Colombia tiene un hueco fiscal tan grande que el ciudadano de a pie no logra dimensionarlo. La deuda bruta del sector público llegó a 1.068 billones de pesos en agosto, según la Contraloría. Los intereses de julio equivalían al 27,5% de los ingresos tributarios, y el año que viene vencen 78,46 billones de deuda interna. Frente a eso, el Gobierno de Abelardo De la Espriella ha dicho por todos los canales que está dispuesto a escuchar, negociar y llegar a acuerdos con el Congreso y con los distintos sectores del país para que la Ley de Rescate Económico se apruebe. Esa disposición es real y merece reconocimiento.
Una crisis de años, con grados de responsabilidad
Esta crisis no nació el 7 de agosto. Se construyó durante años, con gobiernos que expandieron el gasto público y se endeudaron sin medir las consecuencias. Pero sería deshonesto no distinguir grados: el gobierno de Gustavo Petro fue el más dañino en sus decisiones económicas, no solo por la deuda que recibió y la que entregó, sino por la forma en que se endeudó. En mayo, el país colocó TES a una tasa ponderada de 14,46%, y los de 2030 cerraron en 14,79%. Los cálculos publicados hablan de un aumento de la deuda cercano a 400 billones de pesos desde agosto de 2022. El gasto de personal proyectado para 2026 crece 11,1% real, el mayor salto desde 2012, según el Observatorio Fiscal de la Javeriana, y los contratos de prestación de servicios en los ministerios pasaron de 12,1 a 19,3 billones entre 2022 y 2025. Mientras el gasto subía, las fuentes de ingreso se frenaban: la producción de petróleo cae y la exploración habría caído más de 60% en tres años, según la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas.
A eso se suman el tamaño del Estado y sus rigideces. Los programas sociales parecen intocables. Las transferencias multimillonarias, programadas año tras año, también. La Constitución del 91 tiene bondades enormes y garantizó derechos, pero nunca dijo de dónde saldría el dinero para pagarlos. Es una Carta pensada para un país nórdico que Colombia ha financiado con deuda.
La reforma que nunca se hizo
La OCDE ha contado 21 reformas tributarias en Colombia, y ese goteo es el peor mensaje, tanto para los colombianos como para el exterior. Este Gobierno llega a ordenar las cuentas, a ser sincero con lo que recibió y a devolverles confianza a los mercados, los bancos y las agencias calificadoras. Eso exige una reforma realmente estructural, que es justo lo que nunca se ha hecho. El presidente lo ha dicho: está listo para escuchar y negociar, pero pide que lleguen con propuestas e ideas de avanzada, no con lo mismo de siempre. Este no es el gobierno de los de siempre.
Los de siempre y las ideas de siempre
Ahí está el nudo. Muchos congresistas no dominan la economía, la hacienda pública ni las finanzas, y buena parte de ese Congreso aprobó a gobiernos pasados presupuestos desfinanciados y un gasto desbordado. Las contrapropuestas del Centro Democrático suenan a las de siempre, y en el debate reaparecen ideas viejas y trasnochadas, como gravar con aranceles la paquetería de las plataformas. Cobrar IVA a esos envíos es apenas justo, y el proyecto ya lo contempla. Sumarles aranceles, no.
Lo impopular que toca hacer
Rodear al Gobierno no significa renunciar al debate ni a los acuerdos, siempre que vayan en dirección del verdadero rescate de las finanzas públicas. Hace falta una reforma que no paralice la economía, que no suba impuestos a quienes históricamente han sostenido al país y que alivie la carga de los empresarios. También exige cosas impopulares y necesarias.
La primera es ampliar la base gravable de las personas. En una casa donde viven diez personas es imposible que tres mantengan indefinidamente a siete. Si la casa gasta más, otras tres, o cuatro, tendrán que trabajar. El proyecto ya contempla bajar el umbral para declarar renta, y esa dirección es la correcta.
La segunda es el IVA. Creemos que debería aplicarse a todos los bienes, productos y servicios, con excepción de la educación, el arriendo, los servicios funerarios y una canasta básica alimenticia mucho más limitada que la actual, y que no se le devuelva a nadie. Es una posición distinta de la propuesta oficial de devolver el IVA a 19 millones de colombianos, y la defendemos: un IVA simple se cobra mejor y se evade menos que uno lleno de excepciones y devoluciones.
La tercera es reducir el Estado. El Gobierno quiere hacerlo, y debe hacerlo. Pero la pregunta vale en doble vía: por qué no reducir también el Congreso, algo que exige reforma constitucional, o el gigante tamaño de la Contraloría y la Procuraduría. Esta última recibió 1.200 cargos nuevos por decreto en diciembre de 2021, durante el gobierno de Iván Duque. Si el Estado se aprieta, que se apriete completo.
Si por primera vez el Congreso está a la altura y da un debate serio, con argumentos y profundidad, los acuerdos se lograrán. Si muchos de quienes acompañaron el endeudamiento del gobierno anterior siguen como si nada, será muy difícil sacar la reforma, y el vicepresidente José Manuel Restrepo ya advirtió que el país podría entrar en default en 2027.
Los hogares aprenden pronto que la casa no se sostiene gastando lo que otros no han ganado. Al Estado le toca aprenderlo ahora, o lo aprenderá a la fuerza.