En menos de setenta y dos horas, tres mujeres que han compartido la vida más cercana del presidente Gustavo Petro —su hija, la mujer de la que se está divorciando y una exfuncionaria de su propio gobierno— hablaron, cada una desde su trinchera, del mismo drama: un poder que no supo separar el corazón del despacho. Ninguna lo dijo exactamente así. Pero las tres, sin ponerse de acuerdo, señalaron la misma herida.
Empecemos por lo que no es negociable. La vida privada de cualquier persona, sea presidente o no, merece una línea roja completa. En 360 radio lo decimos sin matices: nadie tiene derecho a las sábanas ajenas, ni al corazón ajeno. El presidente Petro tenía —tiene— todo el derecho de vivir su vida sentimental como quisiera, de separarse de Verónica Alcocer, de rehacer su vida, de guardar silencio o de hablar. Eso es fuero personal y ahí no entra ningún medio serio.
Pero esa línea roja, que nosotros mismos trazamos con firmeza, la cruzó el propio presidente, no la prensa. Fue él quien decidió hablar públicamente de su capacidad «en la cama» respondiendo a una crítica en redes. Fue él quien, ante creadores de contenido, describió el desamor como un dolor superior al de la tortura que sufrió, para luego aclarar —tarde— que se refería al país y no a una persona. Fue él quien, caminando de la mano con una mujer que no era su esposa durante una gira oficial a Panamá, convirtió un momento íntimo en un hecho de Estado, porque ocurrió en el marco de una función pública, con recursos públicos y comitiva oficial. Y fue esa misma mujer, Vanessa Cortés, quien meses después reapareció en la comitiva oficial ante el papa León XIV en el Vaticano, sin cargo alguno que lo justificara. Cuando la vida privada se pasea en delegaciones oficiales, deja de ser privada. La expuso quien tenía el deber de protegerla.
Y aquí está el punto que 360radio quiere dejar completamente claro: no juzgamos el derecho de un hombre a enamorarse de quien quiera. Juzgamos la incapacidad de separar ese derecho legítimo del ejercicio del poder. Porque cuando esas relaciones personales empiezan a tocar la contratación pública, el manejo de recursos del Estado o el acceso a información privilegiada, el asunto deja de ser del corazón y pasa a ser de la Fiscalía.
Eso es, exactamente, lo que está en el centro del escándalo que hoy salpica al gobierno saliente. Angie Rodríguez, quien dirigió el Fondo Adaptación, denunció que advirtió con meses de anticipación sobre una presunta red de tráfico de influencias en contratos del Estado, presuntamente asociada a Juliana Guerrero, exfuncionaria que —según investigaciones periodísticas— habría ofrecido, junto a su hermana, capacidad de incidencia sobre contratación pública en varios ministerios a cambio de pagos. La respuesta del presidente no fue defender la institucionalidad: fue llamar «manipuladora» a quien denunciaba y cuestionar públicamente su salud mental. Rodríguez respondió con una frase que debería quedar grabada: le pareció «una bajeza». Tiene razón. Cuando el poder no puede rebatir una denuncia con hechos, recurre a la descalificación personal. Eso no es fortaleza. Es debilidad disfrazada de autoridad.
La propia hija del presidente, Andrea Petro, lo dijo con una crudeza que ningún opositor logró: que la crisis de su familia no nació de la separación con Alcocer, sino de las tensiones que trae ejercer el poder, y que a Juliana Guerrero «se le subió el poder a la cabeza». Cuando es la propia sangre del presidente la que reconoce que el poder desfiguró a quienes lo rodearon, la conversación deja de ser un chisme de farándula y se convierte en lo que realmente es: un diagnóstico sobre el ejercicio de la autoridad pública.
La misma Andrea Petro había escrito semanas antes, en una carta que circuló ampliamente, que «lo tienen todo y, aun así, siempre quieren más. No les basta con acumular riqueza; también necesitan acumular privilegios, silencio y sumisión». No hablaba de la oposición. Hablaba de gente de adentro. Cuando es una hija quien describe así el círculo que rodeó a su padre en el poder, la palabra «persecución» —tan usada por el petrismo para desviar cada denuncia— deja de servir como escudo.
Ahí está el principio que defendemos hoy: como es adentro, es afuera. Un gobierno que no logró ordenar su propia casa —con denuncias cruzadas, funcionarias que se acusan mutuamente, familiares que rompen el silencio y una primera dama que tramita su divorcio en medio de señalamientos por corrupción— difícilmente puede exhibir la solidez institucional que un país en crisis de seguridad, economía y confianza necesitaba. No se trata de moralismo barato. Se trata de que gobernar exige, como mínimo, la capacidad de poner límites: a quién se le abre la puerta de un ministerio, a quién se le permite viajar en una comitiva oficial, a quién se le entrega, así sea por cercanía sentimental, una cuota de influencia que no le corresponde por cargo ni por mérito.
Por eso insistimos: las autoridades —Fiscalía, Procuraduría, Contraloría— tienen la obligación de investigar a fondo si personas sin cargo oficial, sin ser pareja formalmente reconocida del presidente, incidieron en decisiones de contratación o en el uso de recursos públicos para desplazamientos y comodidades que no les correspondían. Eso no es curiosidad morbosa. Es control del gasto público y defensa del estado de derecho.
Defendemos la vida privada de las figuras públicas. Pero esa defensa termina exactamente donde empieza a costarle al país. Y en este gobierno, lamentablemente, terminó costando bastante.
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