Por: Redacción 360 Radio
Desde el pasado 22 de junio, arrancó la «firmatón», una iniciativa impulsada por la Gobernación de Antioquia, en cabeza de Luis Pérez Gutiérrez, que busca recoger un millón de firmas para defender a Belén de Bajirá como parte del territorio antioqueño.
Una iniciativa válida, en virtud de convocar y mostrar unión, con el fin de sentar un precedente ante el Gobierno Nacional, por lo sucedido con Belén de Bajirá y otros tres corregimientos de Turbo, en el Departamento de Antioquia.
Dicha forma de protesta no tiene lugar a cuestionamientos legales, pero sí se ha empezado a revisar, dialogar y profundizar es la finalidad de estas mismas firmas. ¿Qué es lo que se va a lograr con la recolección de un millón de firmas?, ¿qué vínculo puede tener para poner en aprietos al Gobierno?, y ¿cómo se resolverá la situación entre Antioquia y Chocó por este diferendo limítrofe?
Claramente, los ciudadanos quieren saber para qué su firma ayudará y si realmente esta tendrá alguna utilidad. Algunos juristas destacados fueron consultados por 360 Radio, algunos de manera pública y otros solicitando la reserva de su nombre, concordaron en que quizás los formatos utilizados para la recolección no eran los adecuados, pues no tenían consecutivos, seriales y otros requisitos que exige la ley, además de que se debió incluir más campos para que las personas dieran más datos personales y dar completa validez.
Vale la pena precisar que el artículo 290 de la Constitución señala expresamente que es la ley, es decir el Congreso de la República, que debe definir los límites entre las entidades territoriales. Igualmente, los conflictos que surjan entre varias entidades territoriales sobre sus diferencias limítrofes.
El abogado Maximiliano Aramburo, expresó que «las firmas recogidas por el gobernador, jurídicamente, no son la herramienta eficaz para definir el territorio antioqueño, sin embargo, yo creo que es un instrumento político importante si logra recolectar un número representativo de firmas, pero es imposible saber cuál es ese número. Es una especie de muestra de fuerza en el plano político, porque se determina que se la ha usurpado unas funciones al poder legislativo y el apoyo de firmas a cualquier intención demuestra que es un gobernador con respaldo popular y que la causa de la llamada unidad de Antioquia tiene arraigo y fundamento en la población, pero no será la cantidad de firmas lo que determine cuál será es destino de Bajirá».
Es así que existe la ley 1447 del 2011, la cual señala el procedimiento el trámite que se debe seguir cuando se den ese tipo de conflictos como el que se da hoy entre Chocó y Antioquia por el caso de Belén de Bajirá, y en esa ley se establece claramente que son dos instituciones, como lo son el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, luego las comisiones tanto de Senado como de Cámara para la descentralización y el ordenamiento territorial y la plenaria del Senado quienes definen este tipo de conflictos limítrofes, según explicó el abogado David Suárez.
«Considero que la recolección de firmas que se hace actualmente es más para un efecto mediático, de impacto noticioso que para algún efecto jurídico, es decir, no es a través de firmas, consultas populares o manifestaciones ciudadanas como se definen los límites o como se resuelven los conflictos o diferencias en materia de límites territoriales. También, la recolección de esas firmas es ante todo un acto de carácter político, simbólico y que de alguna manera lo que busca es generar impactos y sensación de que la Gobernación de Antioquia está defendiendo su territorio, pero insisto, esa recolección no trae ninguna consecuencia ni ningún efecto jurídico», apuntó el abogado Suárez.
De esta manera, el asunto de Belén de Bajirá le sirve al gobernador en un momento de espacios blancos en la ejecución de su plan de desarrollo, para demostrar un liderazgo que siempre ha requerido Antioquia y que quizá en la pasada administración departamental no se tuvo, y que dibuja el sentir antioqueño en la defensa de su territorio y la integralidad de los 125 municipios.
Habrá que esperar que decide el Consejo de Estado ante la demanda que impuso el gobernador Luis Pérez, que de verdad, es el único camino legal y expedito por el que se pueden obtener resultados y eso será lo que dicte en definitiva quién tiene la razón.
El gobernador deberá concentrarse ahora en los otros puntos de su plan de desarrollo debido a que hay varios señalamientos de que ha sido muy lento el proceso de estos.
Hay varias tareas pendientes, como la de terminar de conformar su gabinete, que luego de 18 meses no se ha podido terminar, y donde hay unos movimientos que no se entienden y que deberían ser mínimos y fáciles de cumplir para culminar este pendiente.
Los megaproyectos es momento de empezar a verlos rodar, y hay ejecución baja en algunas secretarías que requieren rapidez y eficiencia.