Mientras el Gobierno nacional avanza en la discusión de la denominada Ley de Rescate, con la cual pretende conseguir un ajuste fiscal equivalente al 2,2% del PIB, los principales gremios del sector de hidrocarburos han puesto sobre la mesa una contrapropuesta estructurada para reactivar la economía y blindar la seguridad energética del país.
A través de una serie de iniciativas impulsadas por la ACP, la ACGGP, ACIEM y Campetrol, el sector privado advierte que el saneamiento de las finanzas públicas no debe depender únicamente de recortes o mayores cargas, sino de incentivos que liberen el enorme potencial productivo que hoy se encuentra atascado.
Panorama general: El eje central de las propuestas gremiales apunta directamente a la competitividad tributaria. Actualmente, los cálculos indican que para la vigencia 2026 la tarifa efectiva del impuesto sobre la renta en la extracción de petróleo en Colombia alcanzará el 50%, contemplando una sobretasa de hasta 15 puntos porcentuales sobre la tarifa general del 35%. Esta cifra contrasta de forma drástica con el promedio del 21% que se registra en el resto de América Latina.
Para los gremios, esta pesada y volátil carga fiscal desincentiva la llegada de capital de riesgo, frena la ejecución de proyectos a largo plazo y acelera la caída en la producción nacional. Frente a este panorama, sugieren eliminar de tajo la sobretasa a la renta y adoptar un régimen de estabilidad jurídica, tributaria y regulatoria enfocado en grandes inversiones en los sectores de energía, gas e hidrocarburos.
Gremios de hidrocarburos piden estabilidad tributaria e incentivos en Ley de Rescate
Como modelo a seguir, los líderes gremiales miran hacia el sur. En Argentina, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), implementado en 2024, ofrece estabilidad por 30 años y una tasa de renta fija del 25%, logrando acaparar 23 proyectos aprobados por un valor superior a los US$49.000 millones a septiembre de 2026. Adaptar un esquema similar en Colombia implicaría fijar montos mínimos, plazos claros, reglas de compras locales y mecanismos estrictos de seguimiento.
La urgencia de estas medidas se fundamenta en el deterioro histórico de los aportes fiscales de la industria. Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, recordó que en su mejor momento el sector llegó a aportar cerca de $48 billones anuales al Gobierno nacional (a precios de 2025), mientras que el año pasado esa contribución se desplomó a $13,6 billones, menos de una tercera parte, sin contar los $6,98 billones entregados por concepto de regalías a las regiones.
El retroceso operativo es igual de alarmante: Colombia produce hoy un 27% menos de petróleo y un 32% menos de gas en comparación con 2015. Además, el gas importado ya abarca cerca de un tercio del mercado interno y el país acumula más de cuatro años sin suscribir un solo contrato de exploración. Según estimaciones de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), si la actividad exploratoria se limita exclusivamente a los contratos vigentes, la nación dejará de percibir cerca de $40 billones entre 2027 y 2035.
“Hoy Colombia tiene el reto de sanear y ordenar sus finanzas públicas y, al mismo tiempo, recuperar las condiciones que le permitan volver a crecer”, señaló Frank Pearl, presidente de la ACP. El dirigente gremial enfatizó que los grandes proyectos de infraestructura y energía exigen plazos extendidos de maduración, por lo que la estabilidad jurídica es un requisito indispensable para materializar inversiones multimillonarias.
Por qué es importante: Más allá de los alivios impositivos, la segunda gran línea de acción de los gremios exige remover las barreras operativas y burocráticas. Se propone que la ley establezca plazos perentorios y una ruta articulada para los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa, reduciendo los tiempos muertos sin sacrificar el rigor técnico. Asimismo, plantean un programa de pedagogía regional para transformar la relación entre las comunidades y las empresas en un vínculo de confianza y beneficio mutuo.
“Lo que proponemos no exige gastar, exige destrabar. Hay recursos descubiertos esperando a ser producidos”, aseguró Jaime Checa, presidente de la ACGGP, quien ofreció el acompañamiento técnico del gremio para instalar de inmediato una mesa de trabajo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Finalmente, el tercer componente busca blindar el empleo y la cadena de suministro local. De acuerdo con cifras del Comité Intergremial de Petróleo y Gas, por cada peso que genera la industria, 56 centavos se destinan a compras de bienes y servicios nacionales, impactando de forma directa al 39% de las ramas económicas del país. Por esta razón, los gremios sugieren incluir una regla de compras locales, similar al esquema del RIGI argentino, que obligue a destinar al menos el 20% de la inversión a proveedores nacionales cuando exista oferta competitiva.
Carlos Arturo Cárdenas, presidente nacional de ACIEM, concluyó que la Ley de Rescate representa una oportunidad dorada: “No debe limitarse a resolver necesidades fiscales de corto plazo. Si se apoya en la ingeniería nacional, puede convertirse en una agenda de empleo calificado, productividad y desarrollo para las regiones”.
Estas propuestas se convertirán en el centro del debate durante la IX Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, que se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre en Cartagena, coincidiendo con el momento clave del trámite legislativo de la ley en el Congreso.
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