El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que ha generado controversia a nivel nacional e internacional, sobre todo en comunidades como LGBTI. Durante su discurso inaugural, Trump dejó claro su enfoque sobre cuestiones de identidad de género, asegurando que, bajo su gobierno, solo se reconocerá el sexo asignado al nacer.
La orden ejecutiva, titulada Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género y Restaurando la Verdad Biológica al Gobierno Federal, argumenta que “los esfuerzos por erradicar la realidad biológica del sexo atacan fundamentalmente a las mujeres al privarlas de su dignidad, seguridad y bienestar”. Este decreto también aplica a los centros de detención de inmigrantes, lo que extiende su alcance más allá de las cárceles tradicionales.
Un impacto alarmante en cifras y derechos humanos
Según datos del Williams Institute, un centro de investigación de la Universidad de California, aproximadamente 1.500 mujeres transgénero se encuentran actualmente en cárceles federales en Estados Unidos, representando el 15 % de la población femenina encarcelada.
El mismo estudio señala que las personas transgénero, aunque constituyen solo el 1 % de la población adulta del país, enfrentan niveles desproporcionados de criminalización debido a la discriminación, el rechazo familiar y las dificultades económicas. La nueva orden ejecutiva podría agravar aún más esta situación, exponiéndolas a un mayor riesgo de violencia y abuso.
Expertos en derechos humanos han advertido sobre las graves implicaciones de esta decisión, que traerían consigo una serie de manifestaciones y problemáticas en cárceles de cada uno de los estados que componen al país norteamericano.
La orden también prohíbe el uso de fondos federales para tratamientos relacionados con la reasignación de género, una decisión que expertos en salud consideran altamente riesgosa.
Interrumpir abruptamente las terapias hormonales puede generar graves consecuencias físicas y psicológicas para las personas que dependen de estos tratamientos, incluyendo desajustes hormonales severos y riesgos para la salud mental.
Organizaciones LGBTIQ+ han condenado enérgicamente la medida y ya trabajan en estrategias legales para enfrentarla. Entre las demandas preparadas, se planea apelar al caso Farmer v. Brennan, un precedente histórico de 1994 en el que la Corte Suprema reconoció la vulnerabilidad de las personas transgénero en el sistema penitenciario.

Grupos defensores de derechos humanos y colectivos LGBTIQ+ han anunciado movilizaciones y acciones legales para frenar la implementación de esta orden.
«Esto es un ataque directo contra nuestra comunidad, diseñado para negar nuestra existencia y nuestra dignidad», declaró un portavoz de Human Rights Campaign, una de las organizaciones líderes en la defensa de los derechos de las personas transgénero en el país.
Mientras las reacciones continúan escalando, la polémica medida de Trump promete convertirse en uno de los principales puntos de conflicto durante su nuevo mandato, poniendo nuevamente en el centro del debate los derechos de las personas transgénero y el respeto a la diversidad en Estados Unidos.
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