La financiación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se convirtió nuevamente en motivo de controversia política durante una sesión de la Comisión Legal de Paz realizada el miércoles 14 de octubre, convocada para discutir los recursos, indicadores y metas de las entidades relacionadas con la construcción de paz para 2027.
El debate estuvo marcado por posiciones enfrentadas frente al ajuste presupuestal de $170.000 millones aprobado previamente para la jurisdicción. Mientras senadores del Pacto Histórico cuestionaron la reducción y advirtieron sobre sus implicaciones para la implementación del Acuerdo de La Habana, congresistas del Centro Democrático, el Partido Conservador y Salvación Nacional defendieron la revisión de los recursos y reclamaron mayor efectividad en el gasto público.
Jurisdicción Especial para la Paz: Partidos defienden los recortes y cuestionan los resultados
El senador David Racero sostuvo que las decisiones del Ejecutivo representan un riesgo para los compromisos derivados del acuerdo de paz, al cuestionar tanto el ajuste a la JEP como la solicitud de retirar la Reforma Rural Integral del mandato de la Misión de Verificación de Naciones Unidas.
“Este gobierno se va a graduar como el que va a hacer trizas los acuerdos de La Habana”, afirmó Racero, quien señaló que las medidas afectarían los instrumentos institucionales creados para avanzar en la implementación de lo pactado.
Desde el Partido Conservador, el senador Santiago Barreto respondió con críticas a la política de Paz Total del gobierno anterior y aseguró que el país enfrenta restricciones fiscales relacionadas con el endeudamiento y el déficit. Según el congresista, los resultados de esa estrategia deben evaluarse frente a los recursos destinados durante los últimos cuatro años.
Por su parte, el senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, cuestionó la gestión de la política de seguridad y planteó reparos sobre la independencia institucional de la JEP. También mencionó el caso de alias Calarcá para responsabilizar a la administración anterior por decisiones relacionadas con la seguridad, afirmaciones que expuso durante su intervención en la comisión.
En la discusión también participó Enrique Gómez, director de Salvación Nacional, quien ha promovido el recorte presupuestal. El senador cuestionó los resultados de la jurisdicción y señaló que, después de ocho años de funcionamiento, solo seis de los 34 subcasos derivados de los 11 macrocasos han llegado a una resolución de conclusiones, de acuerdo con las cifras que presentó.
La discusión también incluyó el destino de los recursos que se liberarían con el ajuste. El senador Carlos Meisel defendió la necesidad de priorizar el gasto ante la situación fiscal y cuestionó que otras entidades, como el Instituto Nacional de Vías, también enfrenten reducciones presupuestales.
En esa misma línea, el representante liberal Camilo Gómez informó que presentó una propuesta al Ministerio de Hacienda y al Ministerio del Deporte para ampliar el recorte a la JEP y trasladar recursos al sector deportivo.
El Presupuesto General de la Nación para 2027 deberá superar su segundo debate antes del 20 de octubre. En esa etapa se definirá si se mantienen los ajustes propuestos y qué recursos recibirán las entidades involucradas en la implementación de la paz.
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