En la fotografía oficial de Barranquilla hay un detalle que dice más que cualquier comunicado de cancillería. Junto al secretario de Estado Marco Rubio estaba Jeanette Dousdebes Rubio, su esposa, hija de María Elena Giraldo y Luis Ernesto Dousdebes, dos colombianos que emigraron a Miami antes de que ella naciera. El jefe de la diplomacia estadounidense, hijo de exiliados cubanos que huyeron del castrismo, llegó a suelo colombiano acompañado de una mujer que lleva a Colombia en la sangre.
Eso no es una anécdota de sociales; es el recordatorio de que la relación entre estos dos países no se sostiene únicamente en tratados, sino también en generaciones de familias que cruzaron el Caribe buscando lo que su tierra natal les negó, y que hoy, desde las altas esferas de Washington, todavía miran hacia el sur con algo más que frío cálculo geopolítico.
Digámoslo sin rodeos, pues es la tesis que defiende esta casa editorial desde hace años: a Colombia siempre le ha ido mejor cerca de Estados Unidos que lejos de él. No por sumisión, sino por pragmatismo. Ningún otro socio global posee la capacidad militar, financiera y tecnológica para ayudar a resolver simultáneamente los cuatro frentes críticos que hoy tienen a Colombia contra las cuerdas: la seguridad, la crisis energética, la reconstrucción tras el terremoto y la competitividad de nuestras exportaciones.
Los Acuerdos de Barranquilla, suscritos entre el presidente Abelardo de la Espriella y Rubio, van más allá de un gesto simbólico dentro de una gira regional; representan, si el Gobierno los ejecuta con rigor, la hoja de ruta bilateral más sólida estructurada en dos décadas.
Empecemos por una realidad que urge dejar de maquillar: Colombia encabeza la producción mundial de cocaína. Según estimaciones ampliamente verificadas, el país concentra cerca del 70 % de la oferta global, y la cocaína superó al petróleo como el principal motor de exportación, con más de 16.500 millones de dólares frente a los 15.000 millones del crudo.
Frente a este panorama, cualquier discurso que pretenda «desnarcotizar» la agenda bilateral, como si el narcotráfico fuera un capricho imperial y no una tragedia interna, equivale a la negación. La incorporación de Colombia al Escudo de las Américas, la coalición antidrogas con base en Medellín, no vulnera la soberanía; asume con madurez que el flagelo desborda las capacidades locales y exige inteligencia, tecnología de interdicción y recursos financieros de los que carecemos.
Sigamos con la energía, una amenaza latente capaz de detonar una crisis sistémica. Colombia erosionó en apenas cuatro años su colchón energético: el déficit de gas proyectado podría alcanzar el 39 % de la demanda antes de finalizar el año, mientras que una matriz dependiente en un 63 % de embalses hidroeléctricos queda vulnerable ante las variaciones climáticas.
Este desafío no se supera con consignas soberanistas, sino mediante capital fresco, tecnología de exploración y regasificación, y certidumbre para la inversión privada. Estados Unidos, consolidado como el mayor productor mundial de gas, dispone exactamente de los recursos requeridos, y los Acuerdos de Barranquilla habilitan esa vía a cambio de una contraparte razonable: disciplina fiscal y plena seguridad jurídica.
A lo anterior se añade la urgente reconstrucción del Chocó. A pocas semanas del sismo de magnitud 7,4 que cobró 294 vidas, dejó 320 desaparecidos y afectó a más de 115.000 personas, Washington canalizó 26,5 millones de dólares en asistencia humanitaria inmediata. Hoy, el diálogo escala hacia un propósito estructural: movilizar capital estadounidense como palanca fundamental para la edificación de viviendas e infraestructura en una de las zonas históricamente más vulnerables y desatendidas del país. Ninguna otra potencia internacional ha demostrado una capacidad de respuesta y un compromiso financiero de tal envergadura con tanta celeridad.
Tampoco puede soslayarse el comercio exterior, cuyo pulso impacta directamente el bolsillo de millones de familias colombianas. Desde julio pasado, un arancel del 12,5 % castiga una parte significativa de nuestra oferta exportadora. Si bien el café obtuvo exenciones, la floricultura, que destina el 78 % de sus ventas al mercado estadounidense, experimenta el impacto directo de menores retornos a pesar de mantener el volumen de envíos. El secretario Rubio confirmó gestiones orientadas a atenuar o suprimir dicho gravamen; concretar este objetivo debe constituir una prioridad diplomática absoluta, pues detrás de cada caja de flores existe un hogar en la Sabana de Bogotá que depende de la viabilidad de ese mercado.
Ciertos sectores insisten en minimizar a Marco Rubio como un actor político transitorio. Semejante lectura ignora que él se perfila, de acuerdo con el pulso político en Washington, como una de las figuras con mayor proyección para disputar la candidatura presidencial republicana de 2028. Un líder con semejante peso estratégico, vinculado familiarmente a Colombia y decidido a priorizarlo en su gira hemisférica, representa un activo diplomático imperdonable de desperdiciar por cálculos de inercia ideológica.
Colombia tiene sobre la mesa oportunidades tangibles en seguridad, energía, reconstrucción e intercambio comercial; Estados Unidos encuentra, a cambio, un aliado confiable en un entorno regional donde la estabilidad ya no es un hecho garantizado. Los términos del entendimiento son claros. La incógnita que compete despejar al Gobierno nacional no es la conveniencia de acercarse a Washington, una disyuntiva zanjada por la evidencia empírica, sino si el país poseerá, esta vez, la altura política necesaria para cumplir su parte del acuerdo.
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