Después de 18 intentos fallidos, a lo largo de casi una década, o quizá más, finalmente se cumple una promesa. Un ideal que, aunque popular y socialmente bien recibido por amplios sectores de la ciudadanía, no deja de tener un innegable tufo populista, revanchista y, sobre todo, calculado. Hablamos de la reducción del salario de los congresistas a partir de la próxima legislatura, con la llegada del nuevo Congreso.
Una decisión adoptada vía decreto por el presidente Gustavo Petro y que, desde el inicio, despierta más preguntas que certezas.
Vamos por partes.
¿Por qué el presidente no tomó esta decisión al comienzo de su gobierno, cuando era una promesa explícita de campaña, y decide hacerlo ahora, usando exactamente la misma justificación? ¿Por qué solo hasta este momento? ¿Lo hace porque el Congreso, por primera vez en mucho tiempo, hay que decirlo, mostró algo más de independencia y fue menos genuflexo frente a las disposiciones que emanaban del Ejecutivo? ¿O se trata, simplemente, de una convicción tardía de Petro, quien fue congresista durante 18 años o más, y que ahora concluye que los legisladores ganan demasiado dinero? Ese es el primer punto que queda en el aire.
Segundo, el Gobierno sostiene que busca acercar el salario de los congresistas al ingreso del colombiano promedio, argumentando que no es justo que exista una brecha tan abismal. La pregunta es inevitable: ¿por qué el presidente no aplicó ese mismo criterio a la centena, o más de directores, presidentes, gerentes y altos cargos del Estado que reciben salarios incluso superiores? La narrativa oficial ha logrado instalar la idea de que los congresistas son quienes más ganan en el país, y eso es falso.
Existen funcionarios del propio Gobierno nacional que perciben ingresos superiores a los del presidente de Ecopetrol, la principal empresa del país, cuyo CEO, por la naturaleza y responsabilidad del cargo, debería tener una remuneración considerablemente alta, aunque eso resulte impopular. Entonces, ¿por qué el compromiso de “bajar los salarios altos” no se extendió a ellos?
Tercer punto. Atraer personas capaces, destacadas, cualificadas y competentes al servicio público no se logra reduciendo salarios. Todo lo contrario. El país ha sido testigo, recientemente y bajo este mismo gobierno, de cómo congresistas han sido investigados e incluso capturados por vender su voto al Ejecutivo. Hoy hay congresistas en ejercicio y aspirantes para quienes el salario legal es lo que menos importa. No es eso lo que los disuade ni lo que los motiva. Ellos van tras otro tipo de remuneración: la que se obtiene por vías poco santas y que ya ha quedado en evidencia ante todo el país.
Si el objetivo es espantar a personas idóneas del ejercicio público, tanto en cargos de elección popular como en puestos administrativos, reducir salarios es una vía efectiva. Menores ingresos oficiales no atraerán a los mejores perfiles, y eso el Gobierno lo sabe. No es casual, entonces, que esta administración haya modificado, disminuido o limitado los requisitos para ocupar una cantidad considerable de cargos que antes exigían preparación y experiencia. Para este gobierno, eso parece no ser necesario.
Como conclusión, puede decirse que, para la galería, la jugada funciona. En la calle, en la tienda, muchos repetirán que “Petro fue el único que le bajó el salario a los congresistas”. Ese es el cálculo político, y sin duda le dará réditos, más aún cuando la decisión se toma en plena campaña. Pero las consecuencias a futuro pueden ser peores. El país podría empezar a leer, cada vez con más frecuencia escándalos, denuncias, investigaciones, capturas y condenas por corrupción en el Congreso de la República.
Si la gente prefiere que los congresistas ganen menos oficialmente, pero que terminen ganando mucho más por debajo de la mesa, sin impuestos y hasta cien veces más que antes, esa es una decisión colectiva. Esas son, también, las consecuencias inevitables del populismo.
