El cronómetro ha comenzado su cuenta regresiva final para el tejido empresarial colombiano. El próximo 1 de abril, más de 15.000 compañías deberán cumplir con el pago de la primera cuota, correspondiente al 50%, del polémico Impuesto al Patrimonio. Esta medida, establecida por el Gobierno Nacional bajo el marco de la emergencia económica, llega en un momento de máxima tensión para el sector productivo.
La obligación recae sobre todas aquellas sociedades, incluidas las extranjeras con activos en el país, cuyo patrimonio líquido supere los $10.474 millones al corte del 31 de marzo de este año. Tras este primer desembolso en abril, las empresas tendrán apenas un mes de tregua antes de enfrentar el pago de la segunda cuota, programada para el próximo 4 de mayo.
Panorama general: El diseño del tributo establece una segmentación clara que ha generado malestar en sectores estratégicos. Las compañías de los sectores financiero y minero-energético deberán tributar con una tarifa diferencial del 1,6%, mientras que para el resto de las actividades económicas la tarifa general será del 0,5%.
Aunque la meta oficial de recaudo del Ejecutivo es de $8 billones, las proyecciones de centros de pensamiento como Anif son significativamente más conservadoras. La entidad estima un ingreso cercano a los $6,3 billones, advirtiendo que el 65% de dicho monto provendría de los sectores gravados con la tarifa más alta. Según Anif, las implicaciones de esta presión fiscal no son menores, especialmente cuando la formación bruta de capital fijo en el país ha caído del 24% del PIB en 2015 a solo un 16% proyectado para 2025.
Cuenta regresiva: Empresas colombianas deberán pagar el 50% del Impuesto al Patrimonio el 1 de abril
La crítica más feroz proviene del Consejo Gremial Nacional. Su presidenta, Natalia Gutiérrez, ha sido enfática en señalar que el país se encuentra a las puertas de un «deterioro económico sin precedentes». El principal argumento de los gremios es que este impuesto grava la existencia misma de la empresa y no su capacidad de generar utilidades, lo que genera un impacto triple: asfixia la liquidez inmediata necesaria para la operación diaria, obliga a las firmas a adquirir deuda costosa solo para pagar impuestos y frena en seco cualquier plan de inversión.
«Al no reconocerse la situación financiera actual, algunas compañías terminarán pagando impuestos incluso reportando pérdidas en el año», advirtió Gutiérrez. La dirigente también cuestionó la legalidad de la medida, señalando que el Gobierno podría estar utilizando la excusa de la «crisis climática» para cubrir un faltante fiscal de $16,3 billones, en lugar de optar por políticas de austeridad en un gasto público que hoy supera los niveles prepandemia.
Para la industria de los hidrocarburos, el panorama es particularmente sombrío. Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), denunció que la tarifa del 1,6% es más de tres veces superior a la de otros sectores, lo que liquida los incentivos para la exploración. En términos financieros, el costo de este impuesto para el sector equivale a la mitad de toda la inversión en exploración prevista para el año 2025.
Por qué es importante: Con la suma de este nuevo gravamen al impuesto de renta corporativo del 35% y otras sobretasas, grandes contribuyentes advierten que la carga impositiva total podría alcanzar niveles cercanos al 90% en ciertos casos.
En este escenario, gremios como Fenalco, AmCham y Andesco coinciden en que la viabilidad del tejido empresarial está en riesgo, alertando que las 1.000 empresas más grandes del país podrían asumir solas un costo fiscal de hasta $9,9 billones, en un contexto donde el déficit primario y el faltante fiscal siguen presionando las finanzas del Estado.
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