En las últimas horas, han salido a la luz una serie de conversaciones privadas que involucran a figuras clave del gobierno del presidente Gustavo Petro, como Armando Benedetti, Laura Sarabia y Roy Barreras. Estos intercambios sugieren posibles irregularidades en la financiación de la campaña Petro, generando una tormenta política en Colombia.
La investigación se centra en la posible utilización de recursos no declarados y la participación de la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) en el transporte del entonces candidato y hoy presidente, Gustavo Petro.
La polémica se intensificó tras la filtración de más de 130 páginas de conversaciones de un grupo de chat denominado ‘Despachos avión campaña’.
En estos mensajes, se evidencia la coordinación de vuelos para Petro y su equipo cercano, incluyendo a la actual canciller Laura Sarabia, el jefe de despacho Armando Benedetti, el exjefe de seguridad Carlos Feria, la primera dama Verónica Alcocer, su hija Sofía Petro y su pareja, el francés Arnau Martí.
Lo que inicialmente parecía una estrategia logística para la campaña presidencial, ha derivado en una investigación judicial debido a la conexión de Sadi con Carlos Eduardo Restrepo, alias ‘Caco’.
Restrepo, exgerente de Sadi, fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico, lo que ha suscitado dudas sobre la procedencia de los recursos utilizados en la campaña. La Corte Suprema ha solicitado a la justicia estadounidense el testimonio de Restrepo para esclarecer su papel en estos hechos.
Investigación por presunta financiación irregular en la campaña Petro
La controversia se agrava al descubrirse que los gastos de estos vuelos, que ascendieron a 1.215.646.740 pesos, fueron reportados de manera equitativa por los senadores del Pacto Histórico, cada uno asumiendo 63 millones de pesos en sus informes al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Esta maniobra ha sido interpretada por las autoridades como un posible intento de maquillar las cuentas de la campaña, desviando la atención de posibles fuentes ilícitas de financiación.
Entre los implicados destaca Roy Barreras, actual embajador de Colombia en el Reino Unido, quien en su momento negoció rotundamente haber utilizado los servicios de Sadi. Sin embargo, los chats revelan que Barreras fue pasajero en al menos un vuelo junto a Petro, específicamente en un viaje a Pereira el 5 de abril de 2022.
Esta contradicción ha puesto en entredicho su credibilidad y ha generado cuestionamientos sobre la transparencia de la campaña.
Otro nombre que resalta es el de Alfonso Prada, exministro del Interior y actual embajador en Francia. Según los registros, Prada y su esposa, Adriana Barragán, ex presidenta de 4-72, también habrían utilizado los servicios de Sadi durante la campaña.
Además, se mencionan viajes de la primera dama, Verónica Alcocer, acompañada de su amiga Eva Ferrer, consejera para la reconciliación en ese entonces, en un vuelo registrado el 6 de abril de 2022 con destino a Valledupar.
La investigación también ha salpicado a otros congresistas y funcionarios, como Pedro Flórez, señalado como cercano al empresario Euclides Torres; Nicolás Petro, hijo del presidente, quien afirmó que ingresaron fondos no reportados a la campaña; y Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
Estas revelaciones han generado una ola de indignación y han puesto en entredicho la integridad de la campaña presidencial de Petro.
La Corte Suprema ha manifestado su preocupación por la posible infiltración de recursos de origen ilícito en la campaña, especialmente debido a la conexión de Sadi con actividades de narcotráfico. En este contexto, se ha solicitado la colaboración de las autoridades estadounidenses para obtener más información sobre las actividades de Restrepo y su relación con la campaña del Pacto Histórico.
Este escándalo se suma a una serie de crisis internas que han sacudido al gobierno de Petro en los últimos meses. Las tensiones entre altos funcionarios, las acusaciones de corrupción y las renuncias en el gabinete han debilitado la imagen del mandatario y han generado incertidumbre sobre la estabilidad de su administración.
Analistas políticos señalan que estas situaciones podrían tener un impacto significativo en las elecciones de 2026 y en la capacidad del gobierno para implementar su agenda política.
En respuesta a las acusaciones, los senadores del Pacto Histórico han emitido comunicados en los que defienden la legalidad de sus acciones y aseguran que los gastos fueron reportados conforme a la ley. No obstante, la opinión pública y diversos sectores políticos han exigido una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares en caso de confirmarse las irregularidades.
La situación actual representa un desafío monumental para el presidente Petro y su equipo, quienes deberán enfrentar las investigaciones judiciales y trabajar en la reconstrucción de la confianza ciudadana. Mientras tanto, la nación observa atención con el desarrollo de los acontecimientos y espera que se esclarezcan los hechos en torno a la financiación de la campaña presidencial.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las campañas electorales en Colombia, para evitar la infiltración de recursos ilícitos y garantizar la integridad del proceso democrático. La colaboración entre las autoridades nacionales e internacionales será crucial para desentrañar la compleja red de relaciones y financiamiento que rodea a este escándalo político.
A medida que avanzan las investigaciones, es imperativo que se respeten los principios de debido proceso y presunción de inocencia, garantizando que las decisiones judiciales se basen en pruebas contundentes y no en presiones mediáticas o políticas. La resolución de este caso sentará un precedente importante para el futuro de la política colombiana y la lucha contra la corrupción en el país.
En conclusión, las revelaciones sobre los chats y la posible financiación irregular de la campaña de Gustavo Petro han desatado una tormenta política que amenaza con desestabilizar su gobierno y empañar su legado. La transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por las instituciones serán fundamentales para superar esta crisis y fortalecer la democracia en Colombia.
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