el país pague un impuesto de renta anual, siempre y cuando este sea diferencial y progresivo, dependiendo de un rango de ingresos individuales.
Estos puntos permitirían un recaudo más grande, eficiente y equitativo, que daría paso a una reforma de por lo menos 4 años de durabilidad, la que a la vez brindaría tranquilidad a las calificadoras, inversionistas extranjeros y sobre todo a los colombianos.