El presidente Gustavo Petro se juega una carta crucial con su propuesta de someter a consulta popular una serie de reformas laborales, luego de que el Congreso rechazara su ambicioso paquete legislativo.
Sin embargo, el camino legal y político para que esta consulta llegue a las urnas está lleno de obstáculos, siendo el primero y más inmediato: la aprobación del Senado. ¿Qué ocurre si no lo logra? ¿Tiene margen de maniobra el jefe de Estado?
En medio del ambiente caldeado por la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el presidente radicó ante el Senado una solicitud formal para que se autorice la convocatoria de una consulta popular, un mecanismo de participación ciudadana que permitiría al pueblo pronunciarse sobre asuntos de interés nacional.
En este caso, se trata de 12 preguntas enfocadas exclusivamente en el sistema laboral del país.
Senado define el futuro de la consulta popular de Gustavo Petro sobre la reforma laboral
El trámite legal: Según la Ley Estatutaria 1757 de 2015, la consulta popular solo puede ser convocada por el presidente con la aprobación previa del Senado. La Ley 134 de 1994, en sus artículos 50 y 52, establece que las preguntas deben formularse de manera clara y que la consulta no puede versar sobre asuntos que impliquen reformas constitucionales.
Además, toda iniciativa de esta naturaleza debe contar con la firma de todos los ministros, lo cual ya fue cumplido por el Ejecutivo.
Una vez radicado el documento, el Senado tiene un plazo de 20 días hábiles para emitir su concepto. Este término puede prorrogarse por otros 10 días. La decisión debe ser adoptada por mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los senadores presentes. Si no se alcanza esa mayoría, la iniciativa se desecha automáticamente.
En caso de aprobación, el presidente cuenta con hasta tres meses para convocar oficialmente la votación, y el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá conformar los comités promotores del “Sí” y del “No” en un plazo de 15 días.
La Registraduría organizaría la jornada electoral dentro del período legal establecido, y cada una de las preguntas deberá obtener más de 13 millones de votos —equivalentes al 33 % del censo electoral— para tener validez jurídica.
Qué originó esta consulta: La iniciativa surge como respuesta al hundimiento en el Congreso de dos reformas clave para el gobierno: la laboral y la de salud. Aunque esta última aún se debate en distintas comisiones legislativas, la reforma laboral fue desestimada definitivamente.
Ante este escenario, Petro decidió acudir al “constituyente primario”, es decir, al pueblo, para impulsar un cambio por vía directa.
“Dejen que la ciudadanía se exprese”, exclamó el mandatario desde la Plaza de Bolívar, al radicar personalmente el documento ante la Secretaría del Senado. Aseguró que no se necesitan firmas ciudadanas porque es una propuesta del Gobierno, pero sí requiere del aval del Congreso.
Opiniones divididas en el Congreso: El escenario en el Senado es, hasta ahora, incierto. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, ha manifestado abiertamente su rechazo a la consulta. Considera que “no logrará los votos necesarios, polarizará aún más al país y significará un gasto millonario innecesario”. Cepeda calcula que el costo podría superar los $600.000 millones.
Desde otras bancadas también se han escuchado voces críticas. El senador Mauricio Gómez, del Partido Liberal, cuestionó la recurrencia del presidente a mecanismos extraordinarios: “Cada vez que se niega una iniciativa, propone una consulta. ¿Cuántas más tendremos que hacer en el año?”.
Por su parte, la senadora Berenice Bedoya, de la ASI, tachó la propuesta de populista y alertó sobre el gasto público en un momento de crisis fiscal. “Esperamos que no pase, y si pasa, haremos campaña por la abstención”, dijo.
Sin embargo, no todas las voces son contrarias. María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, defendió la consulta como “una herramienta democrática para avanzar en derechos largamente postergados”.
¿Y si el Senado no la aprueba?
La gran pregunta ahora es qué hará el presidente si la plenaria del Senado niega la propuesta. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, si la consulta no es aprobada, el Gobierno acatará la decisión. No obstante, esa posibilidad abriría una serie de escenarios políticos imprevisibles.
Petro ya ha advertido que un rechazo podría generar una “huelga general” y una confrontación directa con sectores políticos y económicos. En un discurso reciente desde el Cesar, instó a los empresarios y líderes tradicionales a buscar un “acuerdo nacional”, pero dejó claro que no aceptará que el pueblo “sea arrodillado”.
El presidente tiene un bloque parlamentario sólido con al menos 32 votos fijos en el Senado, pero necesita al menos 21 más para garantizar el aval. Según analistas, una posible negativa del Senado podría empujar al mandatario a redoblar sus llamados a la movilización ciudadana o incluso a insistir en otras vías legales como decretos ley si logra respaldo jurídico para ello.
El costo político: Rechazar la consulta podría convertirse en una derrota simbólica para el presidente, pero también en un arma narrativa para reforzar su discurso frente a la “resistencia del establecimiento” a los cambios sociales.
Desde sectores empresariales y gremiales, como la ANDI, ya se han elevado preocupaciones por las declaraciones de Petro que insinúan represalias políticas contra congresistas que voten en contra.
“El Congreso tiene la obligación de actuar con independencia y sin presiones indebidas”, expresó la ANDI en un comunicado, recordando que todos los poderes públicos deben respetar los límites impuestos por la democracia.
La consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro es una jugada de alto riesgo. Si el Senado la aprueba, se abrirá un nuevo capítulo de movilización política en el país.
Pero si es rechazada, Petro enfrentará el desafío de mantener su agenda reformista viva, sin herramientas extraordinarias y con un Congreso adverso. En cualquier escenario, el pulso entre las instituciones y la ciudadanía promete marcar el rumbo político de Colombia en los meses por venir.
¿Será el Senado un muro de contención o un puente hacia una nueva etapa democrática? La respuesta, como tantas otras veces en la historia reciente del país, dependerá del delicado equilibrio entre gobernabilidad, legitimidad y participación ciudadana.
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