Este 28 julio de 2025 ocurrió un hecho histórico: Álvaro Uribe se convirtió en el primer exmandatario colombiano hallado culpable en un juicio penal. Este fallo aviva la pregunta de cuántas investigaciones tiene Álvaro Uribe y cuáles han sido las más importantes en su trayectoria.
El expresidente ha sido objeto de un gran número de investigaciones judiciales a lo largo de su vida pública.
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A continuación, enumeramos una a una las principales causas judiciales que ha enfrentado, desde recientes condenas hasta procesos archivados.
¿Cuántas investigaciones tiene Álvaro Uribe?
La respuesta corta es que son decenas de procesos formales. Según reportes de prensa, el exmandatario tiene 28 procesos abiertos en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y más de 180 denuncias en la Comisión de Acusaciones del Congreso.
En total, se ha informado de más de 200 casos en su contra, que abarcan desde acusaciones de nexos con grupos paramilitares, responsabilidad en homicidios y masacres, hasta espionaje y manipulación de testigos.
La mayoría de estas denuncias fueron presentadas durante sus años como presidente (2002–2010) y senador (2014–2020), pero pocas han prosperado. De hecho, un informe reveló que el 94% de las investigaciones en la Comisión de Acusaciones quedaron en etapa preliminar sin resultados concretos.
Aun así, varias investigaciones formales –incluyendo algunas ya archivadas– han marcado la agenda judicial de Uribe. A continuación los procesos más relevantes:
Condena por soborno a testigos y fraude procesal (2025)
La investigación más reciente y trascendental contra Álvaro Uribe culminó el 28 de julio de 2025 con un fallo condenatorio. Ese día, tras 67 sesiones de audiencia, la jueza Sandra Liliana Heredia declaró culpable al expresidente por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal.
Según la magistrada, Uribe “sabía de lo ilícito de su actuar” al orquestar una manipulación de testigos a través de su abogado, Diego Cadena. En esencia, la justicia concluyó que personas cercanas a Uribe ofrecieron dádivas y beneficios judiciales a exparamilitares presos para que alteraran su testimonio a favor del exmandatario.
#JuicioAlvaroUribe #Ahora | La jueza Sandra Heredia validó como prueba legal las grabaciones obtenidas en 2018 con relojes espía en la cárcel La Picota. Juan Guillermo Monsalve registró en secreto conversaciones con Diego Cadena, presuntamente buscando favorecer a Álvaro Uribe… pic.twitter.com/9k50MA22XM
— 360 Radio (@360RadioCo) July 28, 2025
Este caso se originó hace más de una década: en 2012, Uribe denunció al senador Iván Cepeda alegando que este fabricó falsos testimonios para vincularlo con paramilitares. Sin embargo, en 2018 la Corte Suprema no solo archivó la denuncia contra Cepeda, sino que abrió investigación contra Uribe por el mismo tema de manipulación de testigos. Tras años de dilaciones, el proceso finalmente llegó a juicio en 2025.
La condena por soborno y fraude procesal constituye un hito: es la primera vez que un exjefe de Estado colombiano es condenado penalmente. La Fiscalía solicitó una pena mínima de 9 años de prisión para Uribe, aunque la sentencia definitiva y eventuales beneficios (como prisión domiciliaria) están pendientes de definir.
La defensa de Uribe anunció que apelará el veredicto, alegando que el juicio tuvo motivaciones políticas. No obstante, la jueza Heredia enfatizó en su fallo la independencia de la justicia: “no es un juicio contra la historia política… es un acto de justicia y solo de justicia”, subrayó, rechazando la tesis de persecución política.
Con esta condena, Uribe enfrenta por primera vez la posibilidad real de una pena privativa de la libertad, algo impensable años atrás dado su influencia política.
Masacres de El Aro y La Granja: la investigación por paramilitarismo
Otra de las investigaciones más importantes contra Álvaro Uribe es la que busca determinar su posible responsabilidad –por acción u omisión– en atrocidades cometidas por grupos paramilitares durante la época en que fue gobernador de Antioquia (1995–1997).
Este expediente incluye las masacres de El Aro, La Granja y San Roque, ocurridas en zona rural de Ituango (Antioquia) entre 1996 y 1997, así como el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle en 1998.
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Dichos crímenes fueron perpetrados por las Autodefensas (paramilitares) y luego declarados de lesa humanidad por la Corte Suprema, lo que significa que no prescriben.
En este caso, la Fiscalía investiga si Uribe, como gobernador en aquella época, conoció o facilitó de algún modo las acciones de los paramilitares. Testimonios de exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve (hijo del mayordomo de la hacienda familiar de Uribe) y Pablo Hernán Sierra han señalado presuntos vínculos de la familia Uribe con el grupo paramilitar Bloque Metro que operó en la región.
Además, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró bajo reserva que Uribe habría tenido información previa sobre la masacre de El Aro. La Fiscalía llamó a versión libre a Uribe en noviembre de 2023 para que rindiera su testimonio en esta investigación.
El expediente estaba inicialmente en la Corte Suprema (porque Uribe fue senador), pero tras su renuncia al Senado en 2020 pasó a manos de la Fiscalía General, bajo el sistema penal antiguo (Ley 600). Esto implica que es un fiscal delegado quien decidirá si acusar formalmente o archivar el caso, sin un juez de control.
Uribe siempre ha negado cualquier nexo con el paramilitarismo. Respecto a esta investigación, ha llegado a afirmar: “tienen miles de folios en mi contra, no hay nada creíble”.
