Venta de acciones de EPM en Tigo: negocio que llega tarde, pero es necesario hacerlo

La urgencia de la venta de las acciones de EPM en Tigo, no implica malvender ni perjudicar los intereses de los contribuyentes.

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En los últimos 8 años, este medio ha publicado numerosos artículos sobre la industria de las telecomunicaciones en Colombia, señalando sus distorsiones, falencias y avances, así como los campos de mejora. Hemos lanzado alertas en momentos clave, pero estas fueron desestimadas por intereses políticos y económicos, así como por la colusión de algunos medios de comunicación con los participantes de estos negocios.

La industria de las telecomunicaciones nunca ha sido un negocio exitoso para los gobiernos, especialmente en los últimos 15 años con la evolución del internet, la globalización y la digitalización. Aunque se podría argumentar que hace 30 o 40 años fue un buen negocio, también es cierto que, bajo esa premisa, se cometieron atrocidades, como las relacionadas con empresas como Telecom, grandes elefantes blancos que solo representaron cargas onerosas para los contribuyentes colombianos, mientras que resultaron ser negocios muy lucrativos para algunos empresarios extranjeros.

Hoy, Medellín y Colombia tienen la oportunidad de negociar con un fondo de inversión en telecomunicaciones, Atlas Luxor, que está interesado en comprar no solo a Millicom, sino también otras participaciones que involucran tanto al gobierno colombiano como al de Medellín. El gobierno colombiano tiene una participación en Movistar (Cotel), una filial de Telefónica de España, donde posee el 32,5% de las acciones. Por su parte, Medellín tiene participación en Tigo a través de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Aunque son negociaciones independientes y las cifras son distintas, la situación de ambos gobiernos es parecida. Ambos tienen el espejo del mayor detrimento público en la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), que en su momento Enrique Peñalosa intentó vender, logrando la aprobación del Concejo, pero posteriormente un tribunal tumbó la decisión. ETB es hoy una empresa a la deriva en el servicio de telecomunicaciones. Movistar y Tigo, por su parte, llevan cuatro años en declive, con una distorsión gigante en su filial en España.

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Para Telefónica, Colombia dejó de ser una prioridad hace mucho tiempo y ha permanecido en el país gracias a algunos gobiernos que, de manera misteriosa, les han otorgado reformas tributarias a su medida. Estas empresas no han generado ingresos significativos para el Estado colombiano, y el negocio para Medellín ha sido perversamente malo. Actualmente, Tigo está en un proceso de reorganización y Claro acusa cansancio y asfixia financiera, lo que refleja un sector muy deteriorado por regulaciones arcaicas y retrasos en subastas y licitaciones.

Es evidente que tanto Medellín como el gobierno colombiano tienen una oportunidad de oro para vender, como lo hizo el alcalde Federico Gutiérrez, pero esto no significa que deban vender por vender. Es cierto que las participaciones estatales en Telefónica y Tigo han visto caer su valor, y si Medellín hubiera actuado entre 2017 y 2019, podría haber obtenido entre 3,5 y 4 billones de pesos por la venta de su participación en Tigo. Sin embargo, se prefirió no avanzar en el tema y ni siquiera se llevó al Concejo de Medellín.

Durante esos años, Tigo incumplió muchos de los acuerdos pactados en la fusión con UNE, repitiendo el mismo esquema de Movistar: desmembrar, vender torres, realizar sustituciones patronales y luego arrendar la infraestructura que había vendido a empresas de las que ellos eran socios, lo que resultó en contratos leoninos para las participaciones públicas.

Es necesario que el Estado colombiano, a través del Ministerio de Hacienda, revise con lupa esta negociación y trate de recuperar lo máximo posible a pesar de todas las pérdidas. Aunque es triste, debemos aceptar que Medellín y Colombia perdieron en este negocio, y ahora se trata de minimizar los daños.

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Las responsabilidades son inmensas y esperamos que se tomen las decisiones correctas, las más beneficiosas para el fisco tanto de Medellín como de Colombia. Que esta experiencia sirva para que las autoridades revisen con lupa lo que aconteció en estos negocios, que solo beneficiaron a particulares y no al patrimonio público.

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