La ACM se pronunció ante estas decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional que perjudicarían al sector minero.
La Asociación Colombiana de Minería (ACM) emitió un comunicado en las últimas horas en el que presentó varios puntos que inquietan al sector minero con relación a las medidas adoptadas por el Gobierno de Gustavo Petro para afrontar la crisis en el departamento de La Guajira.
Cabe señalar que el Gobierno expidió el Decreto No. 1085 de 2023, por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el Departamento de La Guajira, y el Decreto Legislativo No. 1277 de 2023.
Según la ACM, se observa que los criterios constitucionales de excepcionalidad y proporcionalidad no fueron debidamente acreditados en el decreto mencionado y expusieron que: “Son muy amplios en cuanto a su aplicabilidad y conllevan la modificación y desconocimiento de instrumentos ambientales ya otorgados, lo que puede generar arbitrariedades y afectar la seguridad jurídica de las actividades productivas y empresariales, además de proyectos mineros ya existentes o futuros”.
A este postulado agregaron que se incluyen medidas que buscan modificar el ordenamiento territorial privilegiando unas actividades productivas sobre otras, sin ningún criterio técnico.
Otro punto mencionado por el sector minero es que “en un marco de emergencia económica, las acciones realizadas para afrontar dicha emergencia deben estar encaminadas a brindar una solución y no a regular o prohibir las actividades productivas que aportan al bienestar y desarrollo del departamento. Consideremos que esta acción produce inestabilidad, afecta la generación de recursos, empleo y agrava la situación por la que atraviesa el departamento”.
Por último destacaron que reconocen que las razones detrás de la declaración de emergencia son trascendentales, sin embargo, “no son a causa de las actividades productivas, por consiguiente, subrayamos que los decretos con fuerza de ley emitidos en este contexto deben estar justificados y relacionados con la crisis en cuestión y no usarlos para transgredir los proyectos y operaciones existentes en el departamento”.
