Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), analiza los riesgos en gas y electricidad, las deudas del sector y cómo reconstruir la confianza público-privada para lograr una transición energética realista.
Este contenido hace parte de la Revista 360 – Edición 10: El año de las Decisiones. Producto periodístico anual y exclusivo elaborado por 360 Radio.
Revista 360: Para el sector energético en Colombia, ¿cuáles han sido las principales causas de inestabilidad y los desafíos que enfrentó el sistema en 2025?
Tomás González: Este fue el tercer año de gobierno, cuando deberían verse los resultados de la política. Lo que estamos presenciando es un cambio de enfoque que rompió un consenso de más de 30 años: el sector privado hacía la mayoría de las inversiones y el regulador establecía reglas claras para que el sistema se expandiera.
Antes, las discusiones solían ser puntuales —sobre confiabilidad, resoluciones de la CREG o impactos tarifarios—, no sobre la seguridad del suministro. En 2025 lo sentimos con fuerza.
En gas, se materializó el déficit para el sector no eléctrico. La planta de regasificación se diseñó para cubrir los picos térmicos durante los fenómenos de El Niño, pero el gas local se ha ido agotando y la demanda no térmica depende cada vez más de las importaciones, lo que impacta los precios. En electricidad, hemos estado al filo de la navaja por la hidrología y porque varios proyectos no se han terminado a tiempo, ni las señales de inversión han sido las adecuadas.
La subasta de febrero de 2024 asignó 4.441 MW solares y 48 MW térmicos, según datos oficiales de la energía requerida, y el operador ha advertido que no pasamos todos los escenarios de hidrología crítica, con riesgos hacia 2028. Eso deja poco tiempo para que entren nuevos proyectos y se asegure la confiabilidad.
A esto se suma un frente financiero: la acumulación de deudas del sector público con las empresas —opción tarifaria, alivios de la pandemia no presupuestados ni pagados en su totalidad, subsidios y efectos de la intervención de Air-e— amenaza la cadena, con advertencias previas de riesgo sistémico. Además, se ha perdido el trabajo conjunto y la confianza entre el Gobierno y el sector. Todo esto hace de 2025 un año especialmente difícil.
Revista 360: De cara a 2026, en un contexto electoral y de tensiones con el sector privado, ¿cómo está hoy la relación público-privada y qué se necesita para recuperar la confianza?
Tomás González: Hay que reconocer que el sector público, por más que quiera, no puede hacerlo solo. Los montos de inversión son muy altos: en electricidad y transmisión hablamos de decenas de miles de millones de dólares, sin contar gas y petróleo. La inversión privada responde a un entorno saludable, con reglas claras, riesgos asumibles por los inversionistas y ausencia de riesgos políticos. Si se ataca la inversión, se anuncian cambios de reglas o se descalifica a las empresas, los proyectos simplemente no avanzan.
Tenemos retrasos importantes: en generación apenas está entrando una fracción de lo necesario, y en transmisión hay líneas con rezagos de más de cuatro años. Para 2026 es indispensable sentarse con el sector privado, ordenar la inversión y, sobre todo, definir el rol que se le reconoce. Trabajar con el privado no sacrifica la agenda de transición; al contrario, puede acelerarla.
Temas relevantes para el sector energético
Revista 360: Sobre la transición energética: ¿Colombia está entendiendo lo que implica una transición ordenada o el discurso se volvió más político que técnico?
Tomás González: La transición energética se ha politizado mucho, y esa es una de las causas de los enredos. El objetivo científico —descarbonizar el sector energético para limitar el calentamiento global— se convirtió en una meta política que dividió entre «buenos y malos». Cuando se preguntaba por los costos sociales o por quienes no pueden pagar energía más cara, la respuesta solía ser etiquetar de «negacionistas» a quienes hacían esas preguntas.
La realidad demostró que no se llegó a las metas: la gente no está dispuesta a hacer sacrificios al ritmo propuesto. Las metas a 2030 no se cumplieron, según reportes oficiales. El Gobierno envió nuevos compromisos climáticos, dejando inalterada la meta 2030, pero moviendo el esfuerzo hacia 2035, lo que prueba que la meta inicial era inalcanzable. En lugar de estigmatizar sectores como el carbón y el petróleo, tiene más sentido sentarse con el sector privado y con el país para acordar una transición ambiciosa, pero realista.
Revista 360: En cuanto a las tarifas, ¿qué incidió más en los aumentos de 2025 y qué se puede esperar en 2026?
Tomás González: En gas, el recurso barato se ha ido acabando. Veníamos pagando alrededor de 4 a 6 dólares, y los sustitutos son gas importado —difícilmente por debajo de 10 dólares, según proyecciones oficiales— y, hacia finales de la década, proyectos costa afuera que difícilmente estarán por debajo de 12 o 13 dólares, según análisis de consultores. Ya se han visto precios altos en las transacciones recientes, y el gas importado ha oscilado entre USD 10 y USD 15 por millón de BTU. Además, el transporte encarece el producto cuando hay que traerlo desde la costa Caribe en lugar de Casanare. Todo eso presiona los precios.
En electricidad ocurre algo similar: si la oferta no se expande, los precios reflejan la escasez. Hicimos el ejercicio de un mes del año pasado con precios muy altos y, de haber entrado los proyectos eólicos comprometidos, esa energía habría llegado a valores mucho más bajos y en cantidades significativas. La reacción de poner techos a la bolsa desincentiva las inversiones. Ojo: hay que mejorar la competencia y la eficiencia, pero la mejor forma de bajar los precios es aumentar la oferta, no limitar los mercados.
Revista 360: ¿Es optimista frente a 2026 en el sector energético?
Tomás González: La gente está más consciente del impacto de la energía en las tarifas y quiere entender qué está pasando. Espero que las circunstancias nos lleven a elegir un liderazgo pragmático —en la Presidencia y el Ministerio— dispuesto a resolver problemas mirando los números.
Si no se toman decisiones firmes y rápidas, habrá muchas dificultades durante el próximo gobierno.
Veo voluntad en el sector para sentarse a trabajar: no más desconfianza ni tensión. A diferencia de otros sectores, este casi que puede cuidarse solo si se dan señales de inversión, con una regulación independiente y seria.
Los recursos para saldar deudas pueden salir del propio sistema, por ejemplo, cerrando el hueco del diésel. No es fácil, pero se puede. Con señales claras y decisiones valientes, el sector puede retomar su rumbo mientras el nuevo gobierno atiende otros frentes.
