Polémica por la Ley de Rescate Fiscal: duras críticas en el Congreso por IVA y renta

La Ley de Rescate Fiscal genera choque político en Colombia por el aumento de impuestos a la clase media y el IVA del 19% a alimentos clave.

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La radicación de la llamada Ley de Rescate Fiscal, que ya ha sido llamada por varios sectores y miembros de partidos como una nueva reforma tributaria, ha desencadenado un intenso debate político e incertidumbre en el sector económico colombiano.

Mientras que desde sectores técnicos e institucionales se argumenta que el proyecto busca aliviar el déficit público mediante un ajuste de 40 billones de pesos, legisladores, analistas y voceros políticos advierten que el mayor peso del recaudo recaerá de manera directa sobre la clase media y los sectores de menores ingresos.

El debate gira en torno a la fórmula elegida para lograr la sostenibilidad financiera. De acuerdo con proyecciones citadas dentro de la discusión legislativa, para el año 2030 cerca del 64% de la consolidación fiscal provendría de mayores impuestos y cotizaciones, mientras que solo un 35% correspondería a recortes en el gasto público. Cifras que han reavivado el debate sobre la necesidad de reducir el tamaño del Estado en lugar de incrementar la carga impositiva sobre las familias trabajadoras.

Luces y sombras de la Ley de Rescate Fiscal por nuevos impuestos a la clase media

Plenario del Congreso de la República de Colombia durante el debate de la Ley de Rescate Fiscal
Plenario del Congreso de la República de Colombia durante el debate de la Ley de Rescate Fiscal

El proyecto contempla incentivos y medidas de austeridad directas, entre las que destacan la reducción progresiva del impuesto de renta corporativo del 35% al 31%, incentivos a la inversión privada, la disminución del 20 % en el gasto de nómina pública, un recorte del 50 % en la contratación de prestación de servicios, y la eliminación de rubros en publicidad oficial, eventos y gastos no esenciales.

No obstante, las disposiciones tributarias que afectan a las personas naturales y al consumo masivo han generado un rechazo transversal en el Capitolio Nacional.

Entre los puntos de mayor fricción se destacan:

  • Ampliación del impuesto de renta y retención: Se reduce el umbral de rentas laborales exentas (de 41 a 32 millones de pesos anuales) y se disminuye el tope general para la renta líquida gravable (de 70 a 61 millones de pesos). Además, la retención en la fuente comenzaría a aplicarse desde ingresos de 3,4 millones de pesos mensuales, obligando a tributar con una tarifa del 9 % a personas con ingresos entre los 3 y los 4,7 millones de pesos, un segmento que actualmente no tenía dicha obligación.

  • Aumento en cotizaciones sociales: Incremento progresivo en el aporte a la seguridad social que asumen los empleados formales, pasando del 4 % al 8 %.

  • Eliminación de deducciones: Supresión de los beneficios tributarios por dependientes en la declaración de renta de las personas naturales.

  • Iva del 19 % a productos de primera necesidad y tecnología: La propuesta elimina exenciones e impone la tarifa plena del IVA a alimentos básicos de la canasta familiar, como café, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, sal, azúcar, queso, aceite, pastas y chocolate, así como a la medicina prepagada. La medida también alcanzará a herramientas clave para la educación y la movilidad, tales como computadores, tabletas, telefonía celular de bajo valor y bicicletas eléctricas.

  • Gravamen a licores: El IVA para bebidas alcohólicas subiría del 5 % al 19 %, una modificación que según analistas afectará los recaudos por rentas departamentales destinados a la salud y la educación territorial.

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Tensión en el Capitolio: la Ley de Rescate Fiscal enciende el debate por nuevos impuestos a la clase media

Las reacciones de las distintas bancadas y líderes políticos no se han hecho esperar, anticipando una compleja discusión parlamentaria.

Desde una perspectiva técnica, el exministro Mauricio Cárdenas celebró la iniciativa al calificarla como un paso indispensable para la estabilidad de las finanzas públicas. Según Cárdenas, la combinación entre recortes de gasto e incremento del recaudo resulta necesaria para recuperar la ruta de la sostenibilidad fiscal del país.

En contraste, sectores del Congreso manifestaron su firme oposición a la iniciativa. La congresista María Clara Posada advirtió que las medidas comprometen la autonomía económica de las familias trabajadoras y cuestionó la falta de una reducción más agresiva en el funcionamiento del Estado, que a su juicio debería alcanzar el 3 % del PIB. La legisladora señaló como un contrasentido imponer IVA del 19 % a herramientas educativas como computadores y tabletas en un contexto de rezago académico, ratificando que no respaldará aumentos impositivos para la clase media.

¿Qué dijo Petro sobre la Ley de Rescate?

En el plano gubernamental y de oposición, las posturas son irreconciliables. El expresidente Gustavo Petro arremetió severamente contra el incremento de las cotizaciones laborales a la salud planteadas en la discusión, asegurando que subir estos aportes desde la nómina implica que el trabajador termine asumiendo el 100 % de la transferencia. Petro sostuvo que las propuestas impulsadas desde sectores de oposición buscan que el déficit generado por propietarios privados de las EPS lo pague el pueblo trabajador mediante la reducción de sus salarios, marcando una distancia tajante entre el modelo de su Administración y las iniciativas tributarias que gravan a los asalariados.

Por su parte, el exministro Juan Fernando Cristo calificó la propuesta como “un golpe mortal al bolsillo de los pobres y de los trabajadores formales” que perciben entre 2,5 y 3,5 salarios mínimos. Cristo enfatizó el carácter regresivo del proyecto, argumentando que contraviene los compromisos de no crear nuevos tributos y golpea directamente los principios de descentralización y autonomía territorial.

A las críticas se sumaron voces como las del senador Ariel Ávila, quien enfatizó el impacto negativo que sufrirán los consumidores en la canasta básica familiar.

Por su parte, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, anunció que el Senado brindará un debate con amplias garantías procesales, aunque advirtió que la ciudadanía “no soporta más impuestos”. Henríquez reiteró su compromiso de frenar nuevas cargas para los contribuyentes e insistió en la urgencia de estructurar un Estado más eficiente.

Con la apertura del calendario legislativo para este proyecto, se prevén intensas jornadas de discusión en las comisiones económicas, donde la búsqueda de consensos entre la urgencia del recaudo fiscal y la capacidad de pago de los hogares será el centro de la agenda nacional.


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