En un nuevo giro político, el presidente Gustavo Petro anunció que impulsará una Asamblea Nacional Constituyente, una propuesta que contradice de manera directa sus promesas de campaña en 2022, cuando aseguró que no utilizaría este mecanismo para transformar el país.
La declaración fue hecha tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, un hecho que el mandatario celebró como “la primera victoria del pueblo trabajador en 34 años”.
“La constituyente ha sido ya convocada desde la Presidencia, creo que es necesaria esa convocatoria. La participación del pueblo para cambiar a Colombia es necesaria”, afirmó el jefe de Estado, añadiendo que entregará una papeleta en las próximas elecciones para que los ciudadanos decidan si se convoca o no una Asamblea Nacional Constituyente.
“Espero la decisión de millones para que el próximo gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz”, remató.
Petro y la Asamblea Nacional Constituyente
Las declaraciones del presidente han desatado polémica por su evidente contradicción con los compromisos hechos durante su campaña electoral. En 2022, Petro declaró públicamente: “No convocaré a una Asamblea Nacional Constituyente”, una promesa dirigida a disipar temores de ruptura institucional y consolidación de poder absoluto. Hoy, ese discurso parece haber quedado atrás.
La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente no es un tema nuevo en su agenda política. En las últimas semanas, Petro ha insistido en que, si las Cortes tumbaban su consulta popular sobre reformas sociales, “no queda otro mecanismo que el pueblo”, sugiriendo que una constituyente sería su alternativa para implementar lo que él llama un “mandato popular”.
“Llenamos todas las plazas del país, una y otra vez, llenas de esperanza”, dijo el mandatario en tono épico, argumentando que la presión ciudadana fue clave para que el Congreso aprobara la reforma laboral. Según él, esa movilización es muestra de que el pueblo debe expresarse ahora “en donde es rey: en las urnas”.
Sin embargo, varios analistas han cuestionado esta narrativa. Desde medios nacionales e internacionales se ha advertido que lo que Petro presenta como una ampliación democrática podría, en realidad, ser una vía para concentrar el poder y debilitar los contrapesos institucionales.
Juristas y constitucionalistas también han manifestado su preocupación. Argumentan que el presidente está utilizando el respaldo popular como justificación para saltarse la institucionalidad, y que una constituyente promovida desde el poder Ejecutivo podría socavar la arquitectura democrática de la Constitución de 1991, ampliamente reconocida por sus avances en derechos humanos, participación ciudadana y descentralización.
El presidente ha intentado justificar su decisión apelando a la legitimidad popular. “El poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano que es el pueblo”, dijo tras la aprobación de la reforma laboral, anunciando también que derogará el decreto que convocaba una consulta popular, al considerar que ya no es necesaria.
Algunos sectores políticos temen que se esté configurando un escenario donde se desacredita al Congreso y a las Cortes para imponer un nuevo orden constitucional sin los controles necesarios. El propio Petro ha dejado entrever su molestia con la institucionalidad existente, a la que ha calificado de elitista e incapaz de garantizar la justicia social.
El camino hacia una constituyente requiere cumplir con requisitos formales y un amplio consenso nacional. Sin embargo, el tono del presidente y su uso insistente del lenguaje plebiscitario podrían empujar al país hacia un escenario de polarización e incertidumbre institucional. Lo que para algunos es una oportunidad para rediseñar el Estado, para otros representa un salto al vacío con consecuencias imprevisibles.