EDITORIAL
No se le puede presentar al país una reforma tributaria sin primero apretarse el cinturón en casa como lo ha hecho la gran mayoría de los hogares colombianos que han tenido que reestructurar sus finanzas y adaptarse a las situaciones. ¿Por qué el Gobierno no lo hace?
Si bien el Estado colombiano tiene sus divisiones aparentemente marcadas y debidamente estructuradas como la justicia, el legislativo y el ejecutivo, para nadie es un secreto que hay una clara colusión entre ellos y que se han convertido en puertas giratorias y en casas donde se hacen favores los unos a los otros para beneficios personales, casi nunca colectivos. Luego de tantas embarradas que han hecho en contra del país y los pocos resultados que han logrado, prueba de ello es la gran indignación que en toda las mediciones que se hacen los colombianos tienen respecto al Congreso de la República, respecto a los congresistas, y obviamente frente al Estado colombiano.
Cada día se confirma que el Estado y el Gobierno viven divorciados de la realidad cotidiana de cada uno de los ciudadanos. Y es que para la mayoría de los políticos que han estado toda la vida pegados de la ubre pública, que no saben lo que es pagar un impuesto vehicular porque siempre el Estado se los ha dado, o que han gozado de numerosos privilegios, jugosas primas y salarios por trabajar la mitad de lo que trabaja un colombiano que se gana un salario mínimo, no les queda para nada decente vivir de espaldas a esa realidad así no la conozcan, pues saben que los colombianos, en una gran porción, la han pasado muy mal por cuenta de los efectos de la pandemia.
Varias veces se trató de hacer la reflexión de la necesidad de reducir el tamaño del Congreso pero nunca se logró, ahora es más que necesario, justo y responsable. El expresidente Álvaro Uribe Vélez en su momento, al inicio de su primer periodo como mandatario de Colombia, convidó a los colombianos para un referendo en el que se hablaba de distintos puntos entre los que se encontraba el de reducir el Congreso. Dicho referendo no tuvo éxito y aunque en el papel y en las redes sociales el expresidente Uribe y el Centro Democrático hablan de que están a favor de reducir el Congreso, las iniciativas que se han presentado han sido pocas y sobre todo se han centrado más en la congelación de los salarios que en la reducción del tamaño.
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El uribismo tiene hoy presidente, tiene una nutrida presencia en el Congreso y hoy lo cierto es que está en el poder. Con las facultades que aún conservan cada una de las ramas, lo pueden hacer y sin lugar a duda tuviesen el apoyo popular, no lo han hecho. Se trata de una decisión que es coherente con estos tiempos y que los colombianos aplaudirían, ahora que estamos en épocas en donde gusta tanto a los políticos el bombo, los platillos y alimentar el ego. Sería un acto de consideración con los ciudadanos a los cuales se les está diciendo que se les va a subir los impuestos, que se va a reducir el tamaño del Congreso.
Antes del proceso de paz con las FARC, el Congreso de la República tenía 102 senadores y 166 representantes, hoy tenemos 108 senadores y 172 representantes a la Cámara. En total tenemos 280 congresistas, cada uno devengando en promedio $34 millones mensuales, sumando los gastos personales, vehículos privados, escoltas y las unidades de trabajo legislativo, pagadas por el Estado colombiano.
Colombia tiene 32 departamentos, las matemáticas no se podrían aplicar como una línea rígida para la distribución de las curules pero está claro que el Congreso de Colombia debería aproximarse a unos números más realistas, justos y acoplados a la realidad económica colombiana.
El Senado de la República, según varias disertaciones que se han hecho, debería contar con entre 66 y 72 senadores, y con 101 representantes a la Cámara, y así se reducirían ostensiblemente los gastos que hoy tiene esa rama de nuestro país.
Esta sería una medida que si es impulsada y ejecutada por el Gobierno colombiano y por el Congreso recibirían por primera vez el espaldarazo de los ciudadanos y demostrarían sensatez. La pregunta es: ¿tendrán la capacidad y el valor de hacerlo, de tomar decisiones en beneficio de la ciudadanía? Desde acá planteamos esa reflexión.
Que las personas puedan entender que hay un Estado inteligente, con actuaciones como las de las familias colombianas: recortando gastos, acoplándose a la situación, siendo coherentes, conscientes y aguantando para pasar la tormenta.
Es claro que a nivel de senadores y representantes a la Cámara, los departamentos y la ciudad de Bogotá deberían contar con un número adicional de legisladores. Departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, Bolívar y Atlántico deberían ser los que más peso tienen a la hora de esa repartición.
También, y aunque lo ampliaremos en otro editorial, es muy loable y saludamos con entusiasmo la propuesta del senador del Centro Democrático Gabriel Santos de eliminar las altas consejerías presidenciales. Es un gasto que se puede recortar y que el Gobierno lo debe hacer.