Sus abogados han intentado sin éxito cerrar el proceso, argumentando falta de prueba. No obstante, las masacres de El Aro y La Granja, con su estela de horror (asesinatos, torturas, desplazamientos masivos y destrucción de poblados), siguen siendo una sombra histórica en la carrera de Uribe.
Al ser crímenes de lesa humanidad, la justicia colombiana mantiene viva la indagación para esclarecer si hubo omisión o complicidad por parte de las autoridades regionales de la época. Cualquier avance significativo en este caso podría ser tan trascendental como la condena por soborno de testigos, dado que tocaría el tema sensible de los vínculos entre el Estado y el paramilitarismo.
Otros procesos judiciales destacados contra Uribe
Además de los casos anteriores, Álvaro Uribe ha estado involucrado en otros procesos judiciales relevantes, algunos de los cuales terminaron archivados o con condenas para terceros, pero que merecen mencionarse por su importancia histórica:
Espionaje ilegal del DAS (chuzadas)
Durante el gobierno de Uribe se descubrió que el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta estatal) realizó interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Suprema, periodistas, opositores y defensores de derechos humanos.
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El escándalo de las “chuzadas” (2008–2009) llevó a la condena de los directores del DAS nombrados por Uribe –Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado– a 28 y 14 años de prisión respectivamente.
Varios altos funcionarios del gobierno Uribe también fueron condenados por esta trama de espionaje. Si bien Uribe negó haber dado orden alguna, fue denunciado ante la Comisión de Acusaciones del Congreso.
Esa acusación nunca prosperó y finalmente no se resolvió ninguna imputación penal directa contra él por las chuzadas. Aun así, el caso dejó claro que delitos graves ocurrieron bajo su administración, erosionando la confianza en los organismos de seguridad.
Compra de votos para la reelección (Yidispolítica)
En 2004, durante el primer mandato de Uribe, su gobierno buscó una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial inmediata. Años más tarde estalló el escándalo de la “Yidispolítica”: la excongresista Yidis Medina confesó que recibió ofrecimientos de cargos y notarías a cambio de su voto a favor de la reelección.
Uribe siempre negó haber “comprado conciencias” desde el Ejecutivo. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia condenó por cohecho a Medina y a tres altos funcionarios uribistas por estos sobornos: el exministro del Interior Sabas Pretelt, el exministro de Protección Social Diego Palacio y el exsecretario general de Presidencia Alberto Velásquez.
Uribe defendió públicamente a sus colaboradores y descalificó a los magistrados tras estas sentencias. Nuevamente, ningún proceso penal tocó directamente a Uribe por la reelección, pero el escándalo manchó la legitimidad de su segunda elección en 2006. Fue un ejemplo de cómo subalternos suyos terminaron en la cárcel por favorecer sus objetivos políticos, sin que la responsabilidad escalara hasta él.
Denuncia por injuria y calumnia (caso Daniel Samper O.)
No todas las batallas legales de Uribe han sido por corrupción o violencia; también las ha tenido en materia de difamación. En 2017, mientras era senador, Uribe publicó en Twitter mensajes gravemente ofensivos contra el periodista Daniel Samper Ospina, llamándolo “violador de niños” y acusándolo de pornografía infantil.
Samper lo denunció y un tribunal le ordenó a Uribe retractarse. La Corte Suprema de Justicia posteriormente confirmó el fallo en una tutela, concluyendo que el entonces senador vulneró los derechos fundamentales al honor y buen nombre del periodista con sus acusaciones falsa. Se le exigió eliminar los trinos injuriosos y abstenerse de repetir esas afirmaciones.
Este episodio mostró otra faceta de los procesos contra Uribe: la de responder por sus palabras. Si bien no conllevó pena de cárcel, sí implicó una derrota judicial para el exmandatario, obligándolo a disculparse públicamente.
Financiación electoral irregular (donación de vuelo)
En marzo de 2025 se conoció una nueva investigación preliminar contra Uribe, esta vez de carácter electoral. La Corte Suprema indaga un posible aporte irregular a su campaña al Senado en 2018: un vuelo chárter valorado en 20 millones de pesos que habría sido donado en especie por el piloto Samuel David Niño.
Este piloto –cercano a aliados políticos de Uribe en el Meta– figura en la contabilidad oficial de campaña como donante, pero posteriormente fue señalado por narcotráfico y murió en 2019 en un accidente de avión ligado al transporte de droga.
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El hecho de que alguien con presuntos nexos al narcotráfico financiara (así fuera lícitamente declarado) parte de la campaña de Uribe motivó la apertura de esta pesquisa por posible financiación ilícita.
Uribe ha reconocido la donación del vuelo, aclarando que fue reportada al Consejo Nacional Electoral y que en su momento desconocía los antecedentes del piloto. Asegura que ni él ni su partido tenían información sobre eventuales vínculos ilegales de Niño Cataño.
Esta investigación se encuentra en etapa preliminar, pero añade otro frente judicial al historial del exmandatario, ahora en el terreno de la transparencia electoral.
Álvaro Uribe, quien alguna vez gozó de más del 70% de popularidad, ha pasado de ser un líder intocable a un exgobernante constantemente en el foco de la justicia.
Las numerosas investigaciones formales en su contra –tanto las vigentes como las archivadas– reflejan la magnitud de los escándalos ocurridos durante su administración y posteriormente.
Hasta hace poco, ningún proceso había logrado llevarlo al banquillo de los acusados; sus aliados solían caer, pero él permanecía políticamente protegido. Eso cambió con la condena por soborno a testigos de 2025, que marca un antes y después en la rendición de cuentas de los poderosos en Colombia.
