El escándalo revelado ayer por El Caracol parece ser, con toda seguridad, apenas la punta de un iceberg que el país debe conocer y que extiende un doloroso manto de duda sobre instituciones que son pilares fundamentales del Estado. El Ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia, Indumil y hasta la Policía quedan bajo una sombra inquietante: ¿cómo pueden los colombianos, y las mismas instituciones, confiar ahora en algunos comandantes o líderes de alto nivel, después de revelaciones tan graves?
¿Cómo explicarle a las familias de policías y militares asesinados que, presuntamente gracias a cooperaciones, omisiones o incluso complicidades desde sectores del gobierno, sus hijos, esposos o nietos perdieron la vida? ¿Qué sentido tiene que el Estado al que servían y protegían termine traicionándolos? Este daño tampoco es accidental: hace parte de una estrategia criminal que busca implosionar la confianza en las instituciones y en las fuerzas armadas mediante infiltraciones que, según las investigaciones, habrían logrado consolidarse durante este gobierno.
La gravedad es absoluta: se requiere una purga profunda, una limpieza inmediata de cabo a rabo, de la A a la Z, en estas entidades. Pero surge una duda mayor: este gobierno no parece contar con la autoridad moral ni ética y tampoco con la voluntad, para emprenderla.
Las preguntas siguen abiertas. ¿Por qué nunca se persiguió con rigor a alias Calarcá? ¿Por qué, repentinamente, el gobierno decidió enfrentar con especial dureza a los enemigos de Calarcá? ¿Por qué la Fiscalía, hoy también señalada de presunta permeación, lo dejó en libertad luego de haber sido detenido por el Ejército en Antioquia? Las explicaciones que debe este gobierno son numerosas, pero la confianza está seriamente deteriorada. Lo que ha ocurrido es, para Colombia, devastador.
Esta información, insistimos, es apenas la primera de muchas y ya es gravísima. Confirma por qué desde Estados Unidos, incluso desde voces como la de Donald Trump, se ha mencionado que el presidente de Colombia estaría presuntamente coludido con organizaciones criminales. Y suele decirse que cuando EE. UU. acusa, es porque algo sabe.
Si en Colombia persistían dudas, aquí aparecen elementos que las alimentan. El Estado colombiano habría sido presuntamente cómplice, por acción o por omisión, de estructuras criminales, y esta es una de esas pruebas preliminares. El presidente Gustavo Petro debe explicar por qué reincorporó a el general Juan Miguel Huertas Herrera que había sido retirado por el general Zapateiro y cuya cercanía con su campaña, así como presuntos vínculos con organizaciones ilegales, hoy están bajo la lupa. No se trata de que el país se esté entregando a los bandidos: es que los bandidos estarían cogobernando.
Como medio de comunicación, no cabe más que rechazar profundamente, así sea una voz pequeña frente a la bandera, lo que está ocurriendo. Exigimos investigaciones, respuestas y decisiones urgentes. Llamamos a la ciudadanía a cerrar filas en defensa de las instituciones, protegerlas y expulsar a los criminales que se han enquistado en ellas.
Resulta gravísimo que se hable de personas en Indumil y otras entidades listas para crear empresas falsas de seguridad con delincuentes y legalizarlos, en un contexto en el que los procesos de paz de este gobierno muestran claros fracasos. ¿Qué garantías tiene hoy la empresa privada que denuncia amenazas o actividades de estructuras criminales como la de Calarcá? Hoy, quienes denuncian se vuelven blancos.
El mensaje debe ser contundente: rechazo absoluto, exigencia de investigaciones, llamado a los medios para seguir indagando, petición a que autoridades extranjeras revelen información y necesidad de que todo lo que esté flojo se caiga. Colombia necesita claridad, verdad y un Estado capaz de limpiarse a sí mismo antes de que sea demasiado tarde.
