El 1 de octubre, el despacho eléctrico del país trabajó con una reserva de apenas 152 megavatios. Pocos días antes, el 28 y el 29 de septiembre, la demanda había superado la disponibilidad que las plantas declararon para ese despacho. No hubo apagón, pero el sistema pasó rozando el borde, y todavía no ha llegado lo peor de El Niño.
Los datos son de XM, el operador del sistema, y deberían quitarle el sueño a cualquiera que tenga una fábrica, un restaurante, un hospital o un negocio en el Caribe. Según su último reporte, conocido el 10 de octubre, los embalses estaban el día 9 en 74,96 %, más de siete puntos y medio por debajo del 82,55 % que se necesita para entrar al verano que arranca el 1 de diciembre. Los aportes de agua llevan cuatro meses seguidos por debajo del promedio. Y si regresa una sequía parecida a la de 2015 a 2017, XM advierte que entre febrero y abril de 2027 podría no alcanzar la energía para atender toda la demanda.
Lo que sí se hizo bien
Conviene empezar por lo que funcionó. El Ministerio de Minas y Energía concertó con Enel y AES que los mantenimientos de El Guavio y de Chivor II no coincidan, algo que habría sido una imprudencia en plena amenaza de sequía. AES inició el 28 de septiembre los trabajos en Chivor, que dejan 500 megavatios fuera hasta el 10 de junio de 2027, y Enel reprogramó los suyos en El Guavio de forma voluntaria. Es una gestión concertada con el sector privado y merece reconocimiento, sin importar la afinidad política. Desde el 6 de septiembre, además, rige el periodo de riesgo de desabastecimiento, que permite medidas extraordinarias como el despacho térmico mínimo.
El problema no es solo la lluvia
Pero mover un mantenimiento es administrar la escasez, no resolverla. Según XM, la mitad de los proyectos de transmisión va con retraso, y de los 4.475 megavatios de nueva generación esperados este año solo ha entrado el 25,3 %. El sistema arrastra 201 restricciones operativas, y el 73 % se concentra en el Caribe, una región donde el calor aprieta, donde la industria depende de una red estable y donde la regasificadora de Cartagena sigue siendo la única puerta de entrada del gas importado. A eso se suman 4,29 billones de pesos en cuentas pendientes dentro del mercado, justo cuando las térmicas tendrán que trabajar al máximo.
Este rezago no nació con el actual Gobierno ni con el anterior. Es la cosecha de años de consultas que se eternizan, licencias que tardan, líneas que enfrentan bloqueos y reglas que cambian en la mitad del camino. Lo que sí le corresponde a esta administración es no desperdiciar los meses que quedan.
Cuando el kilovatio se vuelve un lujo
La escasez ya se siente en el bolsillo de quienes compran sin contrato. El kilovatio hora en bolsa pasó de un promedio de 254 pesos en enero a 1.105 en lo corrido de septiembre, y el día 18 de ese mes llegó a 1.513, su nivel más alto en 13 meses según XM y por encima de los 1.172 pesos del precio de escasez de ese mes. Según información que ha conocido 360 Radio, empresas muy importantes del país han llegado a comprar energía a 1.300 pesos por kilovatio hora. Quien tiene contratos de largo plazo se protege. Quien no, paga la sequía antes de que llegue, y para una industria que compite con importados esa diferencia puede decidir si se abre o se cierra un turno.
Un equipo con plazo no es un plan
El presidente Abelardo de la Espriella ordenó conformar un equipo de trabajo con plazo hasta el 31 de diciembre para prevenir un apagón. Es una señal correcta, pero diciembre es justamente el mes en que empieza el verano, y el riesgo que describe XM se extiende hasta abril. Un grupo que rinde cuentas cuando la sequía ya empezó llega tarde.
Lo que el país necesita es un tablero público y mensual con el nivel de los embalses, las térmicas disponibles, el combustible contratado y el avance de cada proyecto atrasado, con un responsable que tenga nombre propio. Lo que no se mide a la vista de todos termina aplazándose en silencio.
Hay cuatro decisiones que no admiten espera. La primera es asegurar el combustible: XM dice que las térmicas deben mantenerse por encima de 85 gigavatios hora diarios hasta abril, y eso depende de gas y líquidos que hay que contratar ahora, no cuando el precio ya se haya disparado. La segunda es destrabar la transmisión con una ventanilla única entre autoridades ambientales, ministerios y alcaldías, y con respaldo del Estado donde haya bloqueos ilegales. La tercera es activar de verdad los incentivos de ahorro voluntario para la demanda regulada, de modo que el ahorro no llegue por decreto cuando el embalse esté en el piso. Y la cuarta es hablar claro: ninguna empresa se prepara para un riesgo que nadie le explica.
Lo que está en juego
No estamos hablando solo de bombillos. Con un desempleo que en agosto fue de 9,4 % según el DANE y un FMI que proyecta 10 % para 2027, un racionamiento sería un golpe directo al empleo formal: turnos que se recortan, comercios que cierran temprano, obras de reconstrucción tras el terremoto de agosto que se frenan. Las empresas pueden adaptarse a un precio alto. Lo que no pueden es planear sobre la incertidumbre.
Entre 1992 y 1993 el país aprendió a oscuras lo que cuesta no prever un verano. Hoy los datos están sobre la mesa, el aviso es público y todavía hay tiempo. Un apagón casi nunca es un accidente. Es la suma de decisiones que alguien aplazó. Que nadie tenga que explicar en abril lo que se pudo decidir en octubre.