Un mes después de asumir la Presidencia de Colombia, Abelardo De la Espriella enfrenta una administración que comenzó bajo presión en varios frentes. Las primeras semanas estuvieron marcadas por decisiones fiscales, una ofensiva de seguridad, emergencias ambientales y una de las mayores operaciones de reconstrucción que tendrá que asumir el país durante los próximos años.
Uno de los primeros asuntos que puso a prueba al nuevo Gobierno fue el manejo de las cuentas públicas. La administración presentó el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones, una cifra que terminó siendo superior a la propuesta que había dejado el anterior Gobierno.
La explicación oficial apunta a obligaciones que, según la nueva administración, no estaban contempladas completamente en las cuentas entregadas durante el proceso de transición. Entre ellas se encuentran $9,6 billones correspondientes al Fepc, $8 billones para pensiones, $5,8 billones en subsidios eléctricos, $4 billones destinados al sector salud y $3,6 billones asociados con contribuciones fiscales de la nómina.
La presentación del proyecto tuvo además repercusiones en los mercados. El riesgo país, medido a través de los CDS a cinco años, alcanzó los 146,17 puntos. El indicador posteriormente mostró una corrección y regresó hacia los niveles registrados durante agosto.
Ofensiva contra las estructuras criminales por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella
El otro eje que ha ocupado buena parte de la agenda presidencial es la seguridad. Durante este primer mes, el Gobierno reportó cerca de 800 capturas y más de 40 integrantes de organizaciones criminales abatidos, además de operaciones dirigidas contra estructuras armadas en diferentes regiones.
Entre los resultados destacados aparece la muerte de alias Nain, identificado por las autoridades como máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra. A esto se sumaron acciones contra la estructura Carolina Ramírez de las disidencias de alias Iván Mordisco, particularmente en Guaviare.
Estos resultados hacen parte de una política de seguridad que busca fortalecer las operaciones de la Fuerza Pública y recuperar el control sobre territorios con presencia de organizaciones armadas y criminales.
Sin embargo, el principal reto que irrumpió durante el primer mes de Gobierno llegó desde la gestión de desastres. El terremoto del 10 de agosto dejó una emergencia de grandes proporciones y obligó a concentrar esfuerzos institucionales en la atención de las comunidades afectadas.
Los balances más recientes contabilizan 466.606 personas afectadas y 293.743 familias damnificadas. También se reportan 201.010 viviendas averiadas y otras 36.336 completamente destruidas. A esto se suman 5.889 edificios con daños y 709 estructuras que colapsaron.
La tragedia dejó, además, 4.519 personas heridas, 331 fallecidos y 122 desaparecidos. El impacto alcanzó a 498 municipios distribuidos en 16 departamentos.
El desafío ahora trasciende la atención inmediata. Las estimaciones más recientes del Departamento Nacional de Planeación calculan que reconstruir las zonas afectadas podría tomar entre cinco y seis años y requerir cerca de $40 billones.
En medio de esta emergencia, el Gobierno consiguió más de $2 billones en donaciones provenientes del sector productivo, organismos multilaterales y países que se sumaron a las ayudas.
A este panorama se agregaron los incendios forestales, especialmente en Tolima, donde más de 50.000 hectáreas resultaron afectadas. De esta manera, los primeros 30 días de la administración quedaron definidos por una combinación de seguridad, presión fiscal y emergencias que marcarán buena parte de su agenda en los próximos meses.