Antes de calcular cuánto más puede cobrarles a las empresas, Colombia debería preguntarse qué necesita para que existan más, sobrevivan y crezcan. Detrás de cada negocio hay ahorros comprometidos, deudas, trabajadores y alguien que acepta un riesgo sin tener asegurado el resultado. Esa realidad merece un lugar central en la discusión de la reforma tributaria.
En 360 creemos que unas finanzas públicas sostenibles necesitan una economía capaz de financiarlas. El recaudo depende de empresas que produzcan, personas que encuentren empleo formal y hogares que puedan consumir, ahorrar e invertir. Resolver cada dificultad presupuestal aumentando las obligaciones de quienes cumplen puede terminar debilitando esa capacidad.
La discusión debe abarcar todos los costos de operar. Una reducción de renta pierde fuerza si viene acompañada de mayores aportes sobre la nómina, nuevos cobros o exigencias administrativas difíciles de asumir. Para una pequeña empresa, esos recursos también son los que necesita para comprar equipos, pagar proveedores o contratar.
Por eso insistimos en revisar el impuesto de industria y comercio. Gravar ingresos, incluso cuando hay pérdidas, puede exigirles recursos a negocios que atraviesan dificultades. Su transformación debe concertarse con los municipios y preservar la financiación de sus servicios. La dificultad de reemplazarlo obliga a trabajar desde ahora en una solución.
También necesitamos un calendario financiado para eliminar el 4×1.000 y revisar las cargas que encarecen el empleo formal. Los alivios deben tener respaldo fiscal y permitir que más actividad económica crezca dentro de la legalidad. Ninguna rebaja debería defenderse con la promesa automática de que se pagará sola.
Colombia tiene que aprovechar sus recursos naturales: desde los minerales hasta el petróleo y el gas. Además, necesitamos impulsar con rapidez y eficacia los proyectos viables. Eso exige resolver trámites, coordinar autoridades y ofrecer seguridad a las inversiones, con cumplimiento ambiental, consultas cuando correspondan y control efectivo. La urgencia debe traducirse en decisiones oportunas y técnicamente sustentadas.
Los recursos bajo tierra no se convierten por sí solos en bienestar: se necesitan exploración, capital, conocimiento e infraestructura para transformarlos en producción, exportaciones, impuestos y regalías. Cada proyecto debe evaluarse por sus condiciones. Descartar de antemano sectores enteros limita las posibilidades de desarrollo del país.
Ecopetrol merece atención prioritaria. Recuperar y fortalecer su valor debe ser un objetivo de gestión sustentado en gobierno corporativo, disciplina financiera, capacidad técnica y proyectos rentables. Su importancia para Colombia exige protegerla de decisiones partidistas y evaluar sus inversiones con criterios empresariales. Una compañía genera confianza cuando demuestra que sabe administrar sus recursos y producir resultados.
Esa disciplina debe extenderse al patrimonio público. El Estado tiene obligaciones distintas a las de una empresa, pero también necesita conocer el valor de sus activos, cuánto cuesta conservarlos y qué beneficio producen. Mantener participaciones por costumbre puede inmovilizar recursos necesarios para otros fines.
Una familia que enfrenta dificultades contempla vender el carro o un inmueble. El Estado también debe evaluar ventas por necesidad o estrategia, considerando sus responsabilidades públicas. Las participaciones sin justificación suficiente deberían ofrecerse mediante valoraciones independientes y procesos competitivos. Hay que evitar ventas apresuradas a precios inconvenientes y recordar que esos ingresos extraordinarios no sostienen indefinidamente gastos permanentes.
Ordenar las finanzas exige revisar el tamaño y las funciones de la administración. Deben identificarse entidades que puedan fusionarse, tareas duplicadas y gastos sin resultados verificables. Cada ahorro necesita responsables, fechas y seguimiento. Pedir un esfuerzo adicional al contribuyente mientras se aplazan esas decisiones debilita la credibilidad de cualquier reforma.
También debemos discutir la protección comercial. Colombia necesita empresas nacionales fuertes, capaces de competir y exportar. Los aranceles requieren justificación, evaluación y plazos. Cuando se vuelven permanentes, pueden reducir la presión por mejorar y encarecer los productos finales y los insumos de otras empresas. Ese costo también lo pagan los hogares.
La competitividad tampoco puede construirse alrededor de una moneda débil, pues si bien una depreciación puede favorecer determinados ingresos exportadores, encarece maquinaria, tecnología e insumos importados. Su resultado depende de cada actividad. Confiar en el dólar como sustituto de la productividad aplaza las tareas que permiten competir de manera sostenida.
Los apoyos sectoriales deben medirse por resultados: productividad, innovación, empleos sostenibles y capacidad de llegar a nuevos mercados. El país merece conocer el beneficio que recibe y el costo que asumen los consumidores. Ningún apoyo debería renovarse indefinidamente sin demostrar su utilidad.
Esa exigencia necesita una contraparte del Estado. Una empresa difícilmente compite si sus mercancías se demoran, el transporte resulta costoso o la conexión con los mercados es insuficiente. Colombia necesita ampliar y mejorar carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. La infraestructura debe conectar las regiones productoras con los centros de consumo y los mercados internacionales.
La seguridad física y jurídica forma parte de esa cuenta. La extorsión, el robo de carga, los bloqueos y la incertidumbre sobre las reglas pueden volver inviable una inversión. Quien compromete su patrimonio necesita trabajar, movilizarse y confiar en los contratos. Colombia compite por capital con otros países que también buscan atraer proyectos y talento.
Hacer empresa no debería sentirse como una prueba de resistencia contra las instituciones. Necesitamos un país que invite a quedarse y a construir, donde abrir un negocio permita imaginar su crecimiento. Eso exige facilitar nuevas iniciativas y permitir que las existentes inviertan y contraten formalmente.
Finalmente, Colombia tiene que dejar de sospechar del progreso de su clase media. Tener un teléfono moderno, terminar de pagar un carro, comprar vivienda con crédito o acceder ocasionalmente a productos importados no convierte a una persona en multimillonaria. Mirar sus compras tampoco permite conocer su patrimonio, sus deudas y sus obligaciones familiares.
Medir la riqueza con referencias propias de economías atrapadas en la pobreza termina normalizando aspiraciones demasiado pequeñas. Colombia debería compararse con sociedades donde vivir con comodidad, ahorrar y formar un patrimonio sea una posibilidad extendida. El objetivo debe ser que muchas más personas alcancen ese nivel y puedan seguir avanzando.
Ampliar la contribución de las personas naturales requiere reconocer su capacidad económica. Una clase media fuerte puede aportar al funcionamiento del Estado y, al mismo tiempo, necesita espacio para consolidarse. Castigar cada avance termina frustrando las aspiraciones que deberían impulsar el desarrollo.
La reforma tributaria debe evaluarse también por ese horizonte. El Estado necesita administrar sus finanzas con responsabilidad durante décadas y permitir que crezca la economía que lo sostiene. Dejar producir, ordenar el gasto y facilitar el progreso de los ciudadanos deben convertirse en compromisos que sobrevivan a los gobiernos.