Los recientes episodios de violencia en Cúcuta y municipios cercanos han puesto nuevamente bajo presión la seguridad en la frontera entre Colombia y Venezuela. En pocos días, la capital de Norte de Santander registró un atentado con explosivos en El Escobal, detonaciones en distintos puntos del área metropolitana y el homicidio de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno y aspirante a la Alcaldía para las elecciones de 2027.
Los hechos han generado preocupación entre los habitantes y dirigentes políticos, mientras las denuncias sobre la presencia de estructuras criminales y grupos armados ilegales vuelven a poner en discusión el control territorial y la capacidad institucional para contener las amenazas.
Ataques y atentados recientes en Cúcuta
El 27 de octubre, un artefacto explosivo detonó en el sector de El Escobal, cerca de las instalaciones de la DIAN y el ICA y a pocos metros del puente internacional Francisco de Paula Santander. De acuerdo con la información suministrada, el ataque dejó al menos seis personas heridas, entre ellas civiles y uniformados, además de daños en viviendas y vehículos de la zona.
Según los reportes sobre el hecho, un hombre que vestía como habitante de calle habría abandonado el paquete explosivo en la parte posterior de las instalaciones. Las circunstancias del ataque y la posible responsabilidad de sus autores requieren esclarecimiento por parte de las autoridades.
La violencia continuó durante la madrugada del 28 de octubre, cuando se reportaron detonaciones en Cúcuta y Villa del Rosario. Entre los puntos afectados estuvieron dos cámaras de fotodetección, ubicadas en la Autopista Internacional y el barrio El Salado, un depósito de madera en Juan Atalaya y un recolector de basura en el sector de Quinta Oriental.
A estos episodios se suma el asesinato de Miguel Castellanos, ocurrido el 26 de octubre en una estación de servicio, donde recibió un disparo en la cabeza. Su muerte generó preocupación por las condiciones de seguridad de quienes participan en la vida pública del departamento.
Líderes sociales y políticos entre los más afectados
La violencia también representa un riesgo para líderes sociales, periodistas y personas vinculadas a la actividad política. Según cifras atribuidas a la Misión de Observación Electoral (MOE), entre enero y septiembre de 2026 se registraron 17 hechos violentos contra líderes sociales y políticos en Norte de Santander, entre ellos asesinatos, atentados, amenazas y secuestros.
El asesinato de Castellanos se suma al del periodista Cristian Herrera, ocurrido el 6 de junio de 2026 en Cúcuta, dos casos que han intensificado las preocupaciones por las garantías para ejercer actividades públicas y periodísticas en la región.
En este escenario, Jairo Eduardo Oviedo, coordinador regional de la Misión de Observación Electoral (MOE), advirtió sobre las consecuencias que estas agresiones pueden tener para la participación política y el funcionamiento de las instituciones. La presencia de actores armados ilegales, junto con las economías ilícitas, constituye uno de los factores que dificultan la seguridad en distintos territorios del departamento.
Las bandas detrás de la inseguridad de Cúcuta
Ignacio Arango, periodista y director del medio digital Cúcuta 75, aseguró que en la ciudad operan más de 20 bandas delincuenciales y alertó sobre los riesgos que estas estructuras representan para los medios de comunicación y los actores políticos.
El periodista también señaló que las disputas por rentas ilegales alimentan los enfrentamientos en diferentes sectores. Entre las zonas que generan preocupación mencionó El Escobal, donde existen pasos irregulares hacia Venezuela y, según su testimonio, se registran actividades del ELN relacionadas con el control del contrabando.
Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) de 2025 señala que hay decenas de organizaciones con presencia e incidencia en mercados criminales y dinámicas de control social y territorial en Cúcuta.
“En Norte de Santander, la frontera entre Colombia y Venezuela fue una de las más activas entre ambos países hasta que se presentó el cierre de los pasos fronterizos en agosto de 2015. Entre tanto, el territorio se transformó en un escenario de disputa permanente donde estructuras criminales y grupos armados ilegales buscan consolidar corredores estratégicos para el control de economías ilícitas, la movilidad armada y el dominio social sobre las comunidades fronterizas. Bandas transnacionales como el Tren de Aragua y AK-47, junto al Ejército de Liberación Nacional (ELN), y las disidencias de las extintas FARC que comienzan a expandir su presencia, configuran hoy un mapa de poder criminal que desafía la institucionalidad y convierte la frontera en un fortín de guerra marcado por la violencia, las amenazas y el control territorial”, dice el reporte.
Sobre Cúcuta, Pares señala que a finales de los 80 hicieron presencia en la ciudad el Bloque Catatumbo y Bloque Fronteras de la AUC, consolidando “un modelo de control armado y social en Cúcuta y su área metropolitana, especialmente en municipios fronterizos como Villa del Rosario, Puerto Santander y El Zulia”.
Luego del proceso de desmovilización paramilitar, dice Pares, vinieron estructuras como Los Rastrojos, Las Águilas Negras y el Clan del Golfo. Estos grupos se disputan el control del microtráfico, el tránsito ilegal hacia Venezuela y practican la extorsión.
La sucesión de atentados y homicidios mantiene la atención sobre Norte de Santander. Esclarecer los hechos, identificar a los responsables y establecer medidas para proteger a la población serán determinantes para responder a la crisis de seguridad.
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