En un par de semanas será dictado el sentido del fallo del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Será condenatorio o será absolutorio? Responder esta pregunta en Derecho es imposible, porque esto no se trató de un juicio normal sino de un típico caso de politización de la justicia para perseguir a un opositor (lawfare) y porque aunque la señora juez del caso quisiera hacer a un lado su sesgo ideológico de izquierda para fallar objetivamente, pende una espada de Damocles sobre su cabeza; su nombre va a estar en boca de toda la jauría antiuribista y hasta su vida podría correr peligro.
Sin embargo, somos tantos los que seguimos el juicio en directo, que sería vergonzoso condenar al Gran Colombiano por crímenes que ni cometió ni poseen importancia intrínseca; no se trata de casos de corrupción ni de crímenes de Estado, y provoca una gran pena que se haya sometido a la administración de justicia a semejante desgaste de recursos y de imagen.
Porque recordemos que dos fiscales recomendaron precluir el caso por falta de material probatorio, como lo pudimos comprobar en estos meses de seguimiento al proceso, y fueron ignorados. Pero, además, porque el caso es espurio desde su inicio, cuando magistrados de izquierda de la Corte Suprema de Justicia, en ese tiempo convertida en el Cartel de la Toga, que vendía sus fallos judiciales por sumas millonarias, negaron la denuncia contra Iván Cepeda de estar comprando testimonios que incriminaran a Uribe y voltearon absurdamente la acusación, cuando lo usual habría sido, simplemente, archivar el caso. No lo hicieron porque vieron la oportunidad de escarmentar al líder de la derecha con un largo y desgastante proceso de muchos años.
No obstante el fallo que se promulgue, el juicio ha sido claro en favor de Álvaro Uribe. Las pruebas son reiterativas en el sentido de que Uribe nunca pidió mentir a su favor a cambio de alguna dádiva, sino que siempre pidió que se dijera la verdad. Así está consignado en interceptaciones y así lo refirieron diversos testigos.
En cambio, muchos declarantes acusaron a Iván Cepeda de ir en romería por las cárceles a ofrecer beneficios a los presos que delataran a Uribe de pertenecer a grupos paramilitares, lo que constituyó la denuncia de Uribe con la que empezó el proceso en el año 2012. Es más, ello no es ningún secreto porque, desde esa época, la prensa informó sobre las correrías de Cepeda y Piedad Córdoba buscando testimonios contra el expresidente entre los presidiarios. En cuanto al ofrecimiento de dádivas, hay toda clase de pruebas acerca de los beneficios que Cepeda le entregó a Juan Guillermo Monsalve, el testigo ‘estrella’, para que enlodara a Uribe con versiones fantasiosas de las que fue desmentido, incluso, por su padre, su hermano y su hermana.
Monsalve nunca fue paramilitar, está condenado a 40 años por secuestro. De hecho, la Justicia Especial para la Paz negó su admisión en los casos que estudia sobre los crímenes de las autodefensas. Por eso, su acusación contra Uribe carece de valor probatorio, pero ese es otro juicio; en este, lo que está en discusión es si Álvaro Uribe Vélez cometió los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Y sobre eso no hay la menor prueba porque no existe, a pesar de lo cual la Fiscalía se mantiene en su posición de pedir un veredicto condenatorio con base en unas inferencias muy pobres, forzadas y artificiosas que carecen de lógica y hacen sentir tristeza por el manoseo impúdico que se hace de la majestad de la justicia.
El papel de la fiscal Marlenne Orjuela, cercana al hoy ministro de Justicia Eduardo Montealegre, quien se declaró víctima en este caso, debería revisarse con cuidado. Su cercanía manifiesta con las supuestas víctimas, como Cepeda y su abogado Del Río, ponen en duda su imparcialidad. Bochornoso que esta señora exhibiera un video pornográfico que supuestamente estaba en el disco duro de un computador incautado y que solo mereció risas de su parte. También se burló de un mensaje de Uribe sobre la muerte del Papa Francisco, en abierta francachela con Cepeda y su abogado. En alguna ocasión se le vio botándole un papelito dicen que al delegado de la Procuraduría y en otro momento el micrófono abierto dejó escuchar sus palabras aviesas.
Pero, tal vez lo más irregular sea que este desgastante proceso se desvió a juzgar cosas que no hacían parte de los cargos contra el expresidente y que hacen prever lo que vendrá a futuro, porque a Uribe, por lo que representa, no lo dejarán en paz tan fácilmente. Si la juez se remite a las pruebas y emite un fallo absolutorio, como debe ser, más tarde llegarán las acusaciones sobre paramilitarismo que es, en realidad, el cargo por el que se le quiere juzgar y con el que se le pretende llevar a la cárcel con una condena que sea verdaderamente vejatoria, en venganza de quien ha sido el mayor escollo del comunismo en todo el continente. Aunque a Cepeda le preguntaron en este juicio si tenía alguna constancia de las supuestas relaciones de Uribe con el paramilitarismo y dijo que no.
Por ahora, esperemos que la juez Sandra Heredia reconozca que el proceso no da para fallos arbitrarios y proceda en Derecho: Álvaro Uribe es inocente.
Por: Saúl Hernández Bolívar – @SaulHernandezB
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