La Procuraduría General de la Nación realizó investigaciones al cumplimiento de las responsabilidades de las administraciones y Comités locales en materia de lucha contra la trata de personas y explotación sexual. Hay regiones sin presupuesto, ausencia de “Casas Refugio” y de rutas de protección.
Por: Redacción 360 Radio
Las alarmas contra la trata de personas y la explotación sexual están prendidas en Colombia y el mundo. Por eso la Procuraduría General de la Nación quiso conocer si el las administraciones locales y los entes encargados si están siendo operativos y efectivos en el restablecimiento de derechos de las víctimas.
!Alerta por desprotección total a víctimas de trata de personas 🚨! La @PGN_COL realiza seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones de las administraciones locales en la lucha contra la trata de personas. #EsNoticia 👉 https://t.co/YwOacspnKs pic.twitter.com/qMAZzDy8DS
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) September 3, 2023
Según el Grupo de Lucha Contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior, entre el 2020 y agosto del 2022 se registraron 396 casos de Trata de Personas en el país. Pero la Procuraduría asegura que puede existir un subregistro de información «dada la normalización de esta forma de violencia, así como la falta de credibilidad en las víctimas».
De igual forma el ministerio público explica que Colombia tiene un porcentaje de mujeres víctimas de trata superior a la media mundial: 83 % versus 65 %. Estas mujeres sufren factores de riesgo como las necesidades económicas, la condición migratoria irregular, antecedentes de conflictos familiares.
Los sectores donde más se ha identificado trabajo forzado son el trabajo doméstico, la construcción, la agricultura y la minería.
La procuraduría arrojó en un informe que de los 24 Comités locales de Lucha contra la Trata de Personas consultados, (17 departamentales y 7 de ciudades capital), sólo en seis departamentos y tres ciudades capitales se dio cumplimiento durante el primer semestre de 2022 a las sesiones ordenadas legalmente.
En departamentos como Bolívar, Boyacá, Casanare, Chocó, Córdoba, Huila, Meta, Nariño, Tolima, los comités no contaban para el año pasado, con un diagnóstico sobre la situación de trata de personas en sus territorios. Solo 10 de estos comités cuentan con un presupuesto asignado para el desarrollo de acciones de prevención.
Sólo en 11 departamentos y en 7 capitales se tiene una ruta de protección y asistencia a víctimas de trata de personas, pero no todos la tienen implementada. La procuraduría advierte que «no existe la voluntad política ni los recursos presupuestales. Solamente el departamento de Sucre y la ciudad de Bogotá, cuentan con estos espacios seguros, que les permitan a las víctimas de forma transitoria, contar con una vivienda gratuita mientras se restablecen sus derechos.»
Con respecto a la exploración sexual y comercial, la procuraduría evidenció que la problemática es grave en territorios como Risaralda, Nariño, Amazonas, Bolívar, Cesar y Valle del Cauca y muy grave en lugares como Chocó, Quindío, Norte de Santander y Casanare.
Quindío y César son los únicos departamentos que tienen un diagnóstico de la problemática de explotación sexual y 8 entidades territoriales tienen un presupuesto asignado.
A la procuraduría le llama la atención que lugares como Amazonas y Cartagena no cuentan con un diagnóstico claro y un plan de acción efectivo para la lucha contra la explotación sexual.
Esta problemática, concluye la procuraduría, se presenta en muchos territorios nacionales pero no es un asunto fundamental en la agenda de los gobiernos locales, lo cual deja a la deriva a las víctimas que no encuentran una respuesta institucional reparadora, integral y no revictimizante.
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