El caso está relacionado con encuentros llevados a cabo en octubre de 2025 en Valledupar, en los que participaron delegados del Ejecutivo y exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Aunque las reuniones se enmarcaron en iniciativas de la política de Paz Total, del gobierno de Gustavo Petro, las versiones dadas a conocer posteriormente a medios de comunicación plantearon dudas sobre sus presuntos objetivos.
Las reuniones del ‘Pacto de Valledupar’
Los encuentros se desarrollaron con el propósito formal de abordar asuntos relacionados con el proceso de Justicia y Paz, además de evaluar los avances de los compromisos adquiridos tras la desmovilización de las AUC. Cabe destacar que entre los asistentes se encontraba Salvatore Mancuso, antiguo jefe paramilitar.
Sin embargo, el encuentro acaparó la atención pública después de que se conocieran declaraciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, y del propio exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso.
De acuerdo con sus versiones, durante las conversaciones se habría solicitado a los excomandantes que se pronunciaran públicamente contra el expresidente Álvaro Uribe, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella, entonces candidato presidencial.
Denuncias: ¿quién pidió que los exparas se pronunciaran?
Salvatore Mancuso sostuvo que los antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia no aceptaron la petición que, según su relato, les habrían hecho los representantes del Gobierno. La negativa habría provocado inconformidad entre los asistentes y deteriorado el desarrollo de las conversaciones, que nada tenían que ver con este tipo de peticiones.
Por su parte, Angie Rodríguez aseguró que la iniciativa respondía a instrucciones de Gustavo Petro y del entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, con la intención de obtener pronunciamientos contra los tres dirigentes políticos de la entonces oposición de gobierno.
Estas afirmaciones abrieron un debate sobre el posible uso de espacios de diálogo con antiguos integrantes de grupos armados para fines políticos. No obstante, las acusaciones deben ser contrastadas por las autoridades y no constituyen, por sí mismas, una declaración judicial de responsabilidad.
Así va la investigación sobre el ‘Pacto de Valledupar’
La Fiscalía General de la Nación remitió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes copias de una denuncia contra Gustavo Petro por su presunta participación en los hechos. Según la información publicada, el ente acusador también adelanta actuaciones relacionadas con el caso.
Además, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez para establecer si conocieron o participaron en el supuesto plan denunciado que hoy pone en la primera plana a los principales actores políticos del país.
Las actuaciones buscan esclarecer qué ocurrió durante las reuniones, cuál fue la intervención de los funcionarios señalados y si existieron presiones para conseguir declaraciones contra dirigentes políticos. Es necesario resaltar, que la apertura de una investigación no significa que las conductas denunciadas estén probadas, ni que se haya determinado una responsabilidad en los supuestos hechos.
Involucrados y cómo responden
Gustavo Petro
A través de su cuenta de X, el expresidente rechazó los señalamientos y sostuvo que no existen pruebas que demuestren que ordenó presionar a los antiguos jefes paramilitares. También advirtió que quienes lo acusan deberán responder ante la justicia.
Angie Rodríguez
La exdirectora del DAPRE, por su parte, respaldó la versión sobre una presunta instrucción para promover declaraciones contra los dirigentes mencionados y atribuyó esa iniciativa a Gustavo Petro y a Armando Benedetti.
Salvatore Mancuso
El exjefe paramilitar afirmó que los participantes rechazaron la solicitud y que el desacuerdo afectó las conversaciones con el entonces gobierno. Su testimonio constituye uno de los elementos centrales de las denuncias.
Abelardo de la Espriella
El presidente de la república cuestionó públicamente a Armando Benedetti mediante un mensaje en X. En su pronunciamiento lo calificó de “criminal” y afirmó que la justicia actuaría frente a los hechos.
Armando Benedetti
El exministro del interior, por su parte respondió que un presidente no debe dirigirse de esa manera a un ciudadano y recordó que corresponde a la justicia colombiana determinar responsabilidades. También anunció acciones legales para defender su buen nombre.
El desarrollo de las investigaciones permitirá establecer si las reuniones se limitaron a los asuntos de Justicia y Paz o si existieron actuaciones irregulares con objetivos políticos. Por ahora, el caso permanece en indagación por versiones enfrentadas entre sí y actuaciones institucionales que tendrán que ser aclaradas.