El Presupuesto General de la Nación para 2027 presentaría un nuevo error legislativo en el Congreso de la República que obligaría al presidente Abelardo de la Espriella a decretar el proyecto, presentado por el Ministerio de Hacienda. Lo anterior debido a que fuentes parlamentarias de la Secretaría General del Senado apuntaron a las discrepancias en la votación del artículo 65 que impediría avalar el texto antes del plazo constitucional.
¿Qué pasó en la aprobación del Presupuesto?
Dicha discrepancia en las votaciones se debería al aprobarse textos distintos entre la Cámara de representantes y el Senado de la República. Al respecto, la representante por Bogotá del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal declaró: “en la Cámara esos mismos parágrafos se incluyeron y fueron aprobados a pupitrazo“.
En medio de los errores en el trámite de la aprobación del proyecto, el secretario general del Senado, Diego Alejandro González González emitió un comunicado informando sobre el proceso: “dejo expresa constancia de que impartí instrucciones a la Sección de Relatoría para que se remitiera el enlace oficial que contiene la totalidad de las proposiciones aprobadas por la Plenaria del Senado. En dicho enlace no figura proposición alguna aprobada respecto del artículo 65“.
¿Qué impacto tendría decretar el Presupuesto 2027?
En medio del embolado legislativo, el Gobierno nacional tendría que adoptar la primer ponencia aprobada por la Cámara de representantes y el Senado, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 348 constitucional y el artículo 59 de la norma presupuesta.
De esta forma, el presupuesto quedaría en 634,9 billones de pesos, sin embargo genera preocupación entre los congresista que negociaron adiciones fundamentales en sesiones plenarias, las cuales el decreto presidencial no podría considerar.
Al respecto, algunos sectores políticos atribuyeron la falta de conciliación del proyecto a un descuido técnico por parte del equipo jurídico del ministro de Hacienda, Miguel Gómez. Además que las adiciones al presupuesto tuvieron el aval ministerial, sin embargo, no ha logrado concretarse con el Senado, etapa necesaria de acuerdo con la Ley financiera nacional 5 de 1992.