Con lo acontecido recientemente en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe, es evidente que el tema implica enormes riesgos y tensiones. Sin embargo, queremos ser enfáticos en algo: no se trata aquí de afirmar si Uribe es inocente o culpable. Lo que buscamos es construir una reflexión editorial, basada en una revisión exhaustiva de los hechos, los comentarios y los argumentos, para afirmar con claridad que, en este caso, como en todos, se debe garantizar un juicio bajo los principios fundamentales de justicia, verdad y, sobre todo, respeto al derecho.
Ni pasiones, ni motivaciones políticas, ni presiones externas pueden estar por encima de esos principios.
Es indudable que, dada la relevancia política y simbólica del expresidente Uribe, su proceso judicial ha concentrado, como era de esperarse, una fuerte carga mediática, política y judicial. Y, más aún, cuando está a punto de tomarse una decisión por parte de la jueza, Sandra Heredia, estas presiones se intensifican. No podemos permitir que esto distorsione los principios del debido proceso.
Desde nuestra posición como medio de comunicación, que ha seguido cada una de las audiencias del proceso, debemos decirlo con claridad: las pruebas presentadas por las partes acusadoras no respaldan, en nuestra opinión, las acusaciones ni las pretensiones que buscan una condena para el expresidente. No hemos encontrado, en lo expuesto hasta el momento, elementos que puedan considerarse reveladores, contundentes o que configuren un acervo probatorio sólido. Al contrario, lo que quedó demostrado, a partir de los testimonios y pruebas practicadas, es que no existe evidencia de que Álvaro Uribe haya dado instrucciones, direccionado, solicitado, ordenado, sobornado o presionado a testigos.
Es importante subrayar: lo que decimos no es una afirmación sobre su inocencia, sino un llamado a que la justicia actúe con rigor, con independencia y, sobre todo, con apego al derecho. La jueza deberá valorar lo que considere pertinente, deliberar con total autonomía, y emitir su fallo. Cualquiera que sea la decisión, deberá ser respetada y acatada. Si alguna de las partes no queda conforme, tendrá, como es natural en un Estado de derecho, el camino de la apelación.
Nuestro interés, como medio, es dejar claro que cualquier ciudadano, sea o no expresidente, tiene derecho a un juicio justo, imparcial y libre de interferencias que busquen torcer la justicia con fines políticos o personales. Rechazamos cualquier intento de contaminar este proceso o de instrumentalizar la justicia para saldar cuentas ideológicas.
Y por eso lo decimos con claridad: en lo que respecta a las pruebas, hoy no existe, en nuestro criterio, un peso, una contundencia ni una evidencia que sustente una condena.
Por último, no se puede desconocer que al presidente Uribe se le ha intentado deslegitimar por múltiples vías: física, judicial, política. Ha habido un esfuerzo sistemático por anular su figura, y eso dice mucho, y no bien, sobre el estado de nuestra democracia. Uribe fue presidente en una de las décadas más difíciles de Colombia, y lo mínimo que merece es un trato justo, digno y conforme a sus derechos fundamentales.
En línea con esta visión, el abogado Luis Felipe Henao sostiene que no existe prueba jurídica válida para una condena. La acusación se basa en supuestos sin sustento, testigos contradictorios y hechos descontextualizados. La figura del “determinador” no se sostiene: no hay evidencia de que Uribe haya instigado ningún delito.
Henao también advierte sobre una preocupante doble moral: se persigue a unos por reunirse con testigos, mientras se justifica esa misma práctica en otros, dependiendo de su orientación política. Eso erosiona el principio de igualdad ante la ley.
Si hay justicia, el fallo debe basarse en pruebas, no en presiones. Condenar sin evidencias sería castigar un nombre, no un delito. Y cuando eso ocurre, lo que está en juego no es un proceso, sino la salud institucional del país.